Piden rinoscopia para los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial en la provincia de San Luis.

A raíz de una investigación judicial que realizan sobre el medio digital La Línea (www.lalinea.org) y su responsable, que diera origen a una denuncia penal por incumplimiento del artículo 211 del Código Penal que habla de generar Pánico Social (PEX 267212/20), en la provincia de San Luis, la sociedad sanluiseña comienza a dudar sobre la integridad física y mental que deberían tener cada funcionario del estado representados en sus tres poderes.

Al medio digital mencionado, con fecha del 10 de febrero, por medio de la Fiscal Verónica Alonso, le ha solicitado a la jueza Ucelay que le autorice allanamiento al domicilio del responsable del medio web www.lalinea.org a los efectos de secuestrar todos los elementos informáticos (herramienta de trabajo) para su respectiva investigación referente a una noticia que se publicó el día 26 de marzo del año 2020, con motivo de conocer el origen de la misma, en la cual, se presume que, con la mencionada nota se habría incurrido en el artículo 211 del código penal (pánico social).

Paso un año de la mencionada nota que denuncia la fiscal Alonso, y la pregunta es, ¿Existe o existió algún antecedente de pánico social en la provincia de San Luis?, la respuesta es contundente, no existió absolutamente nada de lo que denuncia la funcionaria judicial, así mismo, a un año del hecho, persiste en continuar con la investigación, hostigando, persiguiendo, amedrentando, hasta buscando desprestigiar y meter preso al responsable del medio digital La Línea (periodista) tras la investigación de una nota periodística, en la cual, tiene aplicada, correctamente el potencial y, en todos sus términos http://lalinea.org/index.php/nosotros/920-pandemia-en-san-luis-habria-mas-de-180-muertos-de-minima-y-mas-de-400-fallecidos-de-maxima (ver nota en cuestión). No existe acuerdo o pacto internacional alguno que hable sobre libertad de prensa, difusión y expresión que avale las actitudes y acciones de la fiscal Verónica Alonso.

En la provincia de San Luis existen muchos casos como el mencionado donde el absurdo es una constante y, precisamente, estas situaciones se presentan en los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) dejan, de esta manera, al ciudadano común indefenso ante la impunidad que ejercen quienes nos representan.

Al respecto, existe una figura constitucional denominada INICIATIVA POPULAR (Artículo 97 de la constitución provincial y Capítulo IX que habla de los derechos populares – iniciativa en su artículo 107/108/109 de la carta orgánica municipal), en la cual, el soberano puede, a través de la junta de firmas correspondientes al padrón electoral vigente, tiene la oportunidad de gestionar situaciones para que el sistema democrático apruebe y ejerzan las modificaciones correspondientes de acuerdo a la demanda de los ciudadanos firmantes (porcentaje que determinan las cartas magnas provincial y municipal).

Una reciente encuesta, realizada por una importante y conocida consultora de la provincia de San Luis, cuenta con recientes sondeos respecto a la imagen de los funcionarios de los tres poderes del estado en la provincia de San Luis (ejecutivo, legislativo y judicial), más del 80% de los encuestados consideran que, gran parte de los funcionarios de los tres poderes se drogan, serían enfermos drogadictos, es decir, no estarían en condiciones de asumir responsabilidades a la hora de tomar decisiones en aras del bienestar general de la ciudadanía.

En este sentido, de acuerdo a los resultados de la encuesta y del pensamiento generalizado de la población de la provincia de San Luis, nace la necesidad de promover una INICIATIVA POPULAR para erradicar la droga de los tres poderes del estado, NO ESTAMOS DE ACUERDO QUE EXISTAN FUNCIONARIOS QUE CONSUMAN DROGA porque no nos garantizan confianza a la hora de tomar decisiones correctas en favor de los ciudadanos comunes de la provincia de San Luis.

Cada ciudadano es libre de consumir lo que quiera, pero, en la faz privada, no es correcto que un funcionario público se drogue, hace unos días, un funcionario de primera línea del PODER JUDICIAL, fue detenido en la vía pública, en su vehículo, y se le encontró una importante cantidad de droga, lo cierto es que este funcionario judicial, fue suspendido de su cargo por orden del Superior Tribunal de Justicia pero, a los pocos días, publicó en su Facebook que se encontraba vacacionando fuera del país, se hace saber que, la Justicia Federal, a través del juez Rachid, habría exonerado de los cargos al funcionario judicial por cuanto entiende que, la cantidad de droga encontrada alcanzaba para el consumo propio, es decir, este funcionario judicial reconoció que se drogaba, ergo, en la justicia existen funcionarios que se drogan y eso no está bien, un drogadicto es una persona enferma, por tal motivo, no debe ejercer funciones públicas que determinen decisiones en nombre de los ciudadanos comunes, por otro lado, ante la decisión del Juez Federal, ¿Cómo deja parada la decisión de suspensión de funciones del funcionario judicial por parte del Superior Tribunal de Justicia?.

Es necesario que la ciudadanía tenga las garantías suficientes para que los representantes del pueblo de San Luis, en sus tres Poderes: EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, no se droguen, de la misma manera que la AFA aplica el anti doping, fábricas importantes del país también utilizan este sistema de prevención por medio de la rinoscopia y dosaje de orina, debemos aspirar que los funcionarios del estado corran la misma suerte para garantizarnos la transparencia, confianza y seriedad necesaria que hoy, están en dudas por parte de un alto porcentaje de la ciudadanía de la provincia de San Luis.

Continuaremos...

 

 

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