Crece la iniciativa de obligar a los representantes de los tres poderes del estado para que no se droguen.

Gustavo Thompson y Daniel Rodriguez lanzaron, públicamente, la necesidad de que los representantes de los tres poderes del Estado tanto, Ejecutivo, Legislativo como Judicial se sometan, en forma obligatoria, a estudios periódicos de rinoscopia y dosaje de orina de manera garantizar a los ciudadanos comunes que los funcionarios se encuentran sanos y absolutamente aptos para tomar decisiones en aras del bienestar general de todos los sanluiseños.

En San Luis están ocurriendo situaciones que dejan dudas si los representantes de los poderes del estado se encuentran física y mentalmente en condiciones como para tomar decisiones en nombre de los ciudadanos.

La persecución a periodistas como el caso de Gustavo Thompson, en la cual, la fiscal Verónica Alonso, con fecha 10 de febrero,  solicita a la jueza Ucelay que allane el domicilio del periodista para secuestrar sus elementos de trabajo (informáticos) a los efectos de llevar adelante “una investigación” a raíz de una nota periodística publicada el día 26 de marzo de 2020, en la cual, el periodista mencionado, cuando no habían llegado, aún, los fallecidos por COVID 19 a San Luis,  expresó en forma numérica y en porcentual, como así también, aplicando debidamente el potencial, en todos sus términos que, en la provincia de San Luis habría de mínima 177 fallecidos. A raíz de esa publicación, la Fiscal Verónica Alonso denunció al medio digital La Línea por el incumplimiento del artículo 211 del código penal que habla de pánico social.

Pasó un año, en la provincia de San Luis hoy contamos con 345 fallecidos, muchos más que 177 y no se ha registrado ningún antecedente de pánico social que insiste, sospechosamente, la fiscal Alonso, se debe investigar el origen de la información provocando de esta manera, una grosera forma de desprestigio, saña y persecución al periodismo.

Hace pocos días, en Villa Mercedes, en el mismo juzgado que metieron preso, preventivamente, al Senador Provincial Ariel Rosendo, detuvieron en la vía pública a un alto funcionario judicial, repetimos, mismo juzgado que desaforaron al Senador Rosendo, lo cierto es que le encontraron al funcionario judicial una importante cantidad de droga, al funcionario lo suspendieron, a los pocos días se fue de vacaciones al exterior, y el juez lo absolvió porque interpretó que, el funcionario judicial tenía solo la cantidad mínima para consumo propio, es decir, se reconoce que, en el Poder Judicial hay funcionarios que se drogan.

Desde el poder ejecutivo observamos que, una funcionarias dependiente de la Secretaría de la Mujer exige públicamente que le saquen los fueros al Senador Rosendo por violencia de género y que debe ir preso. Cabe también resaltar a otra funcionaria del Gobierno de San Luis que grabo un video que se hizo público reconociendo que estaba drogada con el churro que se había fumado.

Desde el poder legislativo observamos que la Senadora María Angélica Torrontegui fundamentó el desafuero del Senador Rosendo por violencia de género.

Tres ejemplos, tres poderes del estado, en la cual, se muestran absurdos, decisiones equivocadas, acciones que despiertan serias dudas, Ariel Rosendo no tiene causa alguna por violencia de género, se lo acusa de robo calificado, el Senador ha sido víctima del desparpajo mediático, el desconocimiento de la causa por parte de funcionarios y legisladores (expediente) y la pésima decisión política, en la cual, los tres poderes respondieron al Gobernador con un grado de sumisión increíble.

En este sentido, por lo expuesto, sumado a los resultados de una reciente encuesta que determina en más de un 80%  de los encuestados, que los funcionarios de los tres poderes del estado se drogan, que existe droga en el Gobierno, en la Justicia y en las legislaturas, ante ello, nos obliga pensar, reflexionar y actuar en consecuencia para que, los ciudadanos comunes de la provincia de San Luis dejen de someterse a semejantes actos de impunidad e incoherencias. ALGO NO ESTA BIEN EN SAN LUIS....

La constitución nacional, provincial y carta orgánica municipal habla de la figura legal denominada INICIATIVA POPULAR, en la cual, a través de firmas, se puede lograr los % necesarios de acuerdo a los padrones electorales vigentes, para establecer como ley la obligación de que los representantes de los tres poderes de la provincia de San Luis se hagan los estudios necesarios de rinoscopia y dosaje de orina de manera garantizar que no están enfermos y se encuentran aptos para la toma de decisiones.

La AFA aplica esta modalidad mediante el sistema de sorteo, las fabricas también tiene la modalidad de anti doping, nos preguntamos, ¿Por qué no podemos instrumentar un sistema de anti doping para los funcionarios de los poderes del estado en la provincia de San Luis?.

Para cumplir con la constitución, se debe realizar la junta de firmas, al respecto, la Consultora ORBITT ha puesto a disposición sus equipamientos (software) para llevar adelante una campaña masiva de firmas digitales, por otra parte, se puede adelantar que ya se han comunicado con los periodistas que impulsan la iniciativa, expresiones políticas que se ponen a disposición para colaborar, asesorar y aportar conocimiento para que la idea siga su curso.

Daniel Rodriguez, a través de su Agencia Federal de Noticias del Interior que nuclea a 20 provincias con sus respectivos corresponsales periodísticos, ha impulsado la iniciativa de manera tal que producciones de medios nacionales se encuentran interesados por la idea y, harán el seguimiento y observación como progresa en la provincia de San Luis dado que, si esta iniciativa tiene aceptación y se logra en San Luis, podría ser imitado en todo el país.

El fenómeno de la droga está inserto en los tres poderes del estado, así lo entiende la sociedad sanluiseña, por tal motivo, es necesario que se ejerzan los mecanismos necesarios y pertinentes para que, los representantes institucionales den garantías de estar sanos a la hora de impartir justicia los jueces, gestionar los funcionarios del gobierno y legislar los diputados y senadores como concejales.

Continuaremos…

 

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