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La situación de la concejal electa Andrea Quiroga atraviesa su momento más crítico. A días de la sesión en la que debería jurar su banca, se acumulan fundamentos legales, administrativos y judiciales que vuelven inviable su asunción. Y lejos de aclararse, el panorama se agravó con un giro inesperado: el abrupto cambio de abogado que frenó, por segunda vez, la formulación de cargos en la causa por presunta falsa denuncia, impulsada inicialmente tras una presentación judicial.
Un impedimento institucional cada vez más evidente
La asunción de un concejal es un acto que requiere plena idoneidad legal y ética. En el caso de Quiroga, hoy existen obstáculos concretos:
Una causa judicial activa por falsa denuncia, derivada de hechos atribuidos a la propia Quiroga y que ya se encuentra en instancia de definición procesal.
Observaciones administrativas sin resolver, inconsistencias documentales y faltantes legales que impiden completar el expediente para la jura.
Falta de certificación final de compatibilidades, que vuelve jurídicamente riesgoso —y potencialmente nulo— cualquier acto de proclamación.
En consecuencia, bajo los parámetros de ética pública e institucionalidad que rigen al Concejo Deliberante, Quiroga no está en condiciones de asumir su banca.
Un nuevo capítulo: el cambio inesperado de abogado
Cuando se esperaba que hoy avanzara la formulación de cargos, la defensa sorprendió presentando un nuevo abogado, lo que obligó a la jueza a reprogramar audiencias y retrasar nuevamente la definición judicial.
El dato no sería relevante… salvo por un detalle decisivo:
hasta ayer, la defensa estaba a cargo de su esposo, el abogado Carlos Cobo, figura histórica del albertismo judicial, defensor de exfuncionarios investigados y protagonista de múltiples causas sensibles.
La pregunta se instaló de inmediato en pasillos políticos y tribunales:
¿Por qué Cobo dejó de defender a su propia esposa?
Las dudas sobre el rol de Cobo
La desvinculación repentina abrió hipótesis:
¿Se apartó para evitar quedar más expuesto en una causa que podría escalar?
¿Hubo diferencias internas sobre la estrategia o temor a un conflicto de intereses?
¿O la decisión responde a movimientos internos del sector político que integran Cobo, Quiroga y la diputada Anabella Lucero?
El contexto no ayuda a despejar dudas. En el mismo espacio político del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, en las últimas semanas hubo definiciones judiciales contundentes:
El exfuncionario Latini, declarado culpable por sustraer bienes del Ministerio de Seguridad.
Freixes, hallado culpable por presionar jueces para que renunciaran.
La foto de Quiroga, Cobo y Lucero caminando juntos hacia tribunales vuelve a circular en redes, recordando los vínculos, los planes compartidos y la trama política que hoy queda expuesta.
**Una causa que vuelve a detenerse…
