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Por Gustavo Thompson.
La imputación provisoria de Darío Oviedo Helfenberger, ex director de Ética y Legalidad, por presuntos delitos de defraudación al Estado, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, no es un hecho menor ni un episodio aislado. Es, ante todo, una señal de alerta institucional para el Gobierno de San Luis.
La causa, que investiga presuntas irregularidades en la administración del campo estatal El Caburé, expone un problema más profundo que una responsabilidad individual: fallas en los controles, en los circuitos administrativos y en la supervisión de bienes públicos estratégicos.
Un dato que agrava el cuadro
Oviedo no ocupaba un cargo secundario.
Era director de Ética y Legalidad, es decir, el funcionario llamado a prevenir, advertir y corregir desviaciones dentro del propio Estado. Que sea justamente esa figura la imputada coloca al Gobierno frente a una paradoja incómoda y peligrosa: cuando el guardián queda bajo sospecha, todo el sistema se resiente.
El Gobierno no está imputado, pero sí bajo examen
Es necesario decirlo con claridad:
-el Gobierno de San Luis no está imputado.
-la causa no acusa a la gestión en su conjunto.
Pero también es ineludible reconocer que:
-
la investigación involucra un bien del Estado,
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se habría permitido una administración sin controles ni rendiciones,
-
y la propia Fiscalía de Estado coincidió en calificar los hechos como corrupción.
Eso transforma a la causa en algo más que un expediente judicial: la convierte en una prueba política de credibilidad y coherencia institucional.
El riesgo político: el relato del “son todos iguales”
Si el Ejecutivo opta por minimizar el caso, relativizarlo o refugiarse en tecnicismos, corre un riesgo alto: que la opinión pública perciba que nada cambió y que la promesa de transparencia se diluya frente a prácticas del pasado.
Para un gobierno que se presenta como superador de viejas lógicas, la peor respuesta sería el silencio, la defensa corporativa o el “dejemos que la Justicia haga lo suyo” sin acciones concretas.
Qué se espera del Ejecutivo
Este episodio exige decisiones claras:
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separación política y administrativa sin ambigüedades,
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auditorías internas reales,
-
colaboración activa con la Justicia,
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y un mensaje contundente: el Estado es la víctima, no el encubridor.
Solo así el Gobierno de Claudio Poggi podrá transformar una crisis potencial en una demostración de autoridad institucional.
Una oportunidad (o un error irreversible)
El caso Oviedo todavía no condena a nadie.
Pero sí pone a prueba a la gestión.
La pregunta ya no es solo qué hizo un ex funcionario, sino qué hará ahora el Gobierno de San Luis:
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¿convertirá esta causa en un punto de inflexión hacia una administración más rigurosa?
-
¿o permitirá que la sombra de la sospecha se proyecte sobre toda la estructura?
En política, las omisiones también son decisiones.
Y esta vez, observar para otro lado no es una opción cuando hay miradas que soplan la nuca del Gobernador y no precisamente para que le vaya bien, esas miradas están focalizadas en la capital, Villa Mercedes esta fuera de toda especulación y cuida hasta sus jueces de manera separar la paja del trigo.
