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Villa Mercedes – En declaraciones explosivas brindadas en una entrevista radial, el abogado Pascual Celdrán lanzó una durísima acusación contra la concejala electa Andrea Quiroga, denunciando que realizó una presentación judicial «infundada, maliciosa y con fines netamente políticos», en un intento de perjudicar al intendente Maximiliano Frontera y su equipo de gobierno.
El eje de la denuncia original apuntaba al presunto mal manejo de fondos provenientes de un subsidio nacional por $40 millones, asignado para afrontar los efectos de una grave tormenta en la ciudad. Sin embargo, Celdrán sostiene que todas las rendiciones y devoluciones de dinero (incluyendo un reembolso de $12 millones a Nación) estaban correctamente presentadas, aprobadas por el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.
“Fue una denuncia únicamente para molestar. No tenía fundamentos. Fue usada como herramienta política en plena campaña electoral”, sentenció Celdrán.
Lo más grave de la exposición del abogado fue su firme convicción de que se trató de una “falsa denuncia”, con un único objetivo: manipular a la justicia para obtener rédito político. Ante esta situación, presentó una denuncia penal contra Quiroga, que actualmente está siendo evaluada por el fiscal.
Celdrán, visiblemente molesto, sostuvo que la justicia no puede seguir siendo utilizada como un arma electoral, y fue más allá: apuntó directamente a Carlos Cobo, abogado patrocinante y pareja de Quiroga, a quien acusó de manipular causas judiciales y hasta de intentar intervenir como “particular damnificado” en un expediente bajo una figura jurídica que, según Celdrán, “ya no existe en el nuevo código procesal”.
“No voy a parar hasta que esto llegue a las últimas consecuencias. Es hora de ponerle un freno a quienes usan a la justicia como si fuera un arma personal. Es un acto de dignidad, no de política”, remarcó.
Una justicia secuestrada por intereses
Más allá del conflicto puntual, la denuncia de Celdrán abre un debate más profundo: la colonización política del Poder Judicial. En la entrevista se hicieron menciones a funcionarios judiciales vinculados por lazos familiares o políticos, cargos obtenidos por “amiguismo” y el uso sistemático de denuncias sin sustento como método de ataque electoral.
La situación se agrava cuando se recuerda que Andrea Quiroga fue electa concejala bajo el sello del partido justicialista alineado con Alberto Rodríguez Saá, y que la denuncia contra Frontera coincidió con el período de mayor enfrentamiento entre el gobierno municipal y el oficialismo provincial.
“Todo esto fue una devolución de favores. El partido oficialista premió a quien había ensuciado con una denuncia falsa a su rival político. Así no se construye democracia”, disparó Celdrán con dureza.
¿Puede Quiroga asumir?
Según el abogado, la ley prevé la posibilidad de que un concejal electo sea removido si se encuentra imputado penalmente. Aunque aún no existe imputación formal, la causa por falsa denuncia contra Andrea Quiroga está en curso, y de confirmarse la existencia del delito, su banca podría quedar seriamente comprometida.
“Esto no es una cuestión personal. Es una defensa de la democracia y de la justicia. Si no ponemos límites, la política seguirá corrompiendo todo lo que toca”, concluyó Celdrán.
