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Por Gustavo Thompson.
La Caja Social de la Provincia de San Luis nació en 1983 como una institución clave para respaldar al empleado público, administrando recursos que provenían de actividades diversas —desde juegos de azar hasta operaciones inmobiliarias— con un objetivo simple y noble: mejorar la vida de quienes sostienen al Estado con su trabajo diario.
Sin embargo, lo que debió ser un instrumento de justicia y apoyo a la clase trabajadora se transformó en un botín político al servicio de una familia. Los hermanos Rodríguez Saá, bajo la lógica del poder perpetuo, bastardeaban la Caja Social usándola como caja paralela, como herramienta de prebendas, y como fuente de privilegios exclusivos para su círculo cercano. Caja Social fue quién realmente termino pagándole a todos los famosos que bajaron a San Luis. MEMORIA.
El vaciamiento de un símbolo
Mientras los empleados públicos soñaban con créditos accesibles, ayudas para su vivienda o respaldo económico ante emergencias, lo que encontraron fue una institución intervenida durante décadas, manejada como un feudo familiar. El dinero, en lugar de sostener el bienestar de miles de trabajadores, financió gastos suntuosos, caprichos políticos y maniobras que nada tenían que ver con el espíritu fundacional.
Los préstamos, que debían ser una herramienta de desarrollo, fueron monopolizados por dirigentes y allegados al poder. La Caja Social perdió su autonomía y su esencia: dejó de ser un derecho del trabajador para convertirse en un botín de la política.
Los empleados públicos, los grandes olvidados
Hoy, mientras se habla del inminente cierre de la Caja Social, no podemos olvidar que detrás de esta historia están los miles de empleados públicos que durante años sostuvieron con sus aportes la esperanza de una institución justa. Ellos fueron los estafados silenciosos de un modelo de poder que nunca los tuvo como prioridad. El caso mas injusto es el seguro por muerte, a todos los empleados se les descuenta, mensualmente, por seguro de muerte $3500.- para finalmente recibir un familiar del fallecido solo $10.000.-, una verdadera estafa ante los ojos de todos.
Cerrar la Caja Social sin antes reconocer y reparar el daño causado es un golpe directo a quienes más la merecían. Significa reconocer, a la vista de todos, que el feudo Rodríguez Saá utilizó y vació un símbolo de justicia social para beneficio propio, dejando de lado la razón misma de su existencia. Hoy más que nunca Caja Social debería estar mas viva y presente que nunca con créditos blandos para todos los empleados públicos.
Una deuda moral con los trabajadores
El fin de la Caja Social es, en definitiva, la evidencia más cruda de cómo se bastardeó una herramienta pensada para los trabajadores. La deuda no es solo económica: es moral. Los empleados públicos de San Luis merecen, al menos, el reconocimiento público de esta estafa histórica y la construcción de un nuevo sistema transparente, autónomo y verdaderamente destinado a ellos.
Hoy más que nunca, es necesario levantar la voz y recordar que la Caja Social no fue creada para sostener a una familia en el poder, sino para dignificar a los trabajadores de San Luis. Y esa deuda aún sigue pendiente.
