Milei sorprendió al revelar la magnitud de cargos sin cubrir en el Poder Judicial. “Hoy falta designar a alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia federal”, afirmó el presidente, anunciando que enviará al Senado pliegos para cubrir esas vacantes
Los datos oficiales le dan en parte la razón: aproximadamente un tercio de los puestos judiciales están vacantes, incluyendo juzgados, fiscalías y defensorías, y en el Ministerio Público Fiscal las vacantes superan el 40%
Esta situación anómala implica que casi la mitad de los juzgados federales carecen de jueces titulares, lo cual ralentiza los procesos judiciales y sobrecarga a los magistrados existentes. Milei presenta la cobertura de estos cargos como prioritaria para mejorar el servicio de justicia, pero la forma en que se implemente podría redefinir el equilibrio de poderes en Argentina.
La preocupación central es cómo se cubrirán esas vacantes y con qué criterios, dado que ello podría afectar la independencia judicial. El presidente ya tomó medidas polémicas al respecto: a fines de febrero, decidió nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, eludiendo la aprobación legislativa tras no lograr los consensos necesarios en el Senado
Organismos internacionales advirtieron que esta maniobra pone en riesgo la separación de poderes. “Nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto es uno de los ataques más graves a la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno a la democracia”, señaló Human Rights Watch, instando al Senado a frenar nombramientos irregulares en el máximo tribunal
La Constitución argentina prevé que los jueces federales, especialmente los supremos, sean designados con acuerdo del Senado; saltarse ese paso mediante interpretaciones dudosas sienta un precedente alarmante. La propia demora de Milei en cubrir vacantes —no había nombrado magistrados en sus primeros meses de gestión, agravando el problema refleja las dificultades y tensiones en este ámbito.
Históricamente, la tentación de influir sobre la Justicia no es nueva en el país. Durante el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990, se amplió el número de miembros de la Corte Suprema de 5 a 9 jueces, permitiendo al presidente nombrar magistrados afines que conformaron la famosa “mayoría automática” favorable a sus políticas
Más recientemente, en 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó también designar jueces supremos por decreto durante el receso parlamentario; tras las críticas, aquellos jueces no asumieron hasta obtener meses después el aval de dos tercios del Senado, como marca el procedimiento constitucional
Estos antecedentes subrayan la importancia de respetar las formas institucionales en la elección de jueces. Si Milei logra cubrir el cuantioso 40% de vacantes judiciales, podría imprimir su sello en el Poder Judicial por décadas. Sus partidarios argumentan que es necesario para destrabar tribunales paralizados, mientras sus detractores temen una justicia alineada con el Ejecutivo, debilitando el control independiente al gobierno. El desafío será encontrar un equilibrio entre normalizar la estructura judicial y preservar su independencia, un pilar fundamental del Estado de derecho.
