Diego González, en exclusiva para San Luis Streaming, analizó el estado actual de la justicia en la provincia: “Está amañada y responde a intereses”
La justicia de San Luis atraviesa una de sus crisis más profundas. Así lo analizó el abogado penalista Diego González, quien en diálogo con San Luis Streaming desmenuzó el deterioro del sistema judicial, las reformas fallidas impulsadas en la última etapa del gobierno de Alberto Rodríguez Saá y la falta de idoneidad en los nombramientos dentro del Poder Judicial.
González no dudó en definir el panorama como “una justicia amañada, alineada a intereses políticos y diseñada más como una bolsa de trabajo que como un verdadero servicio a los ciudadanos”.
Renuncia de Furcade y una justicia dominada por intereses políticos
El reciente anuncio de la renuncia del juez federal Raúl Furcade sirvió como punto de partida para la conversación. Si bien se argumentó una cuestión previsional, su salida deja una vacante clave en la estructura judicial de San Luis.
«Hago votos para que el reemplazo del doctor Furcade sea un colega de San Luis. Hay muchísimos abogados capacitados en la provincia. No podemos seguir permitiendo que jueces de otros puntos del país vengan a ocupar estos lugares sin conocer la realidad local», enfatizó González.
Pero más allá de este caso particular, la renuncia de Furcade es apenas un síntoma de una crisis mucho más profunda.
El colapso del sistema judicial: una reforma que debilitó la seguridad
Uno de los puntos más críticos del análisis de González fue el impacto negativo de la reforma procesal penal impulsada por Rodríguez Saá en los últimos meses de su gestión.
«Lo que hizo esta reforma fue atarle las manos a la policía y dejar la investigación penal en manos de fiscales sin experiencia. Hay excepciones de fiscales que trabajan bien, pero el problema es estructural: el sistema quedó desarmado», explicó.
Para González, el nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia en febrero de 2022, significó un retroceso en materia de seguridad.
«Antes, el comisario tenía el poder de decisión en las investigaciones. Hoy, los fiscales son los que llevan adelante todo el proceso y muchos no tienen la formación necesaria para hacerlo. Esto provocó que el delito crezca y que la policía quede prácticamente reducida a un rol pasivo», denunció.
Además, hizo una observación contundente sobre la política de nombramientos en la justicia:
«Se nombró gente sin evaluar capacidades ni antecedentes. Se trató de una respuesta cuantitativa a un problema que siempre fue cualitativo. La justicia no mejora porque haya más fiscales, mejora cuando los fiscales son idóneos y trabajan con autonomía».
La presión política sobre el Superior Tribunal de Justicia
Uno de los temas más explosivos de la entrevista fue la falta de independencia del Superior Tribunal de Justicia.
González fue tajante al referirse a los vínculos políticos y familiares dentro del máximo órgano judicial de la provincia:
«El Superior Tribunal de Justicia está conformado por jueces con estrechas relaciones políticas. En cualquier otro contexto, esto generaría automáticamente renuncias o al menos excusaciones en determinadas causas. Acá, ni siquiera se discute».
Particularmente, se refirió al caso de la ministra Carolina Monterizo, cuyo esposo está involucrado en múltiples procesos judiciales:
«Si yo estuviera en su lugar, renunciaría inmediatamente. No alcanza con excusarse en ciertas causas, porque el solo hecho de permanecer en el cargo genera sospechas sobre la imparcialidad del tribunal», afirmó.
También mencionó el caso de Eduardo Allende, otro ministro del STJ con un fuerte vínculo con el gobierno anterior:
«Eduardo es una persona noble, pero su cercanía histórica con Rodríguez Saá genera una incomodidad innegable. La designación de los jueces del Superior Tribunal es política, pero cuando cambian los tiempos, debería haber una renovación natural, como pasa en otras provincias».
Corrupción, causas frenadas y la falta de respuestas
González también hizo foco en las numerosas denuncias penales contra la gestión anterior y la lentitud de la justicia para resolverlas.
«La gente lo que espera es que las causas avancen. Pero nos encontramos con un Poder Judicial repleto de vínculos cruzados y una sensación de impunidad que sigue latente. No alcanza con renuncias o cambios de nombres, hace falta una depuración real del sistema».
Para González, el desafío más urgente es la elección de un nuevo Procurador General de la Provincia, que tendrá la responsabilidad de reordenar el Ministerio Público Fiscal y devolverle credibilidad a la justicia.
«El procurador o procuradora que se elija ahora va a marcar el futuro de la justicia en San Luis. Si se designa a alguien con un verdadero compromiso, tal vez haya una oportunidad de recuperar algo de confianza en el sistema. Si se elige con los mismos criterios de siempre, la justicia seguirá siendo una cáscara vacía», concluyó.
Conclusión: ¿Hay salida para la crisis judicial en San Luis?
Las declaraciones de Diego González exponen un panorama alarmante sobre el estado de la justicia en San Luis:
✔ Un sistema procesal que debilitó la seguridad pública
✔ Un Superior Tribunal de Justicia con vínculos políticos que comprometen su imparcialidad
✔ Nombramientos sin criterio que convirtieron a la justicia en una bolsa de trabajo
✔ Causas de corrupción estancadas y una sociedad que espera respuestas
En este contexto, la designación del nuevo Procurador General y una posible oxigenación del Superior Tribunal de Justicia aparecen como los primeros pasos necesarios para comenzar a reconstruir un sistema que hoy está en ruinas.
«No alcanza con excusas ni con discursos. Si realmente queremos una justicia independiente, hace falta tomar decisiones de fondo. Y eso implica que algunos funcionarios den un paso al costado por el bien de la provincia», sentenció González.
¿Estará San Luis lista para el cambio o seguirá atrapada en un esquema de impunidad y acomodos?
La justicia está en crisis. Y la gente ya no espera explicaciones: espera resultados.
