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Por Gustavo Thompson.
La memoria histórica no se administra con consignas ni se protege con silencios.
Se construye con verdad, responsabilidad y vocación de transparencia. Por eso, cuando existen interrogantes razonables sobre la autenticidad de los restos atribuidos a Juan Crisóstomo Lafinur, el debate deja de ser anecdótico y se vuelve institucional.
No se trata de negar homenajes ni de deslegitimar decisiones del pasado. Se trata de asumir que toda política de memoria debe estar abierta a revisión, especialmente cuando los estándares científicos, históricos y documentales han evolucionado.
Daño moral: el respeto comienza por la transparencia
Honrar una figura histórica implica, ante todo, honrar la verdad.
Cuando un Estado sostiene símbolos sin revisar dudas históricas planteadas de buena fe, no comete una falta penal, pero sí puede incurrir en una falta ética: la de priorizar la comodidad institucional por sobre la claridad histórica.
La grandeza de una comunidad no reside en sostener certezas frágiles, sino en atreverse a preguntar cuando corresponde.
Implicancias institucionales: actos legítimos, pero revisables
Desde el punto de vista legal, es fundamental ser precisos:
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Las decisiones adoptadas en contextos históricos anteriores fueron legítimas conforme a la información disponible en su momento.
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La eventual inexistencia de pruebas concluyentes hoy no invalida automáticamente actos administrativos, homenajes o declaratorias.
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Sin embargo, la aparición de nuevas dudas o herramientas técnicas habilita —y exige— una revisión histórica, no judicial.
La revisión no es desautorización del pasado: es madurez institucional en el presente.
Impacto económico: confianza y legitimidad
Los recursos públicos destinados a actos conmemorativos, traslados, monumentos o preservación simbólica forman parte de las políticas culturales del Estado. Aun cuando esos gastos no sean cuestionables en términos contables, su legitimidad futura depende de la solidez histórica que los respalde.
Cuando la certeza se debilita, la confianza ciudadana también. Y esa confianza es un capital público que cuesta años construir y segundos perder.
Dimensión histórica y científica: investigar no es negar
En la actualidad existen herramientas científicas y metodológicas que antes no estaban disponibles. Su utilización:
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no busca desmentir,
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no busca acusar,
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no busca revisionismos forzados,
sino confirmar, fortalecer o aclarar.
Negarse a investigar no protege la memoria.
La vuelve vulnerable.
Daño simbólico: identidad que necesita bases firmes
San Luis y Villa Mercedes han construido parte de su identidad cívica alrededor de figuras históricas que merecen respeto. Ese respeto no se garantiza con afirmaciones inamovibles, sino con certezas construidas sobre evidencia.
Una identidad sólida no teme la revisión; la necesita.
Plantear interrogantes razonables sobre la autenticidad de restos históricos no es una acusación, es un acto de responsabilidad cívica.
Revisar no es deshonrar.
Investigar no es atacar.
Transparentar no es dividir.
La memoria colectiva no se debilita cuando se revisa con seriedad; se fortalece cuando se la respalda con verdad.
