ASUMIR UNA BANCA O DECLARAR ANTE LA JUSTICIA
Hay hechos que, por sí solos, no prueban nada.
Pero hay secuencias de hechos que obligan a preguntar.
Y en democracia, preguntar no es atacar.
Es ejercer control ciudadano.
El caso de la concejal electa Andrea Quiroga vuelve a instalar una discusión incómoda en Villa Mercedes: la coherencia entre la capacidad política y la capacidad judicial.
UNA SECUENCIA QUE LLAMA LA ATENCIÓN
La cronología es simple y pública:
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Días antes de la sesión de asunción, Andrea Quiroga se mostraba en condiciones de asumir una banca en el Concejo Deliberante.
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Estuvo presente el día de la sesión.
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Manifestó voluntad política de ejercer el cargo.
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Sin embargo, por segunda vez, no se presentó a declarar ante la Justicia, acompañando la ausencia con un certificado psiquiátrico.
El resultado fue el mismo:
nueva postergación del avance judicial.
NO SE JUZGA LA SALUD, SE JUZGA LA COHERENCIA
Este punto es central y debe decirse con claridad.
Nadie discute ni pone en duda una condición de salud mental.
Lo que se pone bajo análisis es otra cosa:
¿Cómo puede una persona estar apta para asumir una función pública y, al mismo tiempo, no estar en condiciones de enfrentar una instancia judicial básica?
La pregunta no es médica.
Es institucional.
CUANDO LA EXCEPCIÓN AMENAZA CON VOLVERSE REGLA
Los certificados médicos son herramientas legítimas del sistema judicial.
Pero no son absolutos, ni pueden transformarse en llaves maestras para congelar procesos.
Cuando:
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Las ausencias se repiten
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Los certificados provienen del mismo circuito
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No se ordenan pericias oficiales independientes
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No se fijan plazos razonables
Empieza a configurarse una zona gris que pone en tensión el derecho de juzgar.
No es una acusación.
Es una advertencia institucional.
EL ROL DE LA JUSTICIA: ACLARAR, NO ADMINISTRAR LA DUDA
En estos casos, la responsabilidad ya no recae solo en la persona imputada.
La Justicia tiene herramientas:
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Pericia psiquiátrica oficial
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Evaluación forense independiente
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Determinación de capacidad procesal parcial
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Separación entre aptitud política y aptitud judicial
Si esas herramientas no se activan, la sospecha no desaparece: crece.
POLÍTICA, JUSTICIA Y CONFIANZA PÚBLICA
En un contexto de fuerte descreimiento institucional, cada demora injustificada, cada silencio, cada contradicción no aclarada erosiona la confianza social.
No solo en la Justicia.
También en la política.
Porque si una persona no puede responder ante un juez, la sociedad tiene derecho a preguntarse si puede responder ante los vecinos.
PREGUNTAR ES CUIDAR LA REPÚBLICA
Este no es un juicio paralelo.
No es una condena anticipada.
Es una pregunta legítima.
La coherencia es el primer requisito de la función pública.
