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Por Gustavo Thompson.
En San Luis algo está pasando. Y no es menor. La política provincial parece haber abandonado el terreno de la política para instalarse definitivamente en los tribunales. Lo que antes se resolvía en las urnas, en el debate público o en la confrontación política, hoy se dirime en expedientes judiciales. Y cuando eso ocurre, generalmente es porque el sistema político ha entrado en una fase de descomposición.
Primero apareció el caso Caburé, que dejó a Ricardo Bazla —uno de los funcionarios del gobierno provincial— en una situación judicial extremadamente delicada. Un episodio que golpea directamente a la administración actual y que abrió un frente político inesperado dentro del propio esquema de poder provincial.
Pero casi en paralelo avanza otra causa con enorme peso político: el expediente del Molino Fénix, que apunta a dirigentes vinculados al albertismo y que investiga presuntas irregularidades en la administración del complejo cultural de Villa Mercedes, en la cual, reaparece por arte de magia en los próximos días.
Dos causas.
Dos sectores políticos.
Un mismo escenario: la justicia.
Y allí empieza a aparecer la pregunta incómoda que circula en la política puntana: ¿estamos ante simples investigaciones judiciales o ante una nueva forma de disputa por el poder?
En los pasillos políticos de la provincia se comenta con insistencia una hipótesis inquietante. Que detrás de este proceso se esconde un delicado equilibrio de poder entre sectores del oficialismo y del albertismo (50-50 negociaron), una suerte de convivencia política donde la justicia termina funcionando como territorio de negociación.
Según esa lectura —que cada vez se escucha con más fuerza— el poder judicial habría quedado atravesado por una lógica de reparto político que recuerda a los peores momentos de la vieja política argentina: una justicia que responde más a las necesidades del poder que al principio de independencia institucional.
Si esa hipótesis fuera cierta, estaríamos frente a algo mucho más grave que una pelea entre dirigentes.
Estaríamos frente a la colonización de uno de los poderes del Estado.
Porque cuando el poder judicial deja de ser un poder independiente y pasa a formar parte de un esquema de negociación política, el sistema republicano empieza a deformarse peligrosamente. El equilibrio entre poderes —base de cualquier democracia seria— se rompe, y la justicia deja de ser árbitro para transformarse en herramienta.
Ese es el verdadero problema que empieza a inquietar a una parte importante de la sociedad sanluiseña.
No se trata sólo de Caburé.
No se trata sólo del Molino Fénix.
Se trata de algo mucho más profundo: la sospecha creciente de que la política provincial está utilizando la justicia como campo de batalla y, al mismo tiempo, como mecanismo de control del poder.
Y cuando el Ejecutivo termina teniendo influencia determinante sobre otro poder del Estado, la democracia provincial entra en una zona peligrosa.
San Luis ya vivió demasiados años bajo estructuras de poder extremadamente concentradas. La sociedad puntana sabe perfectamente lo que ocurre cuando las instituciones se subordinan a la lógica del poder político.
Por eso hoy muchos se preguntan si la provincia está entrando en una nueva etapa donde las causas judiciales comienzan a marcar el ritmo de la política.
Primero Caburé.
Ahora Molino Fénix.
¿Después qué?
Porque si algo enseña la historia política argentina es que cuando la justicia se convierte en escenario de disputa entre sectores del poder, la verdad jurídica suele quedar atrapada entre intereses, operaciones y estrategias.
Y en ese escenario, la gran perjudicada siempre termina siendo la misma:
la confianza pública en las instituciones.
