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Por Gustavo Thompson.
El inicio de las sesiones legislativas 2026 no será un acto más. Para el gobernador Claudio Poggi será, probablemente, el discurso más importante desde que asumió, en un contexto donde la política sanluiseña está atravesada por un factor que condiciona todo: la judicialización del poder.
No es un dato menor ni aislado. En las últimas semanas, la escena pública quedó marcada por hechos contundentes: condenas vinculadas al ciclo anterior y, ahora, la imputación formal de un funcionario clave del actual gobierno, nada menos que el responsable del área de Ética. Ocho figuras penales en su contra. Ocho. Un número que, más allá del resultado final del proceso, impacta de lleno en el corazón del relato oficial.
Y ahí está el eje del desafío para Poggi.
Porque el gobernador llegó con una promesa clara: ordenar, transparentar y diferenciarse de una etapa anterior que, a su entender, había agotado su credibilidad. Sin embargo, la realidad hoy le presenta un escenario incómodo: la sospecha ya no está solo del otro lado de la grieta.
La sociedad observa algo que empieza a repetirse:
funcionarios, de antes y de ahora, pasando por tribunales.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser partidario para convertirse en estructural.
En ese contexto, el discurso de apertura no puede ser protocolar. No alcanza con anuncios de gestión, obras o cifras. La expectativa social está puesta en otra cosa: señales claras sobre ética pública, responsabilidad política y funcionamiento institucional.
Hay, además, un antecedente que no puede ignorarse. El caso de Ariel Rosendo sigue latente en la memoria colectiva: dos años de prisión preventiva y una absolución final. Un ejemplo que abre una pregunta incómoda pero necesaria:
¿cómo se equilibra la lucha contra la corrupción con el respeto pleno a las garantías?, Rosendo fue preso preventivamente por menos causas.
Porque si algo exige este momento es coherencia.
Coherencia para no utilizar la Justicia como herramienta política.
Coherencia para no minimizar las causas cuando afectan al propio espacio.
Coherencia para actuar con la misma vara, siempre.
Ahí es donde Poggi tiene una oportunidad —y también un riesgo—.
La oportunidad es clara: marcar un punto de inflexión, asumir la complejidad del momento y fijar una posición firme frente a cualquier hecho que erosione la confianza pública, venga de donde venga.
El riesgo también: refugiarse en el silencio o en explicaciones defensivas, dejando que la percepción social avance más rápido que la política (Timbre comunicaciones).
San Luis atraviesa una etapa delicada. Con dificultades económicas, con una sociedad exigente y con una dirigencia que empieza a ser observada con lupa. En ese marco, el mensaje del gobernador no será solo un discurso institucional: será una señal política de fondo.
Porque hoy la discusión no pasa solo por quién gobierna, sino por cómo se gobierna.
Y en tiempos donde la confianza es escasa, cada palabra —y sobre todo cada decisión— pesa el doble.
El desafío está planteado.
Ahora, la palabra la tiene Poggi.
