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Por Gustavo Thompson.
Cuando San Luis financia, pero otros deciden
Hay una línea que el Estado no puede cruzar sin explicaciones.
Y hoy, con la Fiesta Nacional del Caldén, esa línea aparece corrida, difusa, peligrosamente corrida.
Porque cuando un evento financiado y creado con dinero público, presentado como símbolo cultural provincial, termina en manos de organizadores externos, sin debate, sin acto administrativo visible y sin una sola explicación pública, ya no hablamos de gestión.
Hablamos de cesión encubierta.
El dato que incomoda (y nadie quiere decir en voz alta)
La Fiesta del Caldén:
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la paga el Estado,
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la sostiene el pueblo,
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la comunica el Gobierno de San Luis,
pero no estaría jurídicamente en manos del Estado.
El nombre, la marca, el activo simbólico central del festival no sería público, sería de Sergio Freixes.
Y peor aún: habría sido cedido.
¿A quién?
A organizadores de Jesús María.
¿Con qué instrumento legal?
Silencio.
La pregunta que quema
¿Quién autorizó que un evento identitario de San Luis pase a ser operado por intereses externos?
Porque si el Estado:
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no es titular de la marca,
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no controla el nombre,
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no decide la proyección cultural,
entonces no gobierna la política cultural: la alquila. Lo de Alberto fue una farsa ¿Cómo los resto de Lafinur?
No es folklore, es poder
Esto no va de escenarios ni de grillas artísticas.
Va de quién manda.
Un festival nacional:
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define relato,
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define identidad,
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define qué provincia se muestra y cómo.
Entregar eso sin una sola hoja firmada que lo explique no es cooperación federal.
Es renuncia silenciosa.
El costado más oscuro
La marca del Caldén —según registros periodísticos— estaría vinculada a una persona hoy fuera del Estado y privada de su libertad, que aun así habría cedido derechos.
Y acá la pregunta deja de ser cultural y pasa a ser institucional:
¿Cómo puede alguien disponer de un bien simbólico que la sociedad percibe como público?
Si el Estado nunca se ocupó de registrar, proteger y apropiarse jurídicamente de su propio festival, el error es grave.
Si lo permitió sabiendo, el problema es peor.
San Luis no puede ser espectadora de su propia fiesta
Hoy el Caldén plantea un antecedente peligroso:
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el Estado ponía los recursos,
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otros ponen las condiciones,
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y nadie rinde cuentas.
Eso no es eficiencia.
Es debilidad estructural.
Las preguntas que ya no admiten evasivas
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¿Por qué la Fiesta Nacional del Caldén no es propiedad del Estado provincial?
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¿Quién habilitó su cesión a organizadores externos?
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¿Dónde está el decreto, el convenio, la resolución?
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¿Qué se resignó a cambio y quién lo decidió?
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¿Cuántos eventos más están en esta misma situación?
Advertencia final (para que nadie diga que no se dijo)
La cultura pública no se terceriza,
la identidad no se concesiona,
y el patrimonio simbólico no se negocia en silencio.
San Luis no pierde una fiesta.
Pierde autoridad, soberanía cultural y respeto institucional.
Y cuando eso pasa, el problema no es Jesús María.
El problema es mirar para otro lado.
