El tercer gran eje del discurso de Milei fue su promesa de terminar con “la casta política” y erradicar la corrupción sistémica. Desde su campaña, el economista libertario ha fustigado sin tapujos a la clase dirigente tradicional, culpándola de décadas de decadencia. “Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde a este país”, bramó Milei en modo triunfal
También proclamó estar “frente al fin del modelo de la casta”, en alusión a un cambio de era donde se acabarían los privilegios, la demagogia y el “robo de los políticos ladrones”
Este mensaje, con tono casi revolucionario, busca capitalizar un sentimiento real en la sociedad: hartazgo. Argentina arrastra una larga historia de corrupción pública —escándalos que abarcan desde el “menemato” en los 90 (coimas, contratos irregulares y enriquecimientos ilícitos) hasta los múltiples casos de corrupción asociados al kirchnerismo en las últimas dos décadas—. La impunidad percibida de muchos poderosos y la sensación de una política convertida en castillo feudal (la “casta”, en palabras de Milei) han erosionado la confianza ciudadana. Prometer el fin de la casta encendió esperanzas de regeneración en amplios sectores, pero también plantea la pregunta: ¿cómo se desmonta un entramado de corrupción e intereses enquistados por décadas?
Milei, ya en el poder, ha emprendido algunas acciones concretas bajo la bandera “anticasta”. Un ejemplo simbólico fue la decisión de eliminar las “jubilaciones de privilegio” de ciertos ex funcionarios. Si bien el proyecto de ley para cancelar las pensiones especiales de presidentes y vicepresidentes aún no avanzó en el Congreso, la Casa Rosada tomó una medida drástica contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner: vía decreto se le suspendió el cobro de su pensión vitalicia como ex presidenta, así como la pensión que percibía como viuda del ex presidente Néstor Kirchner
Esto ocurrió luego de que la Justicia confirmara en segunda instancia una condena por corrupción contra Fernández de Kirchner (caso Vialidad). El Gobierno presentó la suspensión como un acto de justicia e igualdad —“ningún condenado por robar al Estado debe seguir cobrando del Estado”— y ciertamente complació a quienes veían en la doble pensión de la ex presidenta un símbolo del privilegio. Sin embargo, detractores lo tildaron de persecución selectiva, dado que la anulación por decreto elude una ley general y se enfoca en una figura política opositora emblemática. El episodio anticipa las tensiones que enfrentará Milei: ¿hasta dónde puede avanzar contra la “casta” sin caer en uso faccioso del poder?
Otras promesas anticorrupción de Milei han encontrado obstáculos mayores. En su discurso inaugural ante el Congreso enumeró iniciativas como una ley de “ficha limpia” (que prohíba ser candidato a quienes tengan condena por corrupción), la democratización sindical (obligar a elecciones internas limpias en los gremios) e incluso una reforma para penalizar el déficit fiscal crónico. No obstante, llevar esas ideas a la práctica requiere mayorías legislativas con las que Milei no cuenta, y acuerdos políticos con sectores a los que solía denostar. La realidad parlamentaria enfrió varias de sus cruzadas. Por ejemplo, la ley de ficha limpia —impulsada para impedir que políticos condenados compitan electoralmente— fue presentada con bombo y platillo, pero meses después el propio oficialismo libertario dio marcha atrás y dejó caer el proyecto por falta de quórum, generando roces con sus aliados de Juntos por el Cambio
Analistas sugieren que Milei prefirió no cerrar el paso electoral a figuras como Cristina Kirchner, para mantener vivo un enemigo polarizante que le conviene políticamente
Del mismo modo, la prometida reforma sindical quedó congelada tras resistencia de los gremios y rumores de pactos entre el Gobierno y la central obrera (CGT)
En suma, varias de las leyes “anticasta” anunciadas con épica no vieron la luz en 2024, frenadas por la compleja dinámica institucional de la democracia argentina
Adicionalmente, Milei enfrenta el escrutinio sobre la conducta de su propio entorno, ya que emprender una cruzada moralizadora exige predicar con el ejemplo. A seis meses de asumir, su gobierno sufrió su primer escándalo: se descubrieron alimentos almacenados y vencidos en galpones del Ministerio de Desarrollo (rebautizado “Capital Humano”) mientras crecía el hambre en sectores vulnerables. Lejos de marcar diferencia, la reacción de Milei fue equiparable a la de viejos políticos tradicionales: negar el hecho, atacar a quienes denunciaron y sólo rectificar tras intervención judicial. El presidente que llegó denunciando a la “casta” terminó respondiendo con el manual de la casta cuando estuvo en problemas, señaló con ironía la prensa, aludiendo a la combinación de desidia y justificaciones que dio su administración. Este episodio y otros potenciales conflictos de intereses (como antiguas denuncias por promoción de empresas dudosas) ponen de relieve lo espinoso de sostener un discurso ético purista en el ejercicio real del poder.
En cuanto al impacto en la sociedad, el mensaje del “fin de la casta” tiene un doble filo. Por un lado, alimenta la ilusión de una renovación profunda: muchos argentinos de a pie, cansados de los mismos apellidos y escándalos, se sienten reivindicados al oír a un presidente decir verdades incómodas y cortar privilegios. Puede fortalecer la participación cívica de quienes recuperan la esperanza de que “esta vez sí” haya castigo a la corrupción. Pero por otro lado, la retórica de dividir entre pueblo virtuoso y élite corrupta conlleva el riesgo de profundizar la grieta y la desconfianza en todas las instituciones. Si todos los que no están con Milei son “casta” o cómplices, el diálogo político se dificulta y las fronteras entre justicia y revancha se vuelven borrosas. Además, la institucionalización de cambios anticorrupción demanda tiempo, consensos y fortalecimiento de organismos de control, más allá de gestos simbólicos o punitivos.
En síntesis, Javier Milei ha puesto sobre la mesa temas fundamentales con un tono disruptivo: la reforma de un Poder Judicial incompleto, el poder de las redes sociales en la era de la posverdad, y la purga de la corrupción endémica. Sus palabras resuenan en una ciudadanía ávida de cambios, pero también encienden alarmas sobre los métodos. Históricamente, Argentina ha aprendido que las promesas de mano dura institucional deben acompañarse de respeto a las normas y construcción de consensos para ser efectivas y perdurables. La presidencia de Milei transita por una delgada línea: si logra materializar sus propuestas sin romper el orden democrático, podría inaugurar una etapa de reformas profundas. Si fracasa o se extralimita, en cambio, podría reproducir los vicios que denuncia o incluso sumir al país en una nueva incertidumbre. Por lo pronto, su discurso ya cumplió un efecto: sacudir el tablero político y obligar a un debate franco sobre jueces, redes y “casta” que Argentina quizá postergó demasiado tiempo.
