Saltar al contenido
Por Gustavo Thompson.
La política tiene momentos donde la prudencia deja de ser virtud y pasa a convertirse en un problema. Cuando la institucionalidad queda bajo sospecha, la inacción ya no es neutral: se transforma en un mensaje.
Eso es exactamente lo que hoy ocurre en San Luis.
La reciente decisión del fiscal de Villa Mercedes, Leandro Estrada, de solicitar que se convoque a declaración testimonial al secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia, Ricardo Andrés Bazla, como presunto coautor del delito de defraudación al Estado, en el marco de la escandalosa causa por la desaparición de una cosecha de maíz valuada en dos millones de dólares, ha colocado al gobierno provincial en una situación de extrema sensibilidad política e institucional.
No se trata de un funcionario menor.
Bazla ocupa nada menos que la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, un área creada precisamente para garantizar transparencia, moral administrativa y vigilancia sobre el manejo de los recursos del Estado.
Es decir, el funcionario encargado de custodiar la ética pública hoy aparece mencionado en una causa judicial que investiga un presunto fraude al Estado.
La contradicción institucional es evidente.
Una situación insostenible
En cualquier administración que pretenda sostener estándares mínimos de credibilidad institucional, una situación de esta naturaleza exigiría una decisión inmediata y contundente.
No se trata de prejuzgar ni de anticipar culpabilidades.
Se trata de algo mucho más simple y elemental: proteger la institucionalidad del Estado.
Cuando el titular del organismo encargado de velar por la ética pública queda bajo investigación judicial, su continuidad en el cargo deja de ser un asunto personal para convertirse en un problema institucional.
Porque su permanencia genera inevitablemente tres efectos políticos graves:
-
Desgasta la credibilidad del gobierno.
-
Instala sospechas sobre el conjunto de la administración.
-
Debilita el principio de ejemplaridad pública.
La ética pública no admite zonas grises.
O se la defiende con firmeza o se la degrada con silencio.
Poggi frente a una decisión clave
El gobernador Claudio Poggi se encuentra ahora ante una disyuntiva política que definirá el carácter de su gestión.
No es una cuestión menor.
Si Bazla permanece en su cargo mientras la Justicia investiga una causa de semejante magnitud, el mensaje que se envía a la sociedad es devastador: que la ética pública puede convivir con la sospecha.
Y eso no sólo compromete a un funcionario.
Compromete al gobierno entero.
Porque cuando no hay decisiones extraordinarias frente a situaciones extraordinarias, aparece inevitablemente una sensación social de silencio corporativo, de protección política o de complicidad implícita.
San Luis no merece quedar atrapada en esa lógica.
La ética pública no puede esperar, su actual Secretario esta complicado hasta la médula ya no se puede ocultar el sol con las manos.
Las democracias modernas han entendido algo fundamental:
la confianza pública es el capital más importante de un gobierno.
Y esa confianza se defiende con gestos claros.
En contextos como este, la salida institucional más saludable suele ser sencilla: apartar preventivamente al funcionario mientras la Justicia actúa.
No es una condena.
Es una señal de respeto hacia las instituciones y hacia la sociedad.
Mantenerlo en funciones, en cambio, erosiona la credibilidad del propio sistema que se supone debe controlar.
Un momento de definiciones
El gobernador Poggi llegó al poder con un discurso centrado en la transparencia, la administración responsable y el orden institucional.
Hoy ese discurso enfrenta su primera gran prueba política.
Porque la ética pública no se declama.
Se ejerce.
Y cuando un funcionario encargado de custodiarla aparece involucrado en una investigación por presunta defraudación al Estado, la responsabilidad política exige actuar con rapidez, claridad y firmeza.
La sociedad observa.
La institucionalidad también.
Y en momentos como este, los gobiernos se definen no por lo que dicen, sino por las decisiones que toman.
