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Por Gustavo Thompson.
La anunciada reforma tributaria que impulsa el gobierno de Javier Milei podría transformarse en uno de los golpes más duros para las economías provinciales desde la recuperación democrática. Detrás del nombre seductor de “Súper IVA”, se esconde un cambio estructural en la distribución de los recursos que, de concretarse, alteraría el federalismo fiscal argentino y pondría en jaque a la autonomía financiera de las provincias.
Un IVA que deja de ser federal
Hasta hoy, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una de las principales fuentes de recaudación coparticipable. Esto significa que lo que se recauda en todo el país se distribuye entre la Nación y las provincias de acuerdo con un coeficiente establecido por ley.
La propuesta que circula en los despachos oficiales plantea dividir el impuesto en dos tramos: uno nacional, controlado por la AFIP, y otro provincial, que quedaría sujeto a la administración y a la capacidad de recaudación de cada jurisdicción.
En la práctica, esta segmentación implicaría que el Gobierno nacional retendría una porción del IVA que hoy pertenece al conjunto de las provincias, debilitando así los ingresos automáticos de las tesorerías provinciales.
Un nuevo mapa de desigualdad
De concretarse la medida, las provincias más pequeñas o con menor actividad formal serían las más perjudicadas. Aquellas con alta concentración comercial e industrial, como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, podrían sostener su recaudación a través del tramo “provincial” del impuesto.
Pero distritos de economía frágil —como San Luis, Catamarca, Formosa o La Rioja— verían una caída directa en su coparticipación, con impacto inmediato sobre salarios estatales, obras públicas y servicios básicos.
Además, la iniciativa se complementa con la intención de reducir o eliminar los Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, lo que dejaría a las jurisdicciones con una base fiscal casi simbólica.
El riesgo político: provincias sin herramientas
El “Súper IVA” no es solo un cambio técnico. Es una decisión de poder.
Si la Nación concentra la recaudación y las provincias pierden autonomía, el resultado será un nuevo centralismo económico donde los gobernadores dependerán de las transferencias discrecionales de Buenos Aires.
En otras palabras: menos coparticipación, más sometimiento político.
Este modelo contradice la esencia del federalismo argentino, consagrado en la Constitución, que busca equilibrar las diferencias territoriales y garantizar la presencia del Estado en cada rincón del país.
San Luis y el interior productivo en alerta
En el caso de San Luis, el impacto sería doble: una caída en la coparticipación del IVA y una disminución del margen para aplicar impuestos locales. Esto afectaría directamente la capacidad del gobierno provincial para sostener programas sociales, infraestructura y asistencia a municipios.
