Por Redacción | La Línea
En una entrevista que promete dejar secuelas en el escenario judicial y político de San Luis, el diputado provincial Charly Pereyra reveló información explosiva sobre presuntas maniobras ilegales que implicarían a integrantes del Poder Judicial, exfuncionarios del gobierno anterior y allegados a una red de usurpación de propiedades.
La conversación, mantenida en el programa conducido por Alberto Trombetta, comenzó con referencias a la reciente renuncia de Cecilia Chada, ministra del Superior Tribunal de Justicia, pero derivó en una exposición detallada de un entramado judicial y notarial que podría involucrar falsificaciones, escrituras truchas, y delitos complejos como la asociación ilícita.
Una renuncia bajo la lupa
Pereyra fue tajante al señalar que, más allá de las razones previsionales esgrimidas por Chada, su dimisión podría inscribirse en un contexto mucho más oscuro. Aseguró que existirían denuncias penales vinculadas a una red de usurpación de inmuebles en la que estaría involucrado Juan Cruz Domínguez, abogado y pareja de Nazarena Chada, hermana de la ministra renunciante.
Según Pereyra, las maniobras incluirían boletos de compraventa apócrifos, notificación en domicilios falsos para impedir la defensa de propietarios reales, y escrituras hechas con la participación de escribanos supuestamente implicados. El dato más perturbador: en varios casos, los domicilios truchos consignados para notificar a los supuestos dueños de las propiedades estarían vinculados a la familia Chada.
«No estamos hablando de un caso aislado»
«No es un caso, pueden ser cientos«, advirtió Pereyra. El legislador sostuvo que estas operaciones podrían haber permitido la apropiación ilegítima de un número importante de inmuebles urbanos, especialmente en el centro de San Luis y Villa Mercedes, mediante un sistema judicial que, por acción u omisión, nunca detectó la maniobra.
Más aún, señaló que la causa está en manos del fiscal As y que, aunque no acusó directamente a Chada de participar en los hechos, subrayó que deberá dar explicaciones sobre la aparición de su domicilio en el proceso. «Ser buena persona no te hace buen juez, aunque ayuda», afirmó, reconociendo su trato respetuoso hacia la exmagistrada, pero marcando un punto crítico sobre su pertenencia a lo que definió como un elenco judicial funcional al poder político anterior.
Un sistema en crisis
La entrevista no sólo reveló datos de una denuncia de alto voltaje. También dejó en evidencia la fragilidad institucional de un Poder Judicial bajo sospecha, con nombres ligados a gestiones anteriores, y una sociedad que, según Pereyra, «hoy observa con una lupa el desempeño de los jueces«.
No es la primera vez que se habla de intervenciones federales al Poder Judicial de San Luis, recordó, pero sí es la primera vez que hay una presión social tan clara para una reforma real. Pereyra confirmó que la reforma judicial fue uno de los cuatro ejes centrales de la propuesta electoral del oficialismo actual.
Renuncias, fiscales y un nuevo tablero de poder
A la salida de Chada se podría sumar la de Carolina Monterrizo, otra integrante del Superior Tribunal con vínculos con el antiguo esquema de poder. También se confirmó en la entrevista la suspensión de dos fiscales (Daniela Torres y Salas) por causas que están siendo tramitadas por el Jurado de Enjuiciamiento.
En ese contexto, Pereyra advierte: «No es una casa de brujas. Es una demanda ciudadana. Detrás de cada denuncia hay vecinos de a pie que se cansaron de ver cómo se administraba la justicia.»
Lo que viene
Las declaraciones de Pereyra pueden marcar un punto de quiebre en la historia judicial de San Luis. La renuncia de Chada, las denuncias en curso, y el rol de nombres ligados al pasado reciente, configuran un nuevo escenario institucional que ya no se explica con formalidades previsionales ni silencios cómplices.
El poder judicial, hasta hace poco blindado y hermético, se ve ahora interpelado por la opinión pública, la política y, sobre todo, por los hechos.
