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Por Gustavo Thompson.
Cuando el ajuste ya no es económico y empieza a ser institucional
Durante mucho tiempo, en San Luis se habló de reformas como si fueran una discusión académica, lejana, reservada para juristas o momentos de bonanza. Hoy esa comodidad desapareció. La caída histórica de la coparticipación obliga a plantear una pregunta que incomoda incluso a quienes gobiernan: ¿es sostenible la arquitectura institucional de la provincia y de sus ciudades con el nivel de recursos actual?
No se trata solo de ajustar partidas.
Se trata de revisar reglas.
El Estado también está escrito
La provincia y los municipios no funcionan solo por voluntad política. Funcionan bajo marcos legales que fueron pensados para otra Argentina, con más recursos, más margen y una Nación que acompañaba.
La Constitución provincial, las cartas orgánicas municipales y el funcionamiento de los Concejos Deliberantes responden a una lógica de expansión, no de restricción. Más cargos, más estructuras, más organismos, más costos fijos. Todo legal. Todo institucionalizado.
Pero hoy la pregunta es brutalmente simple:
¿con qué se financia todo eso?
El silencio institucional
Mientras los recursos se achican, las estructuras siguen intactas.
Nadie quiere abrir el debate porque abrirlo implica tocar intereses, cargos, privilegios y equilibrios políticos delicados.
Sin embargo, cuando la plata no alcanza, la institucionalidad también entra en crisis. No porque esté mal escrita, sino porque fue diseñada para un contexto que ya no existe.
Concejos Deliberantes: ¿representación o inercia?
En muchas ciudades, los Concejos Deliberantes funcionan con esquemas pensados para épocas de crecimiento. Plantas amplias, dietas, asesores, estructuras que hoy pesan cada vez más sobre presupuestos municipales asfixiados, lo mismo pasa con el Tribunal de Contralor.
La pregunta no es si deben existir.
La pregunta es cómo deben funcionar en un contexto de escasez estructural.
¿Tiene sentido sostener el mismo tamaño, el mismo costo y la misma lógica cuando los municipios reciben cada vez menos recursos reales?
Reforma: la palabra prohibida
Hablar de reforma constitucional o de cartas orgánicas no es una consigna ideológica. Es una discusión de sustentabilidad.
Revisar mandatos, estructuras, superposiciones, costos y atribuciones no implica destruir el Estado. Implica adaptarlo para que no colapse por su propio peso.
El problema es que nadie quiere cargar con el costo político de abrir esa puerta. Porque una reforma institucional no toca números: toca poder.
El riesgo de no discutir
No debatir ahora no preserva el sistema. Lo debilita.
Porque el ajuste avanza igual, pero sin reglas claras, sin consenso y sin transparencia.
Cuando la política evita la reforma, la realidad la impone de la peor manera: recortes improvisados, servicios deteriorados y pérdida de legitimidad institucional.
La pregunta final
¿San Luis va a discutir su futuro institucional de frente, o va a esperar que el deterioro haga el trabajo sucio?
El golpe a la coparticipación no solo obliga a repensar el tamaño del Estado. Obliga a repensar cómo está escrito, para qué existe y a quién sirve.
Porque cuando la plata falta, las leyes también tienen que decir la verdad.
