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San Luis dio un paso trascendental en materia ambiental y de gestión pública con la aprobación unánime de la Ley para la Gestión, Descontaminación y Compactación de Vehículos Abandonados y Decomisados, una herramienta moderna y necesaria que pone fin a una problemática que desde hace años afecta a los municipios de toda la provincia.
Aunque el texto final fue presentado por el Poder Ejecutivo, la génesis de esta normativa tiene nombre y apellido: Nicolás González Ferro y Cristian Gurruchaga, diputados provinciales que en junio de 2025 presentaron la iniciativa original luego de mantener reuniones de trabajo con el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y funcionarios del área de Servicios Públicos.
Aquella propuesta pionera fue el punto de partida del debate legislativo que hoy se traduce en ley y marca un antes y un después en la administración de bienes retenidos o abandonados en el territorio puntano.
Un modelo de gestión con impacto ambiental y social
La nueva ley adhiere a la Ley Nacional Nº 26.348, estableciendo un sistema integral para la disposición final de vehículos abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados.
Permite su reutilización por las fuerzas de seguridad, su subasta pública o su descontaminación, desguace y compactación, bajo parámetros ambientales controlados.
De esta manera, se reduce el riesgo de incendios, contaminación y delitos, al tiempo que se recuperan espacios públicos y se promueve la economía circular en toda la provincia.
Durante el debate, la diputada Gabriela Mancilla puso de relieve la saturación de los depósitos municipales y los focos de contaminación generados por estos rodados. En tanto, Cristian Gurruchaga advirtió sobre “la filtración de fluidos y aceites que afectan suelos y napas freáticas, comprometiendo la salud pública y el medio ambiente”.
La ley crea además una Base Única de Datos para transparentar los procesos, y designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, permitiendo que vehículos en condiciones sean incorporados a la flota policial o destinados a uso social mediante subastas o convenios institucionales.
Voces que marcan el rumbo
“Es un orgullo ver cómo nuestra idea inicial se transforma en ley gracias al compromiso del gobernador”, expresó Nicolás González Ferro, destacando el trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Por su parte, Cristian Gurruchaga señaló: “Desde junio luchamos por esto; hoy San Luis gana en buena gestión, seguridad y ambiente”.
Ambos legisladores lograron lo que pocas veces ocurre: que una propuesta con origen parlamentario sea adoptada, perfeccionada y finalmente sancionada con consenso pleno, demostrando madurez política y visión de futuro.
Dos dirigentes en crecimiento
Tanto González Ferro como Gurruchaga se han consolidado como referentes de una nueva generación política dentro del espacio «oficialista provincial».
Ambos forman parte del bloque “Consenso por San Luis”, una línea que combina gestión, transparencia y una mirada joven sobre los desafíos ambientales y sociales de la provincia.
Con fuerte anclaje territorial en Villa Mercedes, mantienen un vínculo fluido con los municipios y han sido impulsores de leyes ligadas a la modernización del Estado, el ordenamiento urbano y la gestión sustentable.
La sanción de esta norma, nacida desde su trabajo y compromiso, no solo soluciona un problema estructural que arrastraban los gobiernos locales, sino que además posiciona a San Luis a la vanguardia nacional en materia de descontaminación y gestión pública responsable.
La historia legislativa puntana recordará que esta ley, nacida del trabajo de dos diputados mercedinos comprometidos, trasciende los límites partidarios para convertirse en un ejemplo de gestión, cooperación y compromiso ambiental.
Con esta conquista, Nicolás González Ferro y Cristian Gurruchaga confirman que la política puede recuperar su sentido más noble: transformar la realidad con hechos concretos y visión de futuro.