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Mientras en San Luis se enciende la polémica por la reciente prohibición de la caza en jauría —una disciplina deportiva de larga tradición heredada por generaciones—, crece silenciosamente una amenaza real, tangible y devastadora: el avance descontrolado del jabalí como especie exótica invasora.
Lejos de ser una práctica meramente recreativa, la caza en jauría ha sido durante décadas una herramienta de control para mantener en equilibrio un ecosistema cada vez más dañado por la proliferación de especies foráneas como el jabalí, el antílope y el ciervo axis. Estos animales, introducidos hace más de un siglo, no cuentan con depredadores naturales en la región, lo que ha generado un crecimiento exponencial de sus poblaciones.
El jabalí, en particular, representa una de las 10 plagas más peligrosas del mundo, según informes internacionales. Su comportamiento agresivo, su enorme capacidad reproductiva y su dieta omnívora oportunista lo convierten en un destructor de ecosistemas. Desde la devastación de cultivos, ataques a la fauna autóctona, hasta daños irreversibles en los suelos, el jabalí ya se ha convertido en un problema mayúsculo para los productores y para la biodiversidad.
Además, su presencia representa una amenaza sanitaria. Estudios indican que alrededor del 20% de la población de jabalíes está infectada con triquinosis, una enfermedad que puede transmitirse al ser humano y al ganado. El riesgo aumenta cuando no se permite una regulación adecuada de su caza, ni se generan políticas activas de control poblacional.
Desde diversos sectores vinculados a la ruralidad, la producción y la protección ambiental, se alzan voces que critican la prohibición de la caza con perros, señalando que se trata de una medida desacertada que desconoce las realidades del interior profundo de San Luis y de la Argentina.
“El problema no es el cazador. El problema es que no se ha legislado con conocimiento, ni se han convocado a especialistas para diseñar un plan de manejo serio. Hoy estamos perdiendo nuestra fauna nativa, nuestros suelos, nuestros cultivos y nadie parece hacerse cargo”, sostuvo el ingeniero agrónomo Martín Chicaguala, quien advierte que la situación es crítica y requiere una respuesta inmediata del Estado.
El debate es profundo, y exige un equilibrio entre la defensa del bienestar animal y la necesidad urgente de controlar una amenaza que compromete la salud, la economía y la biodiversidad. En medio de ese dilema, la tradición y la ciencia podrían encontrar un punto de encuentro, siempre y cuando haya voluntad política para escuchar, legislar y actuar con responsabilidad.
San Luis está a tiempo. Pero no por mucho más.
