Saltar al contenido
Por Gustavo Thompson.
En San Luis siempre se dijo que la cultura debía ser un espacio de encuentro, creatividad y desarrollo social. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a instalarse una pregunta incómoda que ya circula en ámbitos políticos, artísticos y empresariales: ¿quién maneja realmente el negocio de los espectáculos en la provincia?
El interrogante aparece a partir de la aparición de nuevas productoras privadas que, en muy poco tiempo, lograron posicionarse dentro del circuito de espectáculos de San Luis y Villa de Merlo. Entre ellas surge el nombre de Espiral Produce, una estructura que promociona eventos con artistas nacionales y que, según distintas versiones que circulan en el ambiente cultural, estaría vinculada a un entramado de relaciones que mezcla empresarios, exfuncionarios y operadores del mundo cultural.
Hasta aquí nada tendría necesariamente de irregular. El problema comienza cuando en ese mismo circuito aparece el uso de infraestructura cultural del Estado, como el Cine Teatro San Luis, Casa de la Música una de las obras culturales más importantes que tiene hoy la provincia.
Y ahí la pregunta deja de ser artística para transformarse en política.
Porque cuando un espacio cultural financiado con recursos públicos es utilizado para espectáculos privados, lo mínimo que la sociedad tiene derecho a conocer es quién autoriza ese uso, bajo qué condiciones se realiza y quién se queda con la recaudación de esos eventos.
Las versiones que empezaron a circular en el ambiente cultural hablan de algo más complejo: un circuito de producción que combinaría productoras privadas, ticketera local (un tal Lucas Basilio), empresarios del sector turístico e inmobiliario y decisiones internas dentro de la estructura cultural del Estado.
Si esto fuera simplemente un esquema de producción profesional, no habría mayor discusión. El problema aparece si dentro de ese sistema algunos tienen ventajas que otros productores culturales no tienen, o si el acceso a espacios públicos depende más de los vínculos que de reglas claras y transparentes.
Las sospechas también apuntan a un fenómeno que en la política argentina no es nuevo: exfuncionarios que, aún después de dejar cargos públicos, continúan operando en las sombras dentro de los circuitos de decisión cultural.
Y cuando eso ocurre, la frontera entre gestión pública y negocio privado se vuelve peligrosamente difusa.
En este punto aparece otro elemento que alimenta las dudas: el crecimiento acelerado de una ticketera local vinculada al negocio de la venta de entradas y a la organización de eventos, creada recientemente con un objeto comercial amplísimo dentro del mundo del espectáculo.
La pregunta que surge es inevitable: ¿estamos frente a un sistema cultural moderno que articula lo público y lo privado o frente a un circuito de privilegios donde algunos pocos aprendieron a hacer negocios con infraestructura que pertenece a todos?
En política, cuando aparecen demasiadas coincidencias, demasiadas relaciones cruzadas y demasiados silencios, lo que se impone no es el escándalo sino la transparencia. Desde que asume un Ministro de Turísmo de la Villa Merlo aparecen figuras del mismo pago ¿causal o casual?.
Por eso el camino más simple sería que las autoridades culturales expliquen con claridad:
-
qué productoras utilizan los espacios culturales del Estado
-
qué contratos existen
-
cuánto se paga por el uso de esas salas
-
cómo se distribuye la recaudación de los espectáculos
Si todo está en regla, no habrá mayor problema.
Pero si las respuestas no aparecen, o si las explicaciones empiezan a perderse en un laberinto de burocracia y evasivas, entonces el tema dejará de ser una simple discusión cultural para transformarse en un debate político mucho más profundo sobre el manejo de los recursos públicos y no se trata de solo un par de eventos son 50 fiestas y festivales que significaron millones y millones de pesos.
Porque la cultura puede ser una herramienta de desarrollo o puede convertirse en una caja de negocios.
Y cuando la frontera entre ambas cosas se vuelve borrosa, el periodismo tiene la obligación de hacer exactamente lo que empieza a ocurrir ahora en San Luis: hacer preguntas que algunos preferirían que nadie haga.
