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La causa Caburé volvió a encender la crisis del Poder Judicial: un fiscal clave se refugia en una licencia psiquiátrica, el expediente rebota en despachos desbordados, y Leandro Estrada —el único que sostiene el sistema— queda en la mira del Superior Tribunal. Entre presiones políticas, internas feroces y la sombra de Freixes preso, San Luis revive el mismo modelo de disciplinamiento que marcó la era albertista posterior era Adolfo que son prácticamente la misma escuela y mismo modo de operar.
La causa Caburé volvió a instalar un temblor político–judicial en San Luis, y lo hizo del peor modo: dejando al descubierto una estructura colapsada, fragmentada y sometida a presiones que ya nadie puede disimular. Increíble, mas de 2.000 toneladas de cereales, vendidos por mas de 2.000.000 de dólares, sacados de un campo a través de una logística de transporte que significaron mas de 500 viajes en camiones y nadie dice, sabe y aclara nada, el Gobierno no le aclara a los sanluiseños que pasó con el maíz desaparecido o vendido y traslada la responsabilidad a la justicia, es decir, se lavan las manos y son directos responsables del caso.
Todo comenzó cuando el expediente, de enorme peso institucional y consecuencias imprevisibles, cayó por turno en manos del fiscal Maximiliano Bazla. Sin embargo, en lugar de asumir la investigación, Bazla optó por pedir una licencia psiquiátrica, una jugada que en tribunales se leyó con un mensaje claro: no quiere quedar atrapado en un conflicto que puede arrasar carreras.
La consecuencia inmediata fue que la causa rebotó a Leandro Estrada, quien actualmente subroga la fiscalía, mientras todo el Ministerio Público se encuentra en una situación crítica:
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Torres no está.
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La Fiscalía Nº2 está acéfala.
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Framini, fiscal auxiliar subrogante, no puede hacerse cargo por falta de experiencia en un expediente de semejante complejidad.
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Olguín, saturado, “hasta las manos”, ya carga con la causa anterior vinculada al Caburé.
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La fiscal Nº5, adjunta de Leandro Estrtada, tampoco posee la “cintura” técnica ni política para sostener el impacto institucional.
En ese desierto operativo, el sistema judicial terminó funcionando como un embudo: todo cae en Leandro Estrada.
Pero Estrada no es un apellido más. Desde el caso Ortiz, donde enfrentó sin filtros a miembros del Superior Tribunal, su figura quedó marcada. En los pasillos describen la situación sin eufemismos: “Leandro ya la tiene jurada”.
El Superior Tribunal —y buena parte del poder político— lo mira como una pieza incómoda, alguien que no responde a las lógicas tradicionales de obediencia interna. Y ahora, con la causa Caburé sobre su escritorio, vuelve a quedar expuesto en primera línea.
Poggi y la justicia: una tensión que revive viejos fantasmas
La crisis judicial ocurre en un momento de extrema sensibilidad institucional. Desde diversos sectores aseguran que el gobernador Claudio Poggi busca avanzar sobre la estructura judicial con un nivel de presión que recuerdan a la era de Alberto Rodríguez Saá y que hablar, durante los periodos de Adolfo que sacaban, en el Diario de los hermanos, a los jueces hasta en calzoncillos.
La detención de Sergio Freixes, enmarcada en la discusión por las renuncias anticipadas, es leída por muchos como un mensaje político más que jurídico. Y esa percepción se potencia con los trascendidos de que el Ejecutivo presiona abiertamente durante las negociaciones del presupuesto.
Una fuente lo resume con crudeza:
“Es lo mismo de antes, sólo cambió la mano que aprieta.”
Un Ministerio Público desarmado y una causa que puede incendiar la provincia
La causa Caburé no es un expediente menor: toca intereses económicos, ambientales, empresariales y políticos. Y al caer en un Ministerio Público casi paralizado, las tensiones se multiplican.
Bazla esquiva el conflicto con una licencia psiquiátrica.
Leandro Estrada queda solo frente a una responsabilidad que muchos no quieren asumir.
El Superior Tribunal observa.
El Ejecutivo presiona.
Y la sociedad mira un sistema que se descompone frente a sus ojos.
San Luis vive una repetición inquietante:
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un Poder Judicial debilitado,
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fiscales fragmentados,
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presiones políticas explícitas,
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y causas que explotan en manos de quienes aún se animan a enfrentarlas.
La pregunta que queda flotando es simple, pero brutal:
¿Quién investiga cuando nadie quiere investigar?
