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Por Gustavo Thompson.
La reciente avanzada del presidente Javier Milei sobre los recursos destinados a las provincias ha encendido luces de alarma en el tablero político argentino. A través del uso sistemático del veto presidencial —una herramienta legal, pero en este contexto cada vez más polémica— el Gobierno nacional ha bloqueado leyes sancionadas por el Congreso que restituían fondos claves como el Fondo de Incentivo Docente, los subsidios al transporte del interior y transferencias por coparticipación complementaria.
Sin embargo, la reacción que parecía dispersa y sectorial comenzó a encontrar un factor común: los 23 gobernadores del país, más allá de su color político, ven amenazada su autonomía fiscal y su capacidad de gestión. Y esa convergencia, si se traduce en un acuerdo institucional, puede representar un serio desafío a la gobernabilidad nacional.
El conflicto: veto vs. federalismo
La Constitución Nacional es clara: la coparticipación es un derecho de las provincias, regulado por la Ley 23.548 y protegido por el artículo 75 inciso 2. No se trata de una dádiva del Poder Ejecutivo, sino de una obligación constitucional que garantiza el federalismo.
Sin embargo, Milei ha utilizado el veto para frenar leyes que restituyen recursos ya recortados previamente por decisión unilateral del Ejecutivo. Si bien el veto es constitucional (Art. 83), su uso reiterado en estos casos ha sido leído como un intento de disciplinar políticamente a los gobernadores y consolidar poder financiero en la Nación.
¿Pueden responder las provincias? Sí, y con fuerza.
Las provincias tienen herramientas legales para resistir. Ya en el pasado, San Luis, Córdoba, La Pampa y otras jurisdicciones lograron fallos favorables de la Corte Suprema por fondos retenidos ilegalmente. La jurisprudencia existe, y los antecedentes también.
Pero más allá del plano judicial, lo que empieza a tomar forma es un frente político provincial, que confluye en un reclamo común: sin recursos, no hay gestión posible.
Y es aquí donde surge la variable más delicada del conflicto: si los 23 gobernadores, sin distinción partidaria, se unifican institucionalmente en una posición común, podrían generar un verdadero cerco político y legislativo al Gobierno nacional. LAS PROVINCIAS, por ley, ¿pueden retener las fondos por incumplimiento de la coparticipación?.
Esto incluye:
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Rechazo sistemático en el Congreso a leyes clave del Ejecutivo.
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Judicialización colectiva por violación de la coparticipación.
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Desarticulación del Pacto Fiscal y otras herramientas de coordinación Nación-provincias.
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Desobediencia administrativa de facto, reteniendo recaudación local.
La fragilidad de Milei ante un frente federal
El modelo libertario impulsado por el presidente se basa en un poder centralizado, sin diálogo político, con desprecio explícito hacia las estructuras del Estado federal. Pero el diseño institucional argentino no permite que una figura presidencial, por más legitimidad electoral que tenga, desplace al resto de los actores del sistema.
La gobernabilidad no es unilateral. Requiere consensos, equilibrios y acuerdos.
Si Milei continúa en esta línea de confrontación permanente con las provincias, el riesgo no es sólo un deterioro institucional: es una posible parálisis nacional, con efectos directos en la educación, la salud, el transporte y la seguridad en todos los rincones del país.
Conclusión
Estamos ante una posible escalada de conflicto entre la Nación y las provincias, con un presidente que se ampara en el veto para debilitar el federalismo, y con 23 gobernadores que, si actúan en conjunto, tienen el poder real de condicionar o incluso paralizar la gestión nacional.
La Argentina no necesita más fracturas. Necesita acuerdos. Y el federalismo, lejos de ser un obstáculo, es la base sobre la cual se construye toda nación duradera.
