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Villa Mercedes, San Luis – Iris Luciana Olguín, suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, alza la voz en nombre de su hija Aixa y de cientos de familias silenciadas por el abandono de una obra social que parece haberle soltado la mano a sus propios afiliados. La historia de Aixa duele, estremece, e interpela a quienes ocupan cargos de responsabilidad en el sistema de salud estatal. Porque lo que está en juego no es una queja: son vidas.
Aixa nació con una malformación genética que la medicina aún no ha logrado clasificar. Su patología no tiene nombre, porque su mutación genética no encaja en ningún síndrome conocido. Su desarrollo madurativo es profundamente limitado: no camina, no habla, no puede alimentarse por sí misma y depende de suplementos especiales como Fresubin crema. Usa pañales, pero sobre todo, sufre: convulsiona constantemente por una epilepsia refractaria que desafía incluso a los tratamientos más avanzados.
En 2022 le implantaron un estimulador vagal, un dispositivo similar a un bypass cerebral, en un intento por controlar las crisis epilépticas que la azotan. Sin embargo, tras un status convulsivo grave en febrero, la niña requiere actualmente seis medicamentos diarios, tres de los cuales tienen un costo inaccesible para su madre.
Y aquí es donde empieza la tragedia institucional: desde hace dos meses, IOSFA —la obra social que debería garantizar su cobertura— ha suspendido sin aviso ni explicación alguna la entrega de medicación y comida.
Luciana, su madre, no baja los brazos. Con el respaldo del Dr. Claudio Palacios, neurólogo de Aixa desde hace más de nueve años en el Sanatorio Allende, ha logrado, con enormes sacrificios personales y financieros, mantener a su hija con vida. «Quemé la tarjeta de crédito para comprar la comida y la Rufinamida», confiesa. Pero sabe que no podrá sostener esta lucha en soledad por mucho tiempo más.
No es la única. Otras familias, otras vidas, enfrentan el mismo calvario con IOSFA. Militares retirados, pacientes oncológicos, niños con patologías crónicas: todos víctimas de un sistema que no responde, que no atiende, que no escucha. “Esto no es solo abandono, es violencia institucional”, dice con crudeza Luciana. Y no exagera.
En Villa Mercedes, el panorama es aún más alarmante: el director local de IOSFA ni siquiera se presenta en su oficina. No atiende a los afiliados, no contesta, no contiene, no da explicaciones. La ausencia de empatía es absoluta.
Frente a esta realidad, la madre de Aixa lanza un grito que no puede ser ignorado: «La vida de mi hija depende de esas drogas. No puedo seguir sola. Necesito que esta publicación se viralice, que llegue a las autoridades, a los políticos, al presidente. Que alguien se haga cargo. Porque esto no puede seguir así.»
Ya se han iniciado las acciones legales. Pero el tiempo de la Justicia no es el de la epilepsia. No es el de la urgencia vital. Por eso, es imperativo visibilizar, denunciar y exigir una respuesta inmediata.
Porque cuando el Estado abandona, cuando las instituciones no cumplen, cuando el silencio oficial se impone, el pueblo tiene el deber de alzar la voz.
Hoy, esa voz es la de una madre militar 2657 56-7159 (Luciana). Mañana, podría ser cualquiera de nosotros.
