El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, presentó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para derogar de forma definitiva la Ley de Narcomenudeo, también conocida como Ley de Desfederalización de Estupefacientes. La iniciativa marca un giro estratégico en la política de seguridad provincial, basada en la necesidad de fortalecer la coordinación con la Justicia Federal y optimizar recursos ante un contexto fiscal complejo.
La decisión del Ejecutivo surge tras evaluar críticamente la implementación fallida de esta ley, sancionada en 2022 y suspendida por la gestión actual a fines de 2024. Durante ese periodo de suspensión se evidenciaron serias falencias estructurales y operativas, que ahora motivan la propuesta de derogación definitiva.
Un modelo ineficiente y fragmentado
El argumento central del proyecto se basa en que la desfederalización del narcomenudeo ha demostrado ser ineficaz, fragmentadora y costosa. Según el diagnóstico del gobierno provincial, la aplicación parcial y mal planificada de la norma generó un esquema de doble jurisdicción –provincial y federal– que entorpece las investigaciones, impide una estrategia integral contra el narcotráfico y termina beneficiando a las organizaciones criminales.
La Justicia provincial, en palabras del Ejecutivo, no cuenta con la preparación ni las herramientas necesarias para abordar delitos vinculados al tráfico de drogas, aún en su modalidad minorista. La falta de fiscales especializados, jueces competentes y fuerzas de seguridad entrenadas para tal fin terminó por hacer inaplicable la norma.
Una experiencia fallida
Rafael Berruezo, director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, fue contundente al afirmar:
“La experiencia ha sido malísima. Dividir una investigación entre dos competencias no lleva a ningún lado. Es darle ventaja a los delincuentes.”
San Luis se suma así a una tendencia que se consolida en varias jurisdicciones del país: abandonar la desfederalización y devolver a la Justicia Federal la competencia exclusiva en todos los casos vinculados a estupefacientes, desde el menudeo hasta el tráfico organizado.
Una política más clara, eficiente y centralizada
La propuesta de Poggi plantea un modelo de lucha contra el narcotráfico más ordenado y eficaz, basado en la intervención de una única jurisdicción con capacidades estructurales reales: la Justicia Federal. De esta manera, se busca restablecer una línea de trabajo coherente, con un mismo criterio de investigación y con posibilidad de escalar los casos desde los vendedores minoristas hasta las redes de distribución y producción.
Además, se busca evitar la duplicación de estructuras, optimizar los recursos humanos y técnicos, y fortalecer la articulación con fuerzas federales como Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, que ya actúan en coordinación con fuerzas provinciales en el territorio.
Contexto económico y responsabilidad fiscal
El contexto macroeconómico también juega un papel decisivo. La fuerte reducción de los fondos coparticipables por parte del gobierno nacional obliga a las provincias a tomar decisiones drásticas sobre el uso de sus recursos. En este sentido, el mantenimiento de estructuras judiciales y policiales paralelas sin resultados concretos se vuelve inviable.
Por eso, la derogación no es solo una decisión técnica o política, sino también una medida de responsabilidad fiscal y eficiencia institucional.
Camino legislativo
El proyecto ya fue enviado a la Legislatura y se espera que el Senado provincial lo trate en los próximos días. De aprobarse, San Luis volverá formalmente al esquema federal completo en materia de delitos vinculados a drogas, fortaleciendo la estrategia nacional en la lucha contra el narcotráfico.
Conclusión
Con esta iniciativa, el gobernador Claudio Poggi plantea una reforma de fondo, coherente con los desafíos actuales en seguridad y con una visión realista del funcionamiento del Estado. La derogación de la Ley de Narcomenudeo en San Luis no representa un retroceso, sino un avance hacia una política criminal más eficiente, coordinada y sostenible, en beneficio de toda la sociedad.
