Saltar al contenido
Por Gustavo Thompson.
La política de San Luis acaba de entrar en una fase que muchos veían venir pero pocos se animaban a decir en voz alta: la judicialización del poder. Y cuando la política llega a ese punto es porque las ideas ya no están en el centro de la escena; lo que queda es la disputa descarnada por el poder.
El caso Caburé, que hoy tiene bajo la lupa judicial al funcionario provincial Ricardo Andrés Bazla, parece ser el primer capítulo visible de un proceso que podría escalar mucho más allá de lo que hoy imaginan los propios protagonistas.
Pero en la política nada ocurre en el vacío.
Durante los últimos meses, varios ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá han quedado envueltos en causas judiciales que avanzan en distintos despachos. Ese escenario, que ya generaba tensión en el mapa político provincial, encuentra ahora una respuesta que muchos interpretan como parte de un ida y vuelta que recién comienza.
Porque en el tablero del poder nadie se mueve sin calcular las consecuencias.
La aparición del nombre de Bazla en una causa judicial no es un hecho menor. Se trata nada menos que del responsable de un área extremadamente sensible dentro del gobierno provincial: Ética Pública y Control de Gestión. Un lugar que, por definición, debería ser el símbolo institucional de la transparencia del Estado aparte de ser un funcionario de primera línea.
Y allí es donde el problema deja de ser individual para transformarse en político e institucional.
La decisión del gobernador Claudio Poggi de pedirle licencia a Bazla, en lugar de apartarlo definitivamente del cargo, abre un debate inevitable. En política hay gestos que hablan más que mil discursos. Y frente a un caso que golpea de lleno la credibilidad del gobierno, la sociedad observa con atención qué decisiones se toman.
Porque el caso Caburé, más allá de su desarrollo judicial, ya instaló una palabra que nadie quiere escuchar cerca del poder: corrupción.
Y cuando esa palabra aparece en la conversación pública, los tiempos de la política no pueden ser los tiempos de la burocracia administrativa.
El problema para el oficialismo es que el episodio ocurre en un contexto donde la tensión entre los distintos sectores del poder provincial está lejos de disiparse. Lo que algunos interpretan como un hecho judicial aislado, otros lo leen como el primer movimiento de una partida mucho más grande. El Albertismo va por todo o nada.
Una suerte de respuesta política que tiene destinatarios claros.
En ese marco, la figura de Alberto Rodríguez Saá vuelve a aparecer en el centro de la escena. Para muchos observadores del sistema político provincial, lo que ocurre hoy con Bazla es parte de una dinámica que puede escalar: causas que avanzan de un lado y respuestas que llegan desde el otro.
Un juego de presión mutua que nadie sabe cómo terminará.
Lo que sí parece claro es que cuando la política se traslada a los tribunales, el conflicto deja de ser ideológico y pasa a ser una pelea frontal por la supervivencia del poder.
Y en ese terreno, la historia argentina muestra que las consecuencias suelen ser imprevisibles.
San Luis podría estar entrando en ese territorio.
Porque si algo queda claro en este nuevo escenario es que el proceso recién comienza. Y cuando las causas judiciales empiezan a cruzarse con las disputas políticas, hay una certeza que se vuelve inevitable:
algunos terminarán pagando costos políticos, y otros podrían terminar pagando costos mucho más altos.
