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Por Gustavo Thompson.
San Luis asiste a una escena que desnuda, sin maquillaje, la verdadera crisis de la política provincial: el primer funcionario del gobierno de Claudio Poggi imputado formalmente por una batería de delitos graves… y sigue en su lugar con «licencia». Sin renuncia. Sin explicación convincente. Sin gesto político.
No es un detalle. Es un síntoma.
Porque no estamos hablando de un funcionario menor. Estamos hablando del Secretario de Ética Pública, el hombre que debía garantizar transparencia, controlar, auditar, poner límites. El que tenía que marcar la diferencia con el pasado. Hoy, ese mismo funcionario está imputado por delitos que incluyen defraudación al Estado, abuso de autoridad, peculado y más. Es decir, exactamente lo que debía evitar.
La contradicción no es incómoda: es devastadora.
Y frente a eso, el silencio del poder hace ruido. Mucho ruido. Sobre todo los medios que solo tres cubrieron lo acontecido esta mañana. Porque en política hay momentos donde las decisiones son más importantes que los discursos. Y este es uno de ellos. Si el funcionario no renuncia, ¿Quién sostiene su permanencia? ¿Qué mensaje se le da a la sociedad? ¿Que la ética es un slogan de campaña pero no una práctica de gobierno?
El poggismo llegó con una promesa clara: ordenar, transparentar, diferenciarse. Pero cuando aparece el primer caso que golpea en el corazón de ese relato, la reacción no puede ser tibia. No puede ser administrativa. No puede ser mirar para otro lado.
Porque mientras tanto, la sociedad mira. Y no mira ingenuamente.
Mira que hace apenas días una ex funcionaria del albertismo fue condenada. Mira que ahora un funcionario actual está imputado. Mira que se avecinan nuevas causas. Y empieza a sacar una conclusión peligrosa para el sistema político: de un lado y del otro, el poder termina siempre en el mismo lugar… en la Justicia.
Ahí es donde el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural.
Porque no es solo Bazla. Es el sistema. Es la lógica. Es la repetición. Es la sensación de que los que gobiernan viven en una realidad paralela donde las responsabilidades nunca llegan a tiempo y las consecuencias siempre son tardías.
Y en el medio, la gente.
La gente que hace malabares para llegar a fin de mes.
La gente que paga impuestos.
La gente que no tiene fueros ni abogados caros.
La gente que ve cómo quienes manejan el Estado terminan explicando su conducta ante un juez.
Ese contraste ya no genera enojo solamente. Genera hartazgo.
Por eso lo que está en juego no es solo el destino judicial de un funcionario. Lo que está en juego es la credibilidad de todo un gobierno. Porque cuando el responsable de la ética queda imputado y no renuncia, lo que se erosiona no es una persona: es la confianza pública.
Y la confianza, cuando se rompe, no se recompone con comunicados.
Se recompone con decisiones.
Hoy, la pregunta es simple y brutal:
¿el gobierno de Poggi va a sostener a un funcionario imputado… o va a sostener la palabra que lo llevó al poder?
San Luis ya no escucha.
San Luis observa.
Y cuando una sociedad observa de verdad, el margen de error se termina.
El poder todavía está a tiempo de entenderlo.
O de pagar el costo.
