El gobierno de la provincia de San Luis ha elevado a la Legislatura un proyecto de ley que introduce reformas en el Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de modernizar el sistema judicial y garantizar que los ciudadanos accedan a una justicia más ágil, eficiente y transparente.
La propuesta forma parte de un paquete de transformaciones que el Ejecutivo se comprometió a impulsar desde el inicio de su gestión, y responde a un clamor sostenido de la sociedad: reducir la mora judicial y terminar con el descrédito que pesa sobre el sistema por su lentitud y desconexión con la realidad social.
Una justicia que no duerma en los despachos
Uno de los ejes centrales del proyecto es que los procesos civiles y comerciales se desarrollen dentro de plazos razonables, evitando que las causas queden detenidas durante años en los escritorios de los tribunales. La iniciativa busca así que la ley deje de dormir en los cajones, y que las decisiones judiciales se conviertan en respuestas reales para quienes recurren a la justicia.
Además, el proyecto fue elaborado con el acompañamiento y las sugerencias de los colegios de abogados, procuradores y forenses de las tres circunscripciones judiciales de la provincia, lo que le otorga legitimidad técnica y consenso sectorial.
Reforma por etapas y con enfoque estructural
Lejos de plantear una única “gran reforma”, el gobierno ha optado por avanzar en módulos temáticos, abordando progresivamente los problemas del Poder Judicial. A esta primera reforma procesal se suman debates en curso, como la posible eliminación de la feria judicial, que también ha generado adhesiones y resistencias dentro del ámbito judicial.
Una cúpula judicial en crisis de legitimidad
En paralelo a esta iniciativa, se han conocido en las últimas semanas casos que evidencian profundas fallas éticas y administrativas en la estructura judicial provincial: desde magistrados embargados por incumplimientos financieros, hasta resistencias explícitas a someterse a controles toxicológicos que alcanzan a los tres poderes del Estado.
En este contexto, la sociedad exige ejemplaridad, y el Ejecutivo interpreta que es momento de asumir la transformación del Poder Judicial como una deuda institucional pendiente.
Un reclamo social convertido en política pública
La demanda de una justicia más rápida, humana y cercana fue una de las banderas de la campaña electoral del espacio oficialista, y hoy comienza a materializarse en iniciativas concretas. La reforma no solo busca mayor eficiencia, sino también restituir la confianza de la ciudadanía en una institución que, durante años, ha sido percibida como una “casta judicial” alejada de los problemas reales de la gente.
Conclusión: San Luis se pone en movimiento hacia un nuevo modelo de justicia, donde la ley se aplique con celeridad, sin privilegios ni inmunidades encubiertas. El proyecto no es solo una reforma normativa, sino un mensaje claro: la justicia no puede seguir funcionando como una isla dentro del Estado.
