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Por Gustavo Thompson.
El mundo atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. Ya no se trata solamente de disputas geopolíticas entre Estados o bloques económicos. La verdadera concentración de poder del siglo XXI se encuentra hoy en otro lugar: las grandes corporaciones digitales.
Un puñado de empresas controla los principales canales de comunicación global, administra los algoritmos que determinan qué vemos y qué no vemos, y posee las infraestructuras tecnológicas donde se desarrolla buena parte de la vida social, económica y política contemporánea.
En otras palabras: las llaves del nuevo poder ya no están solamente en los gobiernos, sino en las plataformas que ya manejan hasta la fuerzas militares.
Facebook, Google, X, TikTok, Amazon, Apple y otras corporaciones no solo gestionan negocios. Gestionan datos, conductas, opiniones públicas, mercados y hasta percepciones políticas.
Esto plantea un desafío enorme para las democracias en el mundo.
Porque cuando la conversación pública, la información y la influencia social quedan concentradas en manos de corporaciones privadas globales, el sistema político comienza lentamente a perder soberanía.
La democracia, entonces, deja de organizarse únicamente alrededor del voto y comienza a depender de los circuitos digitales de influencia.
Y allí aparece un fenómeno nuevo:
la política empieza a subordinarse a la lógica de las redes sociales.
Gobiernos, dirigentes e instituciones terminan adaptando sus decisiones a la lógica del algoritmo, al alcance de los influencers y a la visibilidad digital.
Es una nueva forma de dependencia.
Una dependencia tecnológica, comunicacional y cultural.
Y ese es el punto donde el debate se vuelve inevitable.
El síntoma: cuando el Estado se arrodilla ante la influencia digital
En San Luis, como en muchas otras partes del mundo, este fenómeno se manifiesta en decisiones que parecen menores pero que reflejan un problema estructural.
La contratación de figuras mediáticas o influencers para promocionar destinos, marcas o políticas públicas puede parecer una estrategia moderna de comunicación.
Pero también revela algo más profundo.
Cuando el Estado destina recursos millonarios para obtener visibilidad dentro de plataformas privadas manejadas por corporaciones globales, en realidad está aceptando una premisa implícita:
que la influencia social ya no se genera desde la comunidad organizada, sino desde los circuitos comerciales del algoritmo.
El problema no es una persona ni una campaña.
El problema es el modelo.
Porque cuando la política acepta que la influencia se compra dentro de plataformas privadas, termina reconociendo que el poder comunicacional ya no está en la sociedad sino en las infraestructuras digitales que la intermedian, es decir, reconocen la dominación mediática.
En ese momento, el Estado deja de ser protagonista y pasa a ser usuario.
O peor aún: cliente.
Frente a este escenario surge una pregunta fundamental que todavía no ocupa el centro del debate público:
¿Dónde está la agenda de la soberanía digital?
Si los Estados gestionan educación, salud, infraestructura, seguridad, información y economía…
¿Por qué no discuten con la misma seriedad la infraestructura digital de sus sociedades?
¿Por qué los gobiernos utilizan exclusivamente plataformas privadas globales para comunicar, organizar comunidades y gestionar servicios?
¿Por qué el Estado no desarrolla ecosistemas digitales propios que fortalezcan su autonomía?
La soberanía digital no significa aislarse del mundo.
Significa no depender exclusivamente de estructuras tecnológicas que no responden a la comunidad nacional, es inteligente saber integrarse.
La doctrina justicialista frente al nuevo desafío
Curiosamente, la Argentina posee una tradición doctrinaria que podría iluminar este debate.
El justicialismo se construyó sobre tres pilares históricos:
-
Justicia Social
-
Independencia Económica
-
Soberanía Política
Esos principios guiaron políticas industriales, sociales y estratégicas durante décadas.
Pero hoy el desafío adopta una nueva dimensión.
Porque la independencia económica del siglo XXI ya no depende solamente de fábricas, puertos o energía.
Depende también de infraestructuras digitales, datos y plataformas tecnológicas.
Por eso quizás haya llegado el momento de pensar un nuevo concepto doctrinario complementario:
Soberanía Digital.
No como una consigna ideológica, sino como una política de Estado.
¿Qué significa soberanía digital en términos concretos?
Significa que los Estados comiencen a construir ecosistemas tecnológicos propios capaces de articular comunidades, servicios y desarrollo económico.
Plataformas públicas o mixtas que permitan:
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centralizar información institucional
-
generar comunidades digitales locales
-
ofrecer servicios ciudadanos
-
promover comercio regional
-
integrar educación, cultura y participación
-
desarrollar billeteras digitales provinciales o nacionales
-
fortalecer economías locales y circuitos productivos
No se trata de reemplazar completamente las redes globales.
Se trata de equilibrar el poder.
De construir herramientas propias que permitan que la comunidad organizada tenga espacios digitales donde su información, su economía y su interacción social no dependan exclusivamente de corporaciones externas. Es absurdo caer en manos de una Wanda Nara, desprestigia y subestima la inteligencia puntana.
Del influencer al ciudadano
El riesgo del modelo actual es claro.
La influencia social comienza a concentrarse en figuras individuales cuya relevancia depende de algoritmos que nadie controla, chatos de mente, amigos de lo repetitivo, monótono y doméstico..
El ciudadano se transforma en espectador.
La comunidad se diluye.
La política pierde profundidad.
La soberanía digital propone el camino inverso.
No reemplazar ciudadanos por influencers.
Sino reconstruir comunidades digitales organizadas, donde el protagonismo vuelva a estar en la sociedad y no en el algoritmo.
Abrir el debate antes de que sea tarde
Las grandes transformaciones de poder siempre ocurren antes de que la política alcance a comprenderlas.
La revolución industrial cambió el mundo antes de que los Estados desarrollaran legislación laboral.
La revolución financiera transformó las economías antes de que existieran organismos de regulación global.
Hoy la revolución digital está modificando las democracias antes de que la política discuta su impacto real.
Por eso abrir el debate sobre soberanía digital no es un gesto tecnológico.
Es un gesto político.
Y también cultural.
Porque las sociedades que no controlan sus infraestructuras estratégicas terminan inevitablemente subordinadas a quienes sí las controlan.
Un nuevo horizonte
Tal vez haya llegado el momento de pensar el futuro con una mirada doctrinaria renovada. Propongo debatirlo en el corazón del MUP, lugar o sector que me identifico.
Una mirada que combine los principios históricos del movimiento nacional con los desafíos de la era digital.
Justicia social para que la tecnología no profundice desigualdades.
Independencia económica para que el desarrollo digital genere riqueza local.
Y soberanía política para que las decisiones estratégicas no dependan de algoritmos externos.
En el siglo XXI, esas tres banderas necesitan una nueva dimensión.
Soberanía digital.
Porque los pueblos que no controlan su destino tecnológico corren el riesgo de perder, lentamente y sin darse cuenta, el control de su propio futuro.
