Por Gustavo Thompson.
La situación judicial de la pareja se complica y la posibilidad de que la Cámara de Diputados tenga que discutir el futuro político de Joaquín Beltrán empieza a sobrevolar la Legislatura.
Mientras dos dirigentes que fueron parte del corazón del albertismo quedan expuestos ante el avance de la Justicia, Alberto Rodríguez Saá parece mirar para otro lado.
Y, paradójicamente, mientras deja caer viejas lealtades, otros nombres cercanos a aquel universo político encuentran nuevas ventanas de poder.
Hay silencios que en política hacen más ruido que cualquier discurso.
Y el silencio que rodea hoy a Anabela Lucero y Joaquín Beltrán comienza a tener una lectura inevitable dentro del peronismo de San Luis: Alberto Rodríguez Saá les habría soltado la mano.
No estamos hablando de dos desconocidos que circunstancialmente compartieron una boleta electoral.
Anabela Lucero fue una dirigente fuertemente identificada con el albertismo, ocupó una banca provincial y llegó a disputar la Intendencia de Villa Mercedes.
Beltrán, su pareja, administró el Complejo Molino Fénix y actualmente ocupa una banca como diputado provincial.
Hoy los dos enfrentan un escenario judicial considerablemente más delicado que aquel que tenían cuando comenzó la investigación.
La Fiscalía pidió ampliar las imputaciones contra Lucero, Beltrán y otros investigados e incorporar, entre otras cuestiones, la figura de asociación ilícita.
La causa investiga el supuesto perjuicio ocasionado al patrimonio estatal durante la administración del Complejo Molino Fénix.
Hasta ahora Lucero y Beltrán habían sido imputados provisoriamente por figuras como peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Fiscalía sostiene además que durante la investigación incorporó nuevos elementos, entre ellos pericias sobre teléfonos, videos y estudios contables que reforzarían su hipótesis acusatoria.
Debe quedar perfectamente claro: una imputación no es una condena y todos los involucrados conservan plenamente el principio de inocencia.
Pero políticamente el escenario cambió.
EL PROBLEMA YA NO ES SOLAMENTE ANABELA
Hasta hace algún tiempo el costo político de la causa podía concentrarse fundamentalmente sobre Anabela Lucero.
Ahora hay un elemento institucional imposible de ignorar: Joaquín Beltrán es diputado provincial en ejercicio.
La propia Cámara lo registra actualmente integrando el Frente Unidad Justicialista.
Y cuando una investigación penal sobre un legislador avanza, inevitablemente aparece una pregunta política: ¿hasta dónde podrá sostenerse su situación dentro de la Cámara si la causa continúa escalando?
Hay que ser precisos.
Hoy no existe información pública suficiente que permita afirmar que el desafuero de Beltrán esté formalmente resuelto o que vaya a producirse automáticamente.
Pero una cosa es el procedimiento jurídico y otra muy distinta el termómetro político.
Y ese termómetro comenzó a subir.
Si la investigación continúa avanzando y eventualmente la Justicia necesita adoptar medidas incompatibles con la inmunidad parlamentaria, la discusión podría trasladarse inevitablemente al terreno legislativo.
Por mucho menos el mismo sector fue implacable contra Ariel Rosendo. Memoria
Por eso, en los pasillos de la política puntana ya hay quienes miran mucho más allá del expediente.
Dicen, con ironía, que el que sigue en la lista ya se estaría comprando traje nuevo.
No porque exista hoy una banca vacante, sino porque en política algunos comienzan a contar los votos mucho antes de que se abra la urna.
¿Y ALBERTO?
Ahí aparece la pregunta incómoda.
¿Dónde está Alberto Rodríguez Saá?
Porque Lucero y Beltrán no llegaron a la política desde Marte, quizás de Xillium ¿verdad?..
Formaron parte de una estructura.
Militaron un proyecto.
Defendieron públicamente un liderazgo.
Anabela Lucero fue una de las caras políticas del albertismo en Villa Mercedes y Joaquín Beltrán acompañó ese armado desde lugares institucionales de enorme importancia.
Sin embargo, cuando la tormenta judicial se vuelve realmente complicada, el viejo paraguas parece haberse cerrado.
No se observa, al menos públicamente, una defensa política proporcional a la fidelidad que ambos dirigentes profesaron durante años.
Y eso deja una imagen durísima:
los soldados parecen quedar solos cuando llega la factura.
Será Alberto Rodríguez Saá quien deberá demostrar con sus acciones si esta interpretación es equivocada.
Porque, por ahora, el silencio permite otra lectura: cuando un dirigente deja de resultar funcional al proyecto, deja también de ser imprescindible. Sobran nombres para dar como ejemplo a la hora que el octogenario suelte manos.
¿ALBERTO BAJA EL PULGAR A LOS LEALES?
Quizás allí esté la discusión política más profunda.
Durante décadas el rodriguezsaismo construyó una cultura política basada fundamentalmente en la «lealtad».
Pero la lealtad tiene dos direcciones.
No solamente existe desde abajo hacia arriba.
También debería existir desde arriba hacia abajo, ahí aparece la miseria humana como lo de Cinthia Ramirez y la historia de polleras entre tío y sobrino pero es para otra editorial.
Lucero y Beltrán deberán responder individualmente ante la Justicia por aquello que se les imputa.
Alberto Rodríguez Saá no puede ni debe responder penalmente por conductas ajenas si no existe evidencia que lo involucre.
Pero políticamente la pregunta es completamente válida:
¿qué ocurre con quienes durante años pusieron la cara por un proyecto cuando ese proyecto decide que ya no necesita poner la cara por ellos?
Quién les facilitó que cometan actos de corrupción ¿’sasual o causal?.
Esa pregunta empieza a recorrer el peronismo puntano.
LOS QUE SALEN POR LA PUERTA Y LOS QUE ENTRAN POR LA CLARABOYA
Y acá aparece una contradicción todavía más interesante.
Mientras algunos históricos del albertismo parecen quedar abandonados a su suerte, otros nombres vinculados o cercanos a aquel universo político aparecen buscando espacios dentro de estructuras nacionales.
El caso que merece especial atención es el movimiento producido alrededor del PAMI San Luis.
En los últimos días comenzó a circular el nombre de Ada Valeria Salinas, contadora puntana con trayectoria institucional: actualmente figura como vicepresidenta segunda de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y anteriormente aparece en documentación oficial provincial vinculada al área de Salud.
Ahora bien: cualquier eventual vinculación política de Salinas con Alberto Rodríguez Saá o su sector debe documentarse antes de presentarla como un hecho.
Y justamente ahí está la investigación que viene.
Porque si se confirma que sectores cercanos al viejo albertismo están consiguiendo lugares dentro del PAMI mientras dirigentes que fueron absolutamente leales quedan librados a su suerte judicial, estaríamos frente a una fotografía política extraordinaria.
Unos salen por una puerta mientras otros entran por la claraboya.
EL ALBERTISMO EMPIEZA A ELEGIR A QUIÉN SALVAR
Alberto Rodríguez Saá está nuevamente activo políticamente y pensando en la reconstrucción de su espacio de cara a 2027.
Su regreso al movimiento político provincial está documentado incluso en medios nacionales.
Por eso resulta difícil creer que no esté midiendo cada movimiento.
Tal vez el silencio alrededor de Lucero y Beltrán no sea casual.
Tal vez exista una decisión mucho más pragmática: preservar el proyecto antes que preservar a sus dirigentes.
Porque el problema para Alberto no sería únicamente judicial.
Es electoral.
Algunos irán presos otros no, la lista ya estaría conformada.
«Una defensa cerrada» de Lucero y Beltrán obligaría al exgobernador a cargar políticamente con una investigación por presuntos delitos contra el patrimonio público precisamente cuando intenta reconstruir su imagen para volver a disputar poder.
Y allí aparece una máxima brutal de la política:
cuando el costo de defender a un aliado supera el beneficio de conservarlo, algunos liderazgos empiezan a descubrir que la lealtad tenía fecha de vencimiento.
Anabela Lucero y Joaquín Beltrán deberán defenderse ante los tribunales.
La Justicia determinará responsabilidades.
Pero existe otro juicio que ya comenzó y que no se desarrolla dentro de un tribunal.
Es el juicio de la política.
Y allí la pregunta es mucho más sencilla:
¿Alberto Rodríguez Saá va a defender a quienes durante años lo defendieron a él?
Por ahora, el silencio parece contestar.
Mientras tanto, en la Legislatura algunos empiezan a mirar de reojo la banca de Joaquín Beltrán.
Y cuentan que el que sigue ya se está comprando el traje nuevo.
En San Luis, después de cuarenta años de poder, hasta los silencios tienen memoria.
