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Lo ocurrido en la causa promovida por Andrea Gabriela Quiroga no es un simple error técnico ni una discusión procesal entre abogados.
Es, lisa y llanamente, un episodio grave de degradación institucional, que expone hasta qué punto la Justicia de San Luis puede ser tensionada —y utilizada— para servir a intereses políticos concretos.
Un juez que torció el procedimiento
El juez Matías Farinazzo Tempestini aplicó deliberadamente un trámite penal rápido a una recusación planteada dentro de un amparo civil, algo que cualquier estudiante avanzado de Derecho sabe que es improcedente.
No fue un error menor.
No fue un descuido.
Fue una maniobra procesal concreta que, de no haber sido frenada, hubiera permitido acelerar la recusación en 48 horas, favoreciendo de manera directa a la estrategia judicial de Quiroga.
– El Tribunal de Impugnaciones tuvo que hacer lo que el propio juez se negó a hacer: corregirlo.
Dejó sin efecto su resolución, ordenó formar incidente civil separado (como marca la ley) y le quitó el expediente del amparo.
Un hecho inédito: el inferior desafiando al superior
Pero lo verdaderamente escandaloso vino después.
Una vez corregido, Farinazzo no acató en silencio.
Subió un escrito criticando al Tribunal de Impugnaciones, acusándolo de cometer un “yerro” y defendiendo su trámite exprés como “constitucional”, bajo el argumento de que el proceso civil demoraría 15 días y afectaría el “plazo razonable”.
-Un juez inferior desafiando y cuestionando públicamente a su superior jerárquico.
-Un acto de indisciplina judicial sin precedentes en San Luis.
-Una señal inequívoca de que el problema ya no es jurídico, sino político.
El entramado que nadie quiere explicar
La recusación presentada por el Concejo Deliberante de Villa Mercedes no habla de sospechas vagas: describe vínculos concretos, personales y políticos.
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Farinazzo es pareja de María Eva Morel, ex presidenta del Consejo Provincial del PJ y operadora histórica del albertismo.
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Morel responde políticamente al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
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Carlos Cobo, esposo de Quiroga, fue asesor de Rodríguez Saá el mismo día de su renuncia como ministro del Superior Tribunal de Justicia.
¿Casualidad?
¿Suerte procesal?
¿O direccionamiento judicial?
Una acusada que dilata, una Justicia que acompaña
Mientras tanto, Quiroga —suspendida por unanimidad del Concejo Deliberante por inhabilidad moral y ética (falsa denuncia, agravios institucionales y cuestionamientos por fondos del granizo 2023)— dilató dos veces la audiencia penal:
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Cambio de abogado.
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Certificado psicológico por 30 días.
Ahora, su amparo cae en manos de Natalia Pereyra Cardini, la misma jueza que ya le concedió prórrogas polémicas.
La secuencia es clara:
– dilaciones,
– jueces funcionales,
– procedimientos torcidos,
– y un intento desesperado por forzar una jura política que las instituciones ya rechazaron.
La pregunta que incomoda al poder
Esto ya no es “Andrea Quiroga vs. el Concejo Deliberante”.
Esto es el albertismo intentando revertir por vía judicial lo que perdió por vía institucional.
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¿Por qué un juez se arriesga a un escándalo disciplinario por acelerar un amparo?
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¿Por qué se fuerza un trámite penal donde la ley ordena uno civil?
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¿Por qué se desafía al Tribunal de Impugnaciones con un escrito impropio?
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¿A quién se intenta salvar realmente?
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El Tribunal puso un límite. ¿Alcanza?
El Tribunal de Impugnaciones puso orden.
Pero el daño está hecho.
La Justicia quedó expuesta.
El velo cayó.
Y Villa Mercedes entendió algo fundamental:
Cuando un juez deja de disimular, la Justicia deja de ser creíble.
