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Por Gustavo Thompson.
La conmoción social generada por el denominado Caso Ponce volvió a instalar en la agenda pública un debate sensible: el otorgamiento de beneficios penitenciarios en delitos de extrema gravedad. Sin embargo, en medio de la indignación y el dolor, el foco del señalamiento parece haberse desviado nuevamente hacia el lugar equivocado.
Hoy, un nuevo juez de Villa Mercedes aparece cuestionado por una resolución que, lejos de ser antojadiza o aislada, se apoyó en informes técnicos oficiales que habilitaban legalmente el beneficio otorgado. Con este episodio, ya son tres los magistrados mercedinos puestos bajo sospecha en distintos momentos, todos por decisiones que, en rigor, se sustentaron en evaluaciones previas elaboradas fuera del ámbito judicial.
Informes que no dependen de la Justicia
Es un dato central —y muchas veces omitido— que los jueces de Ejecución Penal no producen los informes criminológicos, psicológicos ni de conducta sobre los internos.
Estos estudios son confeccionados por equipos técnicos del Servicio Penitenciario y áreas especializadas que dependen del Poder Ejecutivo provincial.
Cuando esos informes:
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califican la conducta como ejemplar,
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indican evolución favorable,
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minimizan el riesgo de reincidencia,
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y recomiendan la reinserción social,
el juez no solo puede, sino que debe considerarlos, porque forman parte del procedimiento legal vigente. Negarlos sin fundamentos objetivos podría incluso constituir una irregularidad.
El problema de fondo: una falla estructural
La reiteración del esquema —informes positivos, resolución judicial ajustada a derecho y posterior escándalo— deja en evidencia que el problema no es individual ni estrictamente judicial, sino estructural.
Cabe entonces preguntarse:
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¿Cómo se están evaluando los riesgos reales de reincidencia?
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¿Qué metodología utilizan los equipos técnicos?
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¿Existen auditorías externas o controles cruzados?
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¿Se pondera adecuadamente la gravedad del delito original?
Estas preguntas interpelan directamente al Ejecutivo provincial, responsable de los organismos que producen los informes que luego sirven de base para las decisiones judiciales.
El riesgo de buscar culpables rápidos
Apuntar exclusivamente contra los jueces puede resultar políticamente cómodo, pero no resuelve el problema de fondo. Por el contrario:
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desplaza responsabilidades,
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erosiona la confianza institucional,
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y evita revisar un sistema que, evidentemente, está fallando.
Si cada vez que ocurre un hecho grave se señala al magistrado que firmó la resolución, pero nunca se revisa quién evaluó, recomendó y certificó previamente, el riesgo de repetición seguirá latente.
Una discusión que exige madurez institucional
El dolor social es comprensible y legítimo. Pero la respuesta del Estado debe ser seria, profunda y responsable.
No se trata de defender personas, sino de defender el funcionamiento correcto de las instituciones y corregir aquello que no está dando resultados.
Porque cuando el error no es judicial, insistir en ese camino no solo es injusto: es peligroso.
