Saltar al contenido
Por Gustavo Thompson.
En política, la legalidad es condición necesaria, pero no suficiente. La legitimidad se construye también con coherencia, con correspondencia entre lo que se vota, lo que se defiende y el impacto real de esas decisiones en la vida de las personas. En ese terreno —el de la ética pública— aparece una contradicción difícil de explicar que involucra a la senadora Ivana Arrascaeta.
Arrascaeta forma parte del espacio legislativo que respaldó al Gobierno nacional en un conjunto de decisiones que perjudicaron a los jubilados, entre ellas el sostenimiento de vetos a mejoras previsionales y el acompañamiento de un esquema de ajuste que impactó de lleno en los ingresos y la protección social de los adultos mayores.
Hasta ahí, una posición política. Discutible, pero legítima dentro del juego democrático.
El problema surge cuando ese posicionamiento se observa en paralelo a una serie de vínculos públicos que involucran a su entorno más cercano.
El sistema PAMI y la atención a jubilados
Por un lado, la Clínica Aconcagua, vinculada a Rodolfo Negri (senador consorte), integra el universo de prestadores del PAMI, el organismo que concentra la atención sanitaria de millones de jubilados en todo el país. La prestación médica privada dentro del sistema PAMI es legal y habitual; nadie discute ese punto.
Pero la tensión ética aparece cuando se contrasta esa realidad con un acompañamiento político a decisiones que reducen o deterioran los beneficios de esos mismos jubilados en otros planos, como el ingreso previsional y la cobertura social.
Vínculos con el Estado nacional
A ello se suma un dato adicional de relevancia pública: Rodolfo Negri mantiene una relación de dependencia con el Estado nacional, desempeñándose como empleado del Congreso de la Nación.
Es decir, el entramado incluye:
-
una senadora que acompaña el programa del Ejecutivo,
-
un entorno con vínculo laboral directo con el Estado,
-
y una institución privada que atiende jubilados a través de PAMI.
Todo ello dentro de la ley, pero difícil de armonizar desde el punto de vista de la coherencia política, es decir, abraza por un lado y castiga por otro.
No se trata de ilegalidad, se trata de explicaciones
Nadie está acusando delitos.
Nadie habla de incompatibilidades formales.
Lo que se plantea es algo más simple —y más exigente—: la necesidad de una explicación política.
¿Cómo se justifica acompañar decisiones que perjudican a los jubilados mientras, en paralelo, se participa —desde distintos roles— del sistema estatal que los atiende y contiene?
¿Qué mensaje recibe un jubilado cuando ve recortados sus derechos, pero observa que el Estado y el sistema privado siguen funcionando sin ajustes para otros actores?
La coherencia también es una forma de representación
La ciudadanía no solo evalúa a sus representantes por lo que hacen en el recinto, sino por la coherencia integral de su accionar público. Cuando esa coherencia se quiebra, la confianza se resiente, aun cuando no exista ninguna irregularidad administrativa.
En tiempos de ajuste, la vara ética se eleva.
Y quienes toman decisiones que afectan a los sectores más vulnerables —como los jubilados— deben estar dispuestos a dar explicaciones claras y completas ¿lo saben?, ¿saben que quién los atiende los condena al mismo tiempo?.
El debate no es jurídico, es político.
No es penal, es ético.
Y la pregunta que queda abierta es legítima:
¿Puede un representante público sostener políticas de ajuste sobre los jubilados sin revisar —o al menos explicar— las contradicciones que surgen cuando su entorno mantiene vínculos directos con el Estado y con el sistema que atiende a esos mismos jubilados?
En democracia, explicar no debilita.
Lo que debilita es el silencio y la hipocresía frente a las incoherencias.
Ampliaremos…
