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Por Gustavo Thompson.
Hay datos que no cierran.
Y cuando los datos no cierran, la política exige preguntas.
El gobierno de Alberto Rodríguez Saá (2019–2023) culminó su última gestión envuelto en una fuerte sospecha social y política de corrupción. Desde la asunción del actual gobernador Claudio Poggi, la Justicia provincial recibió más de 20 denuncias penales vinculadas a ese período. Todas tienen un denominador común: involucran a ex funcionarios provinciales que respondían directamente al entonces gobernador.
La anomalía salta a la vista:
la mayoría de los funcionarios están denunciados, pero el jefe político máximo no.
¿Cómo se explica?
Un gobierno bajo sospecha… sin su conductor en Tribunales
Las denuncias alcanzan a ministros, secretarios, directores y responsables administrativos.
Contrataciones, fondos, programas, decisiones ejecutivas.
El entramado judicial avanza, pero se detiene siempre antes de llegar a la cúspide.
Alberto Rodríguez Saá, quien concentró durante años la conducción absoluta del poder provincial, no figura en ninguna denuncia penal.
No como imputado.
No como denunciado.
No como investigado formal.
La pregunta es inevitable:
¿puede un gobierno ser sospechado en bloque sin que su conductor tenga responsabilidad alguna?
La arquitectura del poder: decisiones arriba, firmas abajo
Una primera explicación posible está en la estructura del poder albertista:
un modelo hipervertical, donde las decisiones políticas se tomaban en la cima, pero se ejecutaban administrativamente en los niveles inferiores.
En ese esquema:
-
el gobernador conduce,
-
los ministros ordenan,
-
los funcionarios firman.
Y en la Justicia penal, la firma pesa más que la conducción.
El resultado es conocido:
responsabilidad política concentrada arriba,
responsabilidad penal distribuida abajo.
El problema de la prueba, no de la sospecha
Para que exista una denuncia penal no alcanza con la percepción social ni con el fracaso político. Se necesitan:
-
documentos,
-
trazabilidad,
-
órdenes explícitas,
-
beneficios comprobables.
Muchos ex funcionarios dejaron huellas administrativas claras.
El gobernador, en cambio, no firmaba expedientes, sino que ejercía poder político.
Eso explica —aunque no justifica— por qué la lupa judicial se posa sobre quienes ejecutaron, pero no sobre quien condujo.
La estrategia Poggi: avanzar sin regalar impunidad
Otra clave está en la estrategia judicial del actual gobierno.
Poggi parece haber optado por un camino escalonado y prudente:
-
Denunciar hechos con pruebas concretas.
-
Avanzar sobre responsabilidades administrativas claras.
-
Dejar que la Justicia construya causas sólidas.
Empezar por el exgobernador sin pruebas directas podría:
-
debilitar las causas,
-
convertirlo en víctima política,
-
o generar un efecto de cierre corporativo.
En la Justicia, las causas suben, no caen del cielo.
El fusible clásico del poder
En los procesos de depuración política suele aparecer una lógica conocida:
caen los fusibles para que no estalle el sistema completo.
Los funcionarios:
-
son más vulnerables,
-
tienen menos capital simbólico,
-
y concentran la responsabilidad formal.
El líder:
-
queda momentáneamente fuera del radar penal,
-
pero no del juicio político e histórico.
La pregunta que incomoda al sistema
El interrogante no es judicial.
Es político.
¿Puede existir un esquema de corrupción estructural sin responsabilidad del máximo conductor?
¿Puede un gobernador ser ajeno a lo que hicieron, durante años, quienes dependían directamente de él?
No se trata de condenar sin pruebas.
Se trata de no aceptar explicaciones cómodas.
La Justicia investiga, la sociedad observa
Hoy, Alberto Rodríguez Saá no tiene denuncias penales.
Pero su gobierno acumula más de 20.
Eso no prueba su inocencia,
pero tampoco autoriza acusaciones livianas.
Lo que sí exige es seguir preguntando,
porque cuando un modelo de poder se derrumba bajo sospechas,
el jefe político nunca es un actor neutral,
aunque todavía no esté sentado frente a un juez.
La Justicia tiene sus tiempos.
La política, su memoria.
Y la sociedad, el derecho a no callar frente a las incoherencias del poder.
