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Por Gustavo Thompson.
Cuando la memoria emocional y la formalidad del Estado no deben enfrentarse.
En los últimos días, la comunidad de Villa Celestina se vio atravesada por un debate sensible a partir de la decisión del nombre Dr. José Antonio Giraudo al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio.
Un debate que, lejos de tratarse de una disputa personal o de méritos profesionales —porque nadie los discute—, expone una cuestión más profunda y necesaria: la diferencia entre un acto administrativo y un acto emocional. Durante muchos años, cuando aún no existía el sistema de CAPS como hoy lo conocemos y la atención sanitaria se sostenía en salitas barriales, la comunidad rindió un homenaje al Dr. Bruno, un profesional querido, recordado y respetado por su cercanía con los vecinos. Ese reconocimiento fue genuino, sincero y profundamente humano.
Pero también fue informal, sin que quedara plasmado en un decreto, resolución u ordenanza que lo institucionalizara en el tiempo. Allí aparece el nudo del conflicto: lo que vive en la memoria colectiva no siempre coincide con lo que existe en los archivos del Estado.
Desde el punto de vista administrativo, la realidad es clara: no existe hasta hoy un acto legal que haya designado oficialmente el nombre “Dr. Bruno” al CAPS de Villa Celestina. Y el Estado, para garantizar igualdad, orden y previsibilidad, debe regirse por normas, expedientes y decisiones formales. No por desmemoria, sino por responsabilidad institucional.
Pero reconocer esto no invalida ni desmerece el profundo valor emocional y simbólico que el Dr. Bruno tiene para muchos vecinos. La memoria social no se borra con un decreto, ni el afecto necesita sellos oficiales para existir, las decisiones y objetivos del estado se rigen en base a las emociones y necesidades de la sociedad.
Del mismo modo, el Dr. José Antonio Giraudo es un profesional intachable, de trayectoria reconocida, buen nombre y honor, cuya designación responde a un acto administrativo legítimo y plenamente válido. No hay en su figura ningún gesto de imposición ni de reemplazo forzado de la historia barrial. Hay, simplemente, una decisión institucional que siguió los carriles formales que el Estado exige.
Plantear este escenario como una confrontación entre personas sería un error injusto. Aquí no hay médicos enfrentados, ni méritos en disputa. Hay dos figuras respetables, valoradas y queridas, y una comunidad que expresa —con razón— sus emociones. No hay familias enfrentadas, la sociedad no debería fogonear mas allá de buscar una solución mas que un conflicto como parece que intentan gestar, no es necesario.
Tal vez la verdadera enseñanza que deja este episodio sea otra: el Estado debe aprender a anticipar y dialogar con la memoria emocional de los barrios, y que la sociedad también necesita comprender que la institucionalidad no niega los afectos, sino que los ordena.
La salida no está en negar a uno para afirmar al otro, sino en construir síntesis, reconocimiento y gestos que abracen ambas dimensiones: la legal y la humana.
Porque cuando se trata de salud, de médicos y de comunidad, no debería haber vencedores ni vencidos, sino respeto, memoria y futuro compartido.
