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El Poder Judicial de San Luis enfrenta un nuevo capítulo que pone en entredicho su compromiso con la equidad y la transparencia. La reciente designación de Adán Alexis Chavero como fiscal adjunto provisorio en la Segunda Circunscripción de Villa Mercedes, a pesar de contar con una denuncia previa por violencia de género, ha desatado una ola de cuestionamientos. Este hecho se suma a una serie de antecedentes que minan la confianza de la sociedad en sus instituciones judiciales.
Un nombramiento bajo la lupa
El viernes pasado, el Superior Tribunal de Justicia, presidido por Eduardo Allende (ultra Albertista), tomó juramento a Chavero, quien fue propuesto por el procurador General, Luis Martínez (ultra Albertista). Sin embargo, su historial judicial incluye una denuncia por violencia familiar interpuesta el 24 de julio de 2023 en el Juzgado de Familia N° 1 de Villa Mercedes. Según consta en el expediente 3671xx/23, Chavero fue objeto de medidas restrictivas, como la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y la asignación de un botón antipánico.
La denuncia no fue obstáculo para que Chavero, 16 meses después, fuera promovido al cargo de fiscal adjunto provisorio. Su trámite fue iniciado por el procurador General tras aprobar el examen ante el Consejo de la Magistratura. La designación se realizó de manera provisional, amparándose en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, eludiendo así el procedimiento habitual que requiere intervención del Poder Ejecutivo y el Senado.
Precedentes alarmantes
El caso de Chavero no es el único. Otro fiscal adjunto, Fernando Andrés Salas, fue denunciado el 25 de julio de 2023 por episodios de violencia de género contra su ex pareja e hijas. Salas enfrenta cargos por amenazas y desobediencia en cinco oportunidades, todas enmarcadas en un contexto de violencia de género. Actualmente, trabaja de manera remota y usa una tobillera electrónica. A pesar de ello, el procurador General le había permitido intervenir en casos de violencia de género, una decisión que fue duramente criticada.
Recién ahora, y tras un proceso judicial plagado de dilaciones, Martínez remitió las actuaciones de Salas al Jurado de Enjuiciamiento, mientras que su caso avanza hacia la instancia de juicio oral.
Un Poder Judicial en descrédito
Estos hechos no son casos aislados, sino síntomas de un sistema judicial que parece inmunizado frente al escrutinio público. Las designaciones recientes incluyen once nuevos miembros del Ministerio Público y dos jueces de paz. Aunque algunos de estos nombramientos cumplen con las normativas vigentes, la inclusión de figuras cuestionadas socava la percepción de imparcialidad y justicia.
Entre los designados se encuentran fiscales y defensores con antecedentes intachables, como Roxana Paola Alcaraz y Silvia Olga Morán. Sin embargo, la inclusión de perfiles como Chavero y Salas opaca los logros del Poder Judicial y proyecta una imagen de tolerancia hacia conductas reprobables.
Un llamado a la reflexión
El Superior Tribunal de Justicia y el procurador General enfrentan un momento crucial. Más allá de los tecnicismos legales que amparan ciertos nombramientos, la sociedad exige una justicia transparente y comprometida con la igualdad. La continuidad de fiscales y jueces con denuncias por violencia de género no solo perpetúa la impunidad, sino que envía un mensaje de insensibilidad hacia las víctimas.
Mientras tanto, el escrutinio público y los llamados de la sociedad civil se intensifican, esperando que el Poder Judicial tome decisiones que estén a la altura de las demandas de una comunidad cada vez más consciente y exigente.
