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Cada vez que una decisión judicial genera conmoción social, el sistema institucional argentino activa de inmediato un mecanismo claro, visible y contundente: el jury de enjuiciamiento. El juez queda bajo la lupa, se analizan sus actos, y existe una consecuencia concreta si se determina mal desempeño. El mensaje es claro: la magistratura responde personalmente por sus decisiones.
Pero cuando el error —o la falla— no es judicial, sino que se origina en decisiones previas del Poder Ejecutivo, el escenario cambia drásticamente. Y allí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿qué herramienta tiene la ciudadanía cuando se equivoca un gobernador?
El jury: un control efectivo… pero solo para la Justicia
El jury es un instituto diseñado para preservar la calidad institucional del Poder Judicial. Es rápido en términos políticos, tiene reglas claras, personaliza responsabilidades y puede derivar en sanciones reales.
No es perfecto, pero existe y funciona.
Esa contundencia contrasta con lo que ocurre cuando las decisiones erróneas —técnicas, administrativas o políticas— provienen del Ejecutivo, incluso cuando esas decisiones condicionan resoluciones judiciales posteriores.
El Ejecutivo y los controles difusos
En teoría, un gobernador puede ser sometido a juicio político. En la práctica, ese mecanismo:
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depende de mayorías legislativas,
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está atravesado por acuerdos partidarios,
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y rara vez prospera cuando el oficialismo conserva poder.
También existen:
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interpelaciones,
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comisiones investigadoras,
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pedidos de informes,
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auditorías administrativas.
Pero ninguna de estas herramientas tiene la inmediatez, la personalización ni la eficacia del jury judicial. Mucho menos cuando los organismos de control dependen del propio Ejecutivo.
El resultado es una responsabilidad política diluida, sin sanción directa ni corrección inmediata del daño causado.
El desplazamiento de la culpa
Este diseño institucional genera un efecto recurrente:
cuando algo sale mal, el sistema empuja la responsabilidad hacia donde sí hay castigo posible.
Es decir, hacia el juez.
Así, magistrados terminan cuestionados por decisiones que:
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se apoyaron en informes oficiales,
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fueron elaboradas por equipos técnicos del Estado,
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y respondieron a procedimientos legales vigentes.
No se trata de eximir a la Justicia de controles. Se trata de no convertirla en el único fusible del sistema.
Una discusión pendiente y necesaria
La pregunta no es retórica ni coyuntural. Es estructural:
Si un juez puede ser sometido a jury por una decisión puntual,
¿por qué no existe un mecanismo igual de efectivo para revisar errores graves del Poder Ejecutivo?
Mientras esa asimetría persista, la tentación de buscar culpables rápidos seguirá reemplazando al debate serio sobre responsabilidades reales.
Fortalecer la institucionalidad no implica atacar poderes, sino equilibrar controles. No sería malo pensar en la creación, por ley de un instituto diseñado para preservar la calidad institucional del Poder Ejecutivo de las dimensiones del Jury. RAPIDO Y EFICAS.
Si el Ejecutivo produce decisiones o informes que fallan, también debe existir un mecanismo claro, eficaz y visible para responder por ello.
De lo contrario, seguiremos asistiendo a un mismo ciclo:
errores estructurales, jueces expuestos y un sistema que no se corrige.
