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Antecedentes judiciales, vínculos religiosos y fondos públicos bajo la lupa tras su llegada al Senado
La reciente elección de Nadia Márquez como senadora nacional abrió una serie de interrogantes que exceden largamente la coyuntura electoral y obligan a poner el foco en su trayectoria previa, sus vínculos institucionales y el uso de fondos públicos destinados al llamado “trabajo social”.
Según surge de registros judiciales y antecedentes difundidos en distintos ámbitos, Márquez habría estado involucrada en una causa penal vinculada a la presunta estafa a decenas de jóvenes a través de un instituto terciario que funcionó sin entregar los títulos prometidos.
El caso, que involucraría a alrededor de cuarenta damnificados, todavía genera preguntas sin respuestas claras:
¿Hubo condena firme?
¿En qué estado se encuentra la causa?
¿Se reparó el daño a las víctimas?
Religión, poder y política: una trama que incomoda
Otro punto que despierta inquietud es su entramado familiar e institucional. Nadia Márquez es hija de Hugo Márquez, ex presidente de la Confederación Evangélica Bautista, organización con fuerte presencia territorial y vínculos con iglesias adheridas en distintas provincias, incluida Villa Mercedes.
Aquí surge una pregunta central: ¿Qué rol jugaron —o juegan— estas organizaciones religiosas en la recepción de fondos públicos?
Distintas versiones indican que agrupaciones evangélicas habrían recibido sumas millonarias del Estado nacional y/o provincial, que en algunos casos superarían los mil millones de pesos, bajo el rótulo de programas de “asistencia” o “trabajo social”.
La pregunta es inevitable: ¿Hubo controles?
¿Auditorías?
¿Rendiciones públicas de esos fondos?
Fondos públicos y falta de transparencia
En un contexto donde el discurso oficial habla de ajuste, motosierra y fin de privilegios, resulta legítimo preguntar: 👉 ¿Por qué determinadas organizaciones religiosas acceden a cifras millonarias?
¿Con qué criterios se asignaron esos recursos?
¿Qué resultados concretos tuvieron?
Hasta el momento, no se conocen informes públicos detallados que permitan evaluar el impacto real de esas transferencias.
Poder político y cercanía con la Casa Rosada
La situación adquiere mayor relevancia política al conocerse que Nadia Márquez es considerada una figura de extrema confianza de Karina Milei, una de las personas con mayor poder real dentro del actual esquema de gobierno.
Esto plantea un interrogante institucional de fondo: ¿Puede el Senado mirar hacia otro lado cuando existen dudas sobre los antecedentes de uno de sus miembros?
¿No corresponde, al menos, una explicación pública y documentada?
Las preguntas que siguen abiertas
Sin prejuzgar, pero sin callar, estas son las preguntas que hoy siguen sin respuesta:
¿Cuál fue el desenlace judicial real del caso del instituto terciario?
¿Existen condenas firmes o causas en curso?
¿Qué iglesias u organizaciones recibieron fondos y bajo qué programas?
¿Quién controló esos recursos?
¿Qué responsabilidad política cabe a quienes hoy ocupan cargos de máxima jerarquía?
Transparencia o silencio
La democracia no se fortalece con silencios incómodos ni con blindajes políticos.
Cuando se mezclan religión, dinero público y poder, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
El caso Nadia Márquez no es una condena, pero sí una alarma.
Y las alarmas, cuando suenan, no se apagan ignorándolas por eso decimos desde San Luis: Timbre Mónica Becerra en ese bloque que usted participa de «narcos evangélicos» usted a quién va a representar ¿A Cristo de la fe o a esta batería de personajes que La Línea los irá transparentando?.
