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Por Gustavo Thompson.
INAUDITO: ESTAR PRESA NO PARECE SER SUFICIENTE.
AHORA DENUNCIAN PRESUNTOS INTENTOS DE CORROMPER PERSONAL PENITENCIARIO Y FALSEAR INFORMES MÉDICOS PARA ENGAÑAR A LA JUSTICIA.
Hay noticias que provocan indignación.
Y otras que obligan a preguntarse hasta dónde pueden llegar determinadas prácticas políticas.
El caso de la exdiputada albertista Anabela Lucero, detenida en el marco de la investigación por presunta corrupción en el Molino Fénix, suma ahora un capítulo verdaderamente escandaloso.
La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Karina Mantelli, presentó una denuncia penal contra los abogados defensores de Lucero por presuntos intentos de influir indebidamente sobre personal de la institución.
Según la denuncia, se habrían adulterado registros médicos relacionados con el peso y la presión arterial de la detenida, buscando acreditar un deterioro de salud que permitiera obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Es decir, se investiga si desde el interior de una cárcel se intentó construir una situación médica falsa para conseguir una resolución judicial favorable.
Las acusaciones todavía deben ser probadas y la defensa rechaza las irregularidades denunciadas.
¿LA CORRUPCIÓN NO CONOCE LOS MUROS DE UNA CÁRCEL?
Si estas sospechas se confirman, estaríamos frente a un hecho de extrema gravedad institucional.
No solamente por el presunto intento de engañar a la Justicia, sino porque la maniobra habría requerido la colaboración de personas encargadas de garantizar el funcionamiento del sistema penitenciario.
¿Se intentó comprar la voluntad de personal penitenciario?
¿Quién habría intervenido?
¿Cuántos controles fueron vulnerados?
Son preguntas que la Justicia debe responder.
LA ESCUELA POLÍTICA DE ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ
Anabela Lucero pertenece a una generación de dirigentes que creció políticamente bajo el liderazgo de Alberto Rodríguez Saá.
Y aquí aparece una reflexión inevitable sobre el legado de aquella construcción de poder.
¿Qué valores transmitió ese modelo político a sus dirigentes más jóvenes?
¿Qué lugar ocuparon la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto por los recursos públicos?
Porque el verdadero legado de un dirigente no se mide solamente por sus discursos, sus obras o sus años de gobierno.
También se mide por la conducta pública de quienes formó y promovió políticamente.
IMPUNIDAD SIN LÍMITES: UNA SOSPECHA QUE EXIGE RESPUESTAS
El caso Lucero ya está atravesado por una investigación judicial sobre presuntas irregularidades millonarias.
Ahora se agrega una denuncia que, de confirmarse, demostraría que determinadas prácticas no se detienen siquiera frente a los controles de una institución penitenciaria.
La Justicia deberá establecer quiénes participaron, si existieron informes falsificados y si hubo algún intento de obtener beneficios mediante procedimientos ilegales.
Una cárcel debe ser un lugar donde se cumple una decisión judicial, no un espacio desde el cual se intenta manipular a la Justicia.
La gravedad de las denuncias exige una investigación profunda, sin privilegios ni protección política, pero también sin condenas anticipadas.
Y deja una pregunta que Alberto Rodríguez Saá debería responder en el terreno político:
¿QUÉ ESCUELA DE PODER LES DEJÓ A LOS JÓVENES DIRIGENTES QUE CRECIERON BAJO SU CONDUCCIÓN?
Porque si las irregularidades denunciadas se comprueban, el escándalo no terminará en Anabela Lucero.
También obligará a revisar el legado político de una generación que aprendió a ejercer el poder bajo el albertismo.
