Por Gustavo Thompson.
Una investigación sobre el manejo de recursos públicos merece llegar a una respuesta clara. En la causa contra Miguel Berardo y Cintia Ramírez por contrataciones deportivas de aproximadamente $88 millones, el cierre llegó por prescripción.
El juez Marcos Flores Leyes dispuso el sobreseimiento de los exfuncionarios de Alberto Rodríguez Saá. Fiscalía de Estado anunció que apelará porque sostiene que el requerimiento de apertura a juicio se realizó dentro del plazo legal.
Hay una precisión fundamental: esta resolución no determinó si las irregularidades investigadas existieron ni resolvió la responsabilidad de los acusados. El fundamento fue el vencimiento del plazo para continuar la persecución penal.
Y ahí aparece la pregunta que importa: ¿cómo llegó una investigación sobre fondos públicos a una discusión por fechas, constancias y presentaciones?
La prescripción es una garantía legal. También corresponde exigir que los organismos responsables investiguen y actúen a tiempo.
La sociedad merece conocer qué pasó con esos recursos. La revisión anunciada deberá aclarar si corresponde mantener el sobreseimiento o permitir que la causa continúe.
