En 2020, con Alberto Rodríguez Saá en el Gobierno, el oficialismo justicialista terminó acompañando por unanimidad el desafuero del senador Ariel Rosendo y permitió que la Justicia ejecutara su prisión preventiva, siendo claramente un caso mas leve por el que se lo acusa a Beltrán.
Seis años después, ante el pedido de desafuero del diputado Joaquín Beltrán en la causa Molino Fénix, el PJ provincial salió públicamente a rechazarlo.
Los expedientes no son idénticos y Beltrán conserva plenamente su presunción de inocencia.
Pero el contraste político es inevitable: ¿qué cambió entre aquel “que actúe la Justicia” y el actual cuestionamiento al desafuero?
Hay fotografías políticas que necesitan seis años para revelar su verdadero significado.
Una fue tomada, metafóricamente, el 22 de septiembre de 2020.
Ariel Rosendo era senador provincial por Pedernera, pertenecía al Frente Unidad Justicialista y San Luis estaba gobernada por Alberto Rodríguez Saá.
Rosendo tenía fueros.
La Justicia quería detenerlo.
Y el Senado tenía que decidir.
Después de haber rechazado un primer pedido meses antes, la Cámara Alta terminó aprobando por unanimidad el desafuero.
El bloque oficialista acompañó la medida y Rosendo quedó sin la inmunidad que impedía ejecutar la prisión preventiva ordenada judicialmente.
Recuerden la palabra de Maria Garza Torrontegui, monumento al felpudo de los Paez.
Seis años después, San Luis vuelve a encontrarse frente a una discusión extraordinariamente parecida en términos institucionales.
Esta vez el apellido es otro.
Joaquín Beltrán.
Y curiosamente también representa a Pedernera.
Pero la reacción del mismo universo político es muy diferente.
CUANDO ERA ROSENDO, EL ALBERTISMO TERMINÓ LEVANTANDO LA MANO
Recordemos exactamente qué ocurrió porque la memoria política suele ser selectiva.
En junio de 2020, el Senado había rechazado el primer pedido de desafuero de Rosendo.
Pero la causa avanzó.
El 8 de septiembre, el juez Leandro Estrada procesó al senador por distintos delitos, ordenó su prisión preventiva y volvió a requerir que se removieran sus fueros.
A Rosendo le metieron 4 causas leves en un mismo expediente (bien de mala leche) para tener el motivo de dictarle la preventiva pero eran causas menores a las que hoy se le imputan a Beltrán.
Esta vez el resultado fue diferente.
El Senado votó.
Unanimidad.
Oficialismo y oposición.
El Frente Unidad Justicialista acompañó el desafuero de un senador perteneciente a su propio espacio político.
No fue Alberto Rodríguez Saá quien jurídicamente “metió preso” a Rosendo.
Eso sería incorrecto.
La prisión preventiva fue una decisión judicial con la venia del octogenario.
Pero políticamente ocurrió algo indiscutible: el oficialismo albertista decidió no utilizar los fueros parlamentarios para impedir que aquella decisión judicial pudiera ejecutarse, le soltaron la manop a Rosendo.
Esa diferencia es fundamental.
Y ése es precisamente el antecedente que hoy vuelve.
SEIS AÑOS DESPUÉS APARECE BELTRÁN
Agosto de 2026.
Causa Molino Fénix.
La investigación judicial avanza sobre presuntas irregularidades durante la anterior administración provincial.
Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel recibieron 60 días de prisión preventiva.
La investigación incluye imputaciones por presunta asociación ilícita, fraude contra la administración pública y destrucción de evidencia.
Y aparece Joaquín Beltrán.
Actual diputado provincial.
Frente Unidad Justicialista.
Pedernera.
Tiene fueros.
Por esa razón, el juez no le aplicó una medida coercitiva equivalente a la de los otros tres investigados.
La Fiscalía solicitó entonces su desafuero para poder avanzar eventualmente sobre una prisión preventiva.
Hasta aquí tenemos nuevamente una institución frente a una decisión:
¿debe la inmunidad parlamentaria impedir que avance la Justicia?
Y entonces apareció la sorpresa.
EL PJ QUE DESAFORÓ A ROSENDO AHORA RECHAZA EL DESAFUERO DE BELTRÁN
No estamos interpretando una declaración entre líneas.
El Partido Justicialista de San Luis se pronunció públicamente.
Cuestionó las prisiones preventivas dictadas en Molino Fénix y rechazó el pedido para avanzar sobre los fueros de Joaquín Beltrán.
UNO SI EL OTRO NO. A DEDO LA COSA.
El PJ argumentó que se estarían vulnerando garantías constitucionales, cuestionó la proporcionalidad de las medidas cautelares y denunció una supuesta utilización política de la Justicia contra dirigentes opositores.
Lo mismo pasó con Rosendo.
Perfecto. Ponele…
Tiene derecho a sostenerlo.
Beltrán tiene derecho a defenderse.
Su defensa tiene derecho a cuestionar cada actuación del Ministerio Público Fiscal.
Y Beltrán continúa siendo inocente mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.
Pero el PJ tiene también una obligación política:
EXPLICAR QUÉ CAMBIÓ.
¿POR QUÉ LAS GARANTÍAS QUE HOY RECLAMAN PARA BELTRÁN NO IMPIDIERON EL DESAFUERO DE ROSENDO?
Ésta es la pregunta.
No necesitamos condenar anticipadamente a nadie.
No necesitamos afirmar que ambos expedientes son idénticos.
No lo son.
Existe incluso una diferencia procesal relevante: cuando Rosendo fue finalmente desaforado ya existían procesamiento y prisión preventiva ordenados por el juez. En Beltrán, precisamente por su inmunidad, el juez no dispuso todavía esa medida de coerción y la Fiscalía pretende primero remover los fueros.
Esa diferencia debe decirse.
Pero después de reconocerla queda intacta una discusión política:
¿cuál es el criterio del albertismo respecto de los fueros?
¿Los fueros deben permitir que la Justicia investigue pero impedir determinadas medidas?
¿Deben removerse cuando una investigación alcanza cierto estado procesal?
¿O depende políticamente de quién sea el legislador investigado?
Porque si existe un principio institucional, ese principio debería poder explicarse.
NO SE TRATA DE PEDIR LA PRISIÓN DE BELTRÁN
Esto también debe quedar absolutamente claro.
La Legislatura no debería decidir si Joaquín Beltrán es culpable.
No es un tribunal.
Tampoco debería decidir si debe permanecer preso.
Eso corresponde a la Justicia y debe resolverse respetando las garantías constitucionales.
La discusión legislativa es otra:
los fueros.
Y acá aparece una diferencia conceptual enorme.
Quitar los fueros no equivale a condenar.
Mantenerlos tampoco equivale a absolver.
Los fueros existen para proteger la independencia del Poder Legislativo frente a persecuciones, no para convertir automáticamente a un legislador en jurídicamente intocable.
Por eso la pregunta debería ser:
¿existen fundamentos suficientes para remover la inmunidad y permitir que la Justicia continúe el proceso sin ese obstáculo?
Después será un juez quien decida.
Y habrá recursos.
Y defensa.
Y revisión.
Y eventualmente juicio.
Como corresponde en un Estado de derecho.
PERO EN MOLINO FÉNIX HAY ALGO QUE AGRAVA LA DISCUSIÓN POLÍTICA
Porque la causa no investiga solamente una conducta privada.
La investigación está relacionada con el funcionamiento y los recursos de un complejo estatal.
La Fiscalía sostiene provisoriamente la existencia de delitos contra la administración pública y destrucción de evidencia. Medios provinciales han informado una estimación fiscal de perjuicio superior a $900 millones; esa cifra pertenece a la hipótesis investigativa y no constituye todavía un perjuicio establecido por sentencia.
Eso vuelve particularmente sensible la intervención legislativa.
Porque cuando están bajo investigación recursos públicos, la política debería ser doblemente cuidadosa.
Ni condenar antes que la Justicia.
Ni proteger antes que la Justicia.
ROSENDO TAMBIÉN ERA UNO DE LOS PROPIOS
Éste es quizá el dato políticamente más incómodo.
Rosendo no era opositor al gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Era senador del Frente Unidad Justicialista.
Beltrán también pertenece al Frente Unidad Justicialista.
Rosendo representaba a Pedernera.
Beltrán representa a Pedernera.
Rosendo tenía fueros.
Beltrán tiene fueros.
La Justicia pretendía avanzar sobre Rosendo.
La Justicia pretende avanzar ahora sobre Beltrán.
Pero en 2020 el oficialismo terminó diciendo:
que avance.
En 2026 el PJ dice:
así no.
Ése es el contraste.
Y HAY UN DETALLE HISTÓRICO TODAVÍA MÁS INCÓMODO
El albertismo tampoco desaforó inmediatamente a Rosendo.
Inicialmente lo protegió.
El primer pedido fue rechazado.
Después avanzó la causa, llegó un segundo requerimiento y aumentó fuertemente la presión política y social. Finalmente, el oficialismo cambió de posición y acompañó el desafuero.
La oposición de entonces incluso acusó públicamente a los senadores oficialistas de haber cambiado su postura debido a esa presión social.
Ese antecedente vuelve todavía más interesante el presente.
Porque la pregunta podría no ser solamente:
¿por qué Rosendo sí y Beltrán no?
También podría ser:
¿CUÁNTO TIEMPO VA A RESISTIR AHORA EL ALBERTISMO ANTES DE HACER CON BELTRÁN LO QUE TERMINÓ HACIENDO CON ROSENDO?
HOY TODAVÍA NO LO IMPIDIÓ DEFINITIVAMENTE
También corresponde decir esto porque fortalece la credibilidad de la crítica.
Hasta ahora Diputados no rechazó definitivamente el desafuero de Beltrán.
La Comisión de Legislación General postergó su dictamen para estudiar un planteo de la defensa que cuestiona si están reunidos los requisitos procesales para desaforarlo en esta etapa.
Por lo tanto, todavía existe una oportunidad institucional.
Los diputados pueden estudiar.
Escuchar a las partes.
Leer el expediente.
Analizar la Constitución.
Examinar el Código Procesal.
Y después votar.
Pero lo que ya existe es una posición política explícita del PJ contraria al desafuero.
Y eso permite hacer la comparación.
EL ALBERTISMO DEBE ELEGIR UN PRINCIPIO
Éste debería ser el fondo de la discusión.
No podemos tener una doctrina constitucional para los amigos y otra para los adversarios.
Si en 2020 el criterio fue:
“Los fueros no deben impedir que actúe la Justicia”, expliquen por qué ese principio cambió.
Si la respuesta es:
“La situación procesal de Beltrán es jurídicamente diferente”, demuéstrenlo y expliquen cuál es exactamente la diferencia que hace improcedente remover ahora la inmunidad.
Eso sería perfectamente legítimo.
Lo que políticamente resulta difícil de sostener es otra cosa:
que los fueros sean malos cuando protegen a quien dejó de ser conveniente y buenos cuando protegen a quien todavía pertenece al núcleo político.
Porque entonces ya no estaríamos discutiendo garantías.
Estaríamos discutiendo conveniencias.
LA JUSTICIA DEBE SER LA MISMA CUANDO EL IMPUTADO NOS GUSTA Y CUANDO NO
Ésa debería ser una regla elemental de la democracia.
Rosendo merecía garantías.
Beltrán merece garantías.
Rosendo tenía presunción de inocencia.
Beltrán tiene presunción de inocencia.
Y ambos tenían derecho a defenderse.
Pero también debe existir una regla para la política:
la pertenencia partidaria no puede determinar hasta dónde permitimos que avance una investigación judicial.
Porque entonces el verdadero privilegio no sería el fuero.
Sería el apellido.
La amistad.
La pertenencia.
La conveniencia.
ROSENDO 2020 – BELTRÁN 2026
Seis años separan ambas fotografías.
Y quizás sea precisamente esa distancia la que permite observar con claridad el contraste.
Cuando gobernaba Alberto Rodríguez Saá, el Frente Unidad Justicialista terminó acompañando el desafuero de Ariel Rosendo y dejó que la Justicia continuara su camino.
Hoy, en la oposición, el Partido Justicialista rechaza públicamente avanzar sobre los fueros de Joaquín Beltrán y denuncia persecución política.
Puede existir una explicación jurídica.
Que la den.
Puede existir una diferencia procesal.
Que la expliquen.
Puede existir una vulneración concreta de garantías.
Que la demuestren.
Pero lo que no puede evitarse es la comparación.
Porque la memoria también forma parte de la política.
Y entonces quedan tres preguntas sencillas que el albertismo debería contestar:
¿QUÉ CAMBIÓ ENTRE ROSENDO Y BELTRÁN?
¿CAMBIÓ EL DERECHO, CAMBIÓ EL CRITERIO O CAMBIÓ LA CONVENIENCIA POLÍTICA?
Y fundamentalmente:
SI AYER LOS FUEROS NO PODÍAN SER UN ESCUDO, ¿POR QUÉ HOY DEBERÍAN SERLO?
