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Por Gustavo Thompson.
Privatizaciones, concesiones extraordinarias, grandes contratistas del Estado, sociedades privadas y vínculos familiares atraviesan más de tres décadas de historia puntana.
Los documentos no permiten afirmar que exista una sociedad oculta entre todos sus protagonistas.
Pero las conexiones comprobadas son suficientes para formular una pregunta que San Luis merece responder.
Durante más de treinta años, San Luis discutió la política mirando casi siempre a los mismos protagonistas.
Gobernadores, elecciones, internas, alianzas y rupturas ocuparon el centro de la escena.
Quizás haya llegado el momento de mirar otro lugar.
Las sociedades.
Los contratos.
Las concesiones.
Las empresas que crecieron alrededor del Estado.
Y, fundamentalmente, quiénes hicieron negocios con los servicios esenciales de una provincia gobernada durante buena parte de ese período por Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
Cuando comenzamos esta investigación buscábamos responder una pregunta relativamente sencilla: ¿qué había detrás de EDESAL?
La respuesta nos llevó a Rovella.
Después seguimos el gas.
Apareció Ecogas.
Seguimos su estructura empresaria y apareció Tomasevich.
Y cuando comenzamos a mirar las sociedades directamente vinculadas al universo privado de Adolfo Rodríguez Saá apareció otro nombre:
Gisela Vartalitis la protagonista de la ruptura de la familia que llevaron a destrozar el PJ.
No estamos frente a una prueba que permita decir que todos fueron socios.
Pero tampoco estamos ya frente a una colección de nombres sin relación entre sí.
Estamos frente a un mapa con un dibujho inteligente que derivo a gente millonaria al punto de no saber explicar como la han hecho.
EL PUNTO DE PARTIDA: UNA DECISIÓN DE ADOLFO QUE ATRAVIESA GENERACIONES
La historia de EDESAL comienza políticamente durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá.
En 1992 San Luis avanzó con la privatización de su sistema eléctrico y, en marzo de 1993, EDESAL comenzó a operar.
Pero aquella decisión tenía una particularidad extraordinaria:
LA CONCESIÓN FUE OTORGADA POR 95 AÑOS.
Una decisión tomada en los primeros años de la década del noventa proyectó sus efectos sobre generaciones de puntanos que ni siquiera habían nacido.
La privatización tuvo inicialmente como protagonistas a estructuras relacionadas con Exxel Group y Unión Fenosa.
Y ya en 1997 existían cuestionamientos públicos sobre aquel proceso. La Nación publicó entonces una investigación titulada “Relacionan al grupo Exxel con Rodríguez Saá”, recogiendo denuncias políticas de aquella época. Aquellas acusaciones no constituyen prueba de propiedad de Adolfo sobre EDESAL, pero demuestran que los interrogantes alrededor de la privatización comenzaron prácticamente desde su nacimiento.
Pasaron los años.
Cambió la estructura empresaria.
Cambió el país.
Pero EDESAL continuó.
Hasta que apareció un apellido profundamente conocido dentro de la obra pública puntana:
ROVELLA.
EL CONTRATISTA QUE TERMINÓ EN LA DISTRIBUIDORA
En 2011 Rovella Carranza avanzó sobre EDESAL y posteriormente la operación quedó perfeccionada mediante la estructura de EDESAL Holding.
El dato merece detenerse.
Una empresa con una extensa trayectoria como contratista de obra pública terminó controlando la distribuidora eléctrica provincial cuya concesión había nacido durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá.
Esto no convierte a los Rodríguez Saá en propietarios de EDESAL.
Pero constituye una secuencia histórica imposible de ignorar:
Adolfo Rodríguez Saá → privatización → EDESAL → sucesivos propietarios → Rovella Carranza (la constructora que era monopolio de obras en la era Adolfo Rodriguez Saá).
Y cuando investigamos quién era Mario Rovella encontramos otro dato fundamental.
Documentación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia identificaba en 2016 a Mario Ludovico Rovella con el 80% de Rovella Carranza y el 86% de SE.MI. S.A., además de participaciones en otras compañías.
Ese documento permite unir societariamente, al menos para aquel período, dos nombres esenciales de nuestra investigación:
Rovella Carranza y SE.MI.
Y SE.MI. nos lleva directamente al gas.
DEL CABLE A LA CAÑERÍA
Cuando comenzamos a reconstruir las obras gasíferas de San Luis descubrimos que SE.MI. no solamente participaba de grandes proyectos provinciales.
La propia Ecogas la incluye dentro de sus empresas constructoras habilitadas en San Luis.
Y aparece un apellido inequívoco:
AGUSTÍN ROVELLA.
SE.MI. figura habilitada para importantes categorías de infraestructura gasífera.
Además, durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá encontramos a SEMISA participando de obras concretas.
En La Toma, por ejemplo, una UTE integrada por Energía San Luis SAPEM, Lumma y SEMISA ejecutó una ampliación de la red de gas natural financiada por la Provincia.
Y Ecogas aparece también dentro del funcionamiento posterior del sistema mediante convenios destinados a las conexiones.
Ahí tenemos una conexión perfectamente documentable:
Estado provincial → obra pública → SEMISA/universo Rovella → infraestructura gasífera → sistema Ecogas.
No significa que Rovella sea propietario de Ecogas.
Significa algo diferente:
el universo Rovella también llegó al negocio de la infraestructura relacionada con el gas.
Y EN ECOGAS APARECE TOMASEVICH
Fue entonces cuando encontramos posiblemente una de las conexiones más sensibles de toda esta historia.
En 2014 se produjo un cambio empresario en las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana.
Entre los inversores que participaron de aquella operación estaba:
FEDERICO TOMASEVICH.
El empresario del Grupo Puente ingresaba así al universo empresario de Ecogas.
Y Gas Cuyana era —y continúa siendo— la distribuidora correspondiente a San Luis.
Hasta ahí podríamos estar frente a una operación empresarial absolutamente normal.
El problema periodísticamente interesante aparece cuando miramos el apellido.
Federico es hermano de:
FELIPE TOMASEVICH.
Y Felipe no era un ciudadano alejado del poder político puntano.
Fue funcionario provincial y posteriormente ocupó uno de los cargos más importantes del gobierno de Alberto Rodríguez Saá:
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
La coincidencia temporal merece ser investigada, no prejuzgada.
Mientras Federico participaba económicamente del universo propietario de Ecogas, su hermano desarrollaba funciones dentro del Estado de una provincia atendida precisamente por esa distribuidora.
Hasta ahora no encontramos documentación que pruebe que Felipe haya favorecido a Ecogas ni que haya tenido participación accionaria en ella.
Pero una investigación periodística seria tiene la obligación de revisar qué expedientes, convenios, obras o decisiones relacionadas con gas atravesaron sus áreas de competencia durante aquel período.
Porque los conflictos de intereses no se determinan por parentescos.
Se determinan estudiando decisiones.
Y AHORA, GISELA VARTALITIS
La aparición de Vartalitis introduce una dimensión diferente.
Porque ya no estamos observando únicamente empresarios relacionados contractualmente con el Estado.
Estamos entrando en el universo societario privado directamente relacionado con Adolfo Rodríguez Saá.
Hasta el momento no encontramos a Gisela Vartalitis como accionista de EDESAL.
Tampoco de Ecogas.
Ni encontramos elementos que permitan ubicarla como propietaria de Rovella Carranza o SEMISA.
Eso debe quedar expresamente aclarado.
Pero Vartalitis sí desarrolla actividad societaria propia y aparece compartiendo estructuras privadas con Adolfo Rodríguez Saá.
Y ahí la investigación adquiere otra profundidad.
DEL PODER POLÍTICO AL UNIVERSO PRIVADO
Gisela Vartalitis aparece en diferentes sociedades comerciales.
Y existen registros donde ella y Adolfo Rodríguez Saá ocupan conjuntamente cargos societarios.
Esto resulta importante porque permite comenzar a estudiar algo que durante décadas recibió mucho menos escrutinio que la actividad política de los hermanos:
SU ENTORNO EMPRESARIAL Y PATRIMONIAL.
Vartalitis también aparece vinculada a otras compañías y operaciones societarias recientes.
Por sí solo, nada de eso implica irregularidad alguna.
Tener sociedades, invertir o desarrollar actividades empresariales es perfectamente legítimo pero siempre vinculados al estado.
La relevancia aparece cuando el periodismo empieza a cruzar ese universo privado con treinta años de decisiones públicas, concesiones, contratistas y servicios regulados.
Y existe un antecedente que inevitablemente forma parte de ese análisis.
LOS $80 MILLONES QUE YA HABÍAN PUESTO A VARTALITIS EN EL CENTRO DE LA ESCENA
En 2017 el nombre de Gisela Vartalitis adquirió dimensión nacional por el caso de la Fundación Mujeres Puntanas.
Vartalitis presidía aquella entidad.
Adolfo Rodríguez Saá había participado de su creación.
Y durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá la fundación recibió $80 millones del Estado provincial, episodio que generó una fuerte controversia pública y fue investigado periodísticamente por medios nacionales, causa que fue cajoneada por el propio denunciante ¿casual o causal?.
Nuevamente:
esto no vincula a Vartalitis con Ecogas.
Tampoco con EDESAL.
Pero demuestra que la relación entre estructuras privadas del entorno de Adolfo y decisiones económicas del Estado gobernado por Alberto no es una pregunta inventada hoy.
Ya tuvo antecedentes públicos.
CUATRO APELLIDOS Y DOS SERVICIOS ESENCIALES
Ahora coloquemos todo sobre una misma mesa.
Por un lado:
RODRÍGUEZ SAÁ.
El poder político que atravesó décadas de historia provincial y bajo cuyo gobierno se privatizó EDESAL.
Por otro:
ROVELLA.
Histórico universo empresario de obra pública que posteriormente llegó al control de EDESAL y que mediante SE.MI./SEMISA también aparece relacionado con infraestructura gasífera.
Después:
TOMASEVICH.
Federico participando empresarialmente del universo Ecogas mientras su hermano Felipe desarrollaba una importante carrera dentro del Estado provincial y posteriormente condujo Obras Públicas.
Y finalmente:
GISELA VARTALITIS.
Integrante del universo privado y societario directamente relacionado con Adolfo Rodríguez Saá, cuya actividad empresarial merece ser cruzada con las restantes sociedades.
¿Esto prueba que los cuatro formaron parte de una misma organización económica?
NO.
Y cualquier publicación responsable debe decirlo claramente.
Pero también existe otra pregunta:
¿ES RAZONABLE NO INVESTIGARLO?
La respuesta también es no.
EL ERROR SERÍA BUSCAR UNA ÚNICA SOCIEDAD
Quizás llevamos años buscando estas historias de manera equivocada.
Esperamos encontrar una escritura donde aparezcan todos juntos.
Un balance.
Una sociedad.
Un directorio.
Un documento mágico que diga quién es socio de quién.
Los grandes entramados económicos modernos rara vez funcionan de una manera tan sencilla.
Existen sociedades controlantes.
UTE.
Fondos de inversión.
Contratistas.
Subcontratistas.
Concesionarios.
SAPEM.
Sociedades familiares.
Compras y ventas de participaciones.
Fideicomisos.
Financiamiento.
Y personas que entran y salen de las compañías.
Por eso investigar quién se benefició del modelo económico construido alrededor del Estado puntano exige reconstruir la película completa y no solamente una fotografía societaria actual.
EL MAPA DEL PODER
La pregunta central ya no debería ser:
“¿EDESAL es de los Rodríguez Saá?”
Ni tampoco:
“¿Ecogas es de los Rodríguez Saá?”
Porque hasta ahora no tenemos documentación que permita responder afirmativamente ninguna de las dos.
La verdadera pregunta es mucho más profunda:
¿QUIÉNES CONSTRUYERON, FINANCIARON Y CAPITALIZARON EL MODELO DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENERGÍA Y OBRA PÚBLICA DE SAN LUIS DURANTE MÁS DE TRES DÉCADAS?
Ahí empieza otra historia.
Porque el Estado tomó las decisiones.
El Estado entregó concesiones. CON EL DEDO.
El Estado licitó.
El Estado contrató.
El Estado construyó infraestructura.
Y empresas privadas hicieron negocios legítimos alrededor de esas decisiones.
La obligación periodística consiste en determinar quiénes fueron, cuánto recibieron, cómo fueron seleccionados y qué relaciones tenían con quienes decidían.
NO BUSCAMOS CULPABLES. BUSCAMOS BENEFICIARIOS Y COMO LA HICERON
Esa diferencia es fundamental.
Una empresa puede ganar millones con el Estado y no cometer ningún delito.
Un empresario puede ser amigo de un gobernador sin que exista irregularidad.
El hermano de un funcionario puede invertir en una compañía regulada sin que automáticamente exista incompatibilidad.
La pareja de un dirigente político puede tener sociedades perfectamente legítimas.
El periodismo no debe convertir relaciones en condenas.
Pero tampoco puede aceptar que las relaciones de poder sean invisibles.
Debe preguntar.
Debe cruzar documentos.
Debe seguir el dinero.
Y debe diferenciar siempre lo demostrado de lo sospechado.
AHORA HAY QUE ABRIR LAS CAJAS
La próxima etapa de esta investigación no necesita más rumores.
Necesita documentos.
Los libros societarios completos de EDESAL y sus controlantes.
La historia accionaria de Ecogas.
La participación exacta de Federico Tomasevich y su salida.
Los expedientes provinciales relacionados con Ecogas durante los años en que Felipe Tomasevich fue funcionario.
Cada contrato adjudicado a Rovella Carranza y SEMISA.
Las UTE.
Las redeterminaciones.
Las ampliaciones de obra.
Energía San Luis SAPEM.
Y finalmente, todas las sociedades de Gisela Vartalitis y Adolfo Rodríguez Saá, cruzando accionistas, directores, apoderados y sociedades relacionadas.
Ahí puede aparecer una conexión.
O puede demostrarse definitivamente que no existe.
Ambas respuestas tienen valor periodístico.
LA HISTORIA TODAVÍA NO TERMINÓ
Después de treinta años, algunos documentos comienzan a formar una imagen.
EDESAL.
ECOGAS.
ROVELLA.
TOMASEVICH.
GISELA VARTALITIS.
Y atravesando diferentes capítulos:
LOS RODRÍGUEZ SAÁ.
LAS NUEVAS EMPRESAS QUE FORMARON… ¿LOS PALOS BLANCOS?
No alcanza para hablar de una sociedad secreta.
Pero sobra para justificar una investigación.
Porque quizás el verdadero legado económico de una etapa política no se encuentre solamente en las rutas, edificios o monumentos que dejó.
Quizás también esté en las empresas que crecieron, las concesiones que sobrevivieron, los contratos que se adjudicaron y los patrimonios privados que se construyeron alrededor de aquel modelo.
San Luis discutió durante décadas quién tenía el poder político.
Ahora corresponde formular una pregunta diferente:
¿QUIÉN TUVO EL PODER ECONÓMICO?
Y, sobre todo:
¿QUIÉNES FUERON LOS GRANDES BENEFICIARIOS DE LA ERA RODRÍGUEZ SAÁ?
Esa respuesta no debería escribirse con sospechas.
Debe escribirse con documentos.
Y esa es precisamente la investigación que recién comienza para que los jóvenes conozcan el pédrigue de los ocotgenarios que pretenden volver.
