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Por Gustavo Thompson.
La compulsa política entra en terreno familiar.
El diario vinculado al albertismo apunta contra los hijos de Claudio Poggi, mientras el diputado Pipi Alí redobla su ofensiva judicial.
Del otro lado, la causa Molino Fénix sigue sumando acusados y abre interrogantes sobre las responsabilidades políticas de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
¿Se terminó el acuerdo tácito de no tocar a las familias?
San Luis parece ingresar en una de las etapas más calientes de su historia política reciente.
Lo que hasta hace poco eran enfrentamientos, acusaciones y denuncias entre dirigentes comienza a extenderse hacia sus círculos familiares.
Y cuando eso sucede, las reglas no escritas de la política parecen quedar definitivamente en discusión.
En las últimas horas sorprendió la publicación de una grave denuncia en El Diario de la República, medio históricamente vinculado a Alberto Rodríguez Saá, donde se reproducen acusaciones que alcanzan a los hijos del gobernador Claudio Poggi.
La ofensiva tiene como protagonista al diputado nacional Ernesto «Pipi» Alí, quien amplió su denuncia contra el mandatario provincial por presuntas irregularidades patrimoniales.
La presentación incorpora información sobre inmuebles registrados a nombre de familiares de Poggi, cuya procedencia y adquisición el denunciante pretende que sean investigadas.
No se trata de delitos acreditados, sino de acusaciones que deberán atravesar el correspondiente proceso judicial.
Sin embargo, el impacto político es evidente: la confrontación ya no se limita al gobernador, sino que alcanza a su familia.
MOLINO FÉNIX: LA JUSTICIA AVANZA Y EL CERCO POLÍTICO SE AGRANDA
Mientras el albertismo intensifica sus cuestionamientos contra Poggi, la investigación por presunta corrupción en el Molino Fénix continúa avanzando sobre funcionarios y personas vinculadas con la administración anterior.
La causa, que tiene a Anabela Lucero en prisión preventiva, incorporó cuatro nuevos sospechosos y ya alcanza a diez personas investigadas.
La Fiscalía intenta esclarecer presuntas maniobras de desvío de fondos públicos, con un perjuicio económico estimado provisoriamente en 900 millones de pesos.
En este escenario aparece un interrogante político inevitable: ¿hasta dónde llegará la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios superiores del gobierno de Alberto Rodríguez Saá?
Uno de los nombres sobre los que podrían concentrarse las preguntas políticas es el de Micky Berardo, exsecretario general de la Gobernación.
Sería el misterioso quinto acusado en la causa Molino Fenix.
Por ahora, no hay información judicial confirmada que permita asegurar que será citado o imputado en esta causa.
Pero la pregunta sobre las responsabilidades de quienes integraban la conducción política del gobierno anterior permanece abierta.
Lo cierto es que los aprietes por parte del Albertismo ya están mecanizados y van por el Gobernador y su familia, situación que, hasta el momento, el mismo Gobernador no incursiono en la familia del mismo Alberto Rodriguez Saá.
«CON LOS HIJOS NO HAY QUE METERSE»: ¿SE TERMINÓ EL CÓDIGO?
Durante años, en la política provincial pareció existir una regla no escrita: las disputas podían ser feroces, pero las familias debían permanecer al margen.
Hoy esa frontera parece desdibujarse.
La denuncia impulsada por Alí y su repercusión en el diario vinculado al albertismo instalan un escenario completamente diferente.
Y aquí surge una contradicción que merece ser analizada.
Mientras los hijos de Poggi aparecen mencionados en denuncias patrimoniales, el hijo de Alberto Rodríguez Saá no enfrenta, según la información judicial conocida, una situación equivalente en la causa Molino Fénix por ejemplo, entre otros temas no menos importantes.
Tampoco se ha informado una citación penal del exgobernador en ese expediente.
Esto no demuestra que ambos deban ser investigados penalmente: para ello se necesitan elementos concretos.
Pero sí habilita una pregunta sobre los límites de las responsabilidades políticas y administrativas durante la gestión anterior.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes ejecutaron las decisiones y dónde comienza la de quienes conducían políticamente el gobierno?
Hasta ahora desfilan en tribunales los 4 de copa y no los que manejaban realmente las firmas digitales.
¿SE VIENE EL VUELTO POLÍTICO?
La nueva ofensiva judicial contra Poggi podría tener consecuencias difíciles de calcular.
En un escenario de confrontación creciente, no sería extraño que sectores del oficialismo reclamaran profundizar las investigaciones sobre antiguos funcionarios y sobre las responsabilidades de la conducción albertista.
Incluso podrían surgir nuevos cuestionamientos políticos dirigidos al propio Alberto Rodríguez Saá y a su entorno familiar.
Pero una cosa es la hipótesis de una represalia política y otra, muy diferente, la existencia de pruebas que justifiquen una investigación penal.
Lo que comienza a perfilarse es una pulseada encarnizada mediática que desgasta y, donde, cada avance judicial puede convertirse en un nuevo capítulo del enfrentamiento entre dos estructuras de poder.
El problema para ambos sectores es que, una vez abierta esta etapa, nadie puede garantizar hasta dónde llegará.
ALBERTO Y POGGI: UNA COMPULSA QUE PUEDE TERMINAR EN LOS TRIBUNALES
El dato político más significativo no es solamente que Alí haya ampliado su denuncia ni que Molino Fénix incorpore nuevos sospechosos.
Lo verdaderamente trascendente es la simultaneidad de los acontecimientos.
Mientras la Justicia provincial profundiza las investigaciones sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Rodríguez Saá, desde el sector opositor se impulsa una ofensiva judicial que apunta al patrimonio del actual gobernador y de su familia.
¿Casualidad, reacción política o una estrategia de confrontación cada vez más agresiva?
BUSCA DESESTABILIZAR LA PAZ SOCIAL EN SAN LUIS
Por ahora no existen pruebas suficientes para afirmar que haya habido un pacto de impunidad entre ambos sectores.
Sin embargo, los acontecimientos alimentan la interpretación política de que se está quebrando un antiguo código de convivencia entre adversarios.
Si ese código efectivamente existió, hoy parece estar atravesando su momento más crítico.
SAN LUIS ANTE UN FINAL IMPREDECIBLE
La política puntana podría estar ingresando en un terreno donde los enfrentamientos dejan de tener límites tradicionales.
Poggi enfrenta denuncias que deberán ser investigadas. El albertismo observa cómo avanzan causas por presunta corrupción durante su administración. Y las familias comienzan a ocupar un lugar que hasta ahora parecía reservado exclusivamente a los dirigentes.
El riesgo es que la Justicia termine convertida en el escenario central de una guerra política donde cada sector busque responder a las acusaciones del adversario.
Pero también existe otra posibilidad: que las investigaciones avancen con independencia, alcancen a todos aquellos respecto de quienes existan pruebas y permitan esclarecer responsabilidades sin distinciones partidarias.
Porque si realmente se rompió el pacto de impunidad, la Justicia no debería tener protegidos de ningún lado.
Ni funcionarios actuales. Ni exfuncionarios. Ni familiares, cuando existan elementos concretos que justifiquen investigarlos.
San Luis se aproxima a tiempos de enorme tensión política.
Y queda flotando una pregunta que hasta hace poco parecía impensada:
¿SE ROMPIÓ EL PACTO DE IMPUNIDAD O COMENZÓ UNA GUERRA JUDICIAL EN LA QUE NADIE QUIERE SER EL PRÓXIMO EN CAER?
