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Por Gustavo Thompson.
FOTOMULTAS: ENTRE LAS SOSPECHAS, LAS ACUSACIONES SIN DEMOSTRAR Y LA DECISIÓN DEL INTENDENTE DE RESCINDIR EL CONVENIO
Hay una diferencia enorme entre ejercer el derecho ciudadano a pedir información pública y utilizar ese derecho como plataforma para instalar sospechas sobre una administración municipal.
La intervención pública del «abogado» Rubén Lemos, desde nuestra interpretación, se inscribe en una confrontación política dirigida contra la gestión de Maxi Frontera.
Ruben Lemos a parte de ser un ciudadano es un histórico militante político enrolado abiertamente al albertismo de la mano de Orlando «Palomo el seis casas» Grillo, Lemos siempre sostuvo perfil bajo y, sin lugar a dudas, se vio presionado por su conductor para salir públicamente a cuestionar, SIN PRUEBAS, al Intendente Maximiliano Frontera.
Lemos construye su exposición alrededor de interrogantes, documentos cuya autenticidad reconoce no haber comprobado, cálculos económicos estimativos y presuntas triangulaciones que no logra acreditar.
Y aquí aparece lo verdaderamente llamativo: siendo abogado, debería conocer mejor que nadie la distancia que separa una sospecha de una prueba, primera prueba de que sus inteciones son meramente política.
No alcanza con decir que algo resulta curioso.
No alcanza con insinuar que podrían existir negocios detrás de un convenio.
Y mucho menos alcanza con realizar una multiplicación sobre multas supuestamente emitidas para presentar cifras millonarias sin acreditar cuánto dinero ingresó efectivamente.
Existe una gran diferencia en la cantidad de multas emitidas y cantidad de multas cobradas, el «abogado» presume cifras ¿no es demasiado grosero y de baja calidad devenido de un abogado?.
Cuatro mil multas labradas no son cuatro mil multas cobradas.
Una estimación no es una auditoría.
Y una sospecha no es una sentencia.
EL DATO QUE NO PUEDE IGNORARSE
Mientras Lemos difundía sus cuestionamientos, la propia administración municipal había detectado incumplimientos de CECAITRA.
¿dónde vive Lemos?, ¿en un frasco?.
Ahora sale Lemos a cuestionar a un compañero ¿Por qué nunca lo hizo durante la gestión de Alberto Rodriguez Saá que vomitaba corrupción por donde mirabas?.
Hablamos de compañero porque se suponía que Lemos es un militante con base doctrinaria y estaba apartado de las mediocridades.
El 28 de octubre, el fiscal municipal Enrique Gargiulo elevó un informe sobre irregularidades en las notificaciones.
Posteriormente, el municipio anunció la rescisión del convenio y decidió asumir directamente la administración del sistema.
Hubo más de mil descargos de vecinos.
Existieron problemas reales que afectaron derechos de los conductores y que exigían una respuesta.
Frontera tenía una responsabilidad administrativa y tomó una decisión concreta: terminar el vínculo con la entidad que incumplía sus obligaciones.
Eso no elimina la necesidad de explicar las condiciones originales del convenio, pero tampoco permite convertir automáticamente los incumplimientos detectados en una acusación de corrupción contra el intendente.
EL ALBERTISMO Y LA DISPUTA POLÍTICA
La controversia tampoco puede analizarse al margen del escenario político de Villa Mercedes.
Desde La Línea interpretamos la intervención de Lemos como parte de una ofensiva discursiva contra Frontera.
La relación política que se le atribuye con Orlando Palomo Grillo, histórico hombre del entorno de Alberto Rodríguez Saá, merece ser documentada para establecer su verdadero alcance.
Lo que sí puede examinarse directamente es el contenido del mensaje: las insinuaciones económicas ocupan un lugar central, mientras las pruebas concretas de una maniobra ilícita no aparecen en la exposición.
La crítica es un derecho.
La transparencia es una obligación.
Pero convertir hipótesis en certezas públicas exige pruebas que todavía no fueron exhibidas.
Lemos no la va a sacar barata y su obsecuencia le traerá dolores de cabeza a él y a Grillo, viejos complices de la corrupción en San Luis y ahora parecen como contralor del absurdo.
UNA COSA ES CONTROLAR Y OTRA ES CONDENAR DESDE UN VIDEO
Lemos sostiene que todas las multas serían nulas porque desconoce la documentación técnica de los dispositivos.
Pero no conocer un certificado no significa que ese certificado no exista.
Existen procesos administrativos, como fuere los porcentajes que cuestiona hay un mecanismo administrativo este de acuerdo o no Lemos y todo pasa por el Honorable Concejo Deliberante.
La Municipalidad, por su parte, afirmó que los equipos están homologados y que la Ordenanza 1347 continúa vigente.
También deben revisarse las infracciones afectadas por notificaciones defectuosas.
Defender la legalidad del sistema no significa desconocer los derechos de los automovilistas.
Lo que resulta cuestionable es proclamar una nulidad general sin haber demostrado los presupuestos jurídicos necesarios.
FRONTERA Y LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR
La decisión municipal de rescindir el convenio no debe confundirse con una absolución de todos los interrogantes administrativos.
Pero constituye un hecho verificable que merece incorporarse al debate: frente a incumplimientos detectados, la gestión decidió modificar el esquema y asumir directamente el servicio.
El sistema de control vial tiene una finalidad que no debería perderse en la disputa política: prevenir infracciones, reducir riesgos y proteger vidas.
El desafío ahora es demostrar que puede funcionar con transparencia, procedimientos legales y garantías para cada vecino.
INTENTAN BAJAR AL LODO A FRONTERA Y NO LO LOGRAN
Frente a una controversia en la que las insinuaciones más graves todavía no han sido acreditadas.
Rubén Lemos tiene derecho a preguntar, investigar y cuestionar.
El municipio tiene la obligación de responder y transparentar sus decisiones.
Pero si alguien pretende sostener que detrás del sistema existieron triangulaciones, beneficios indebidos o corrupción, debe presentar los elementos que permitan demostrarlo.
Porque las sospechas pueden alimentar una polémica, pero no reemplazan las pruebas.
Es grave lo que provoca Lemos y es parte de la vieja metología, mentes setentistas con tufillo mafioso que no entran en razón y no asumen que el tiempo se les termino.
En una ciudad que necesita discutir seguridad vial, transparencia y gestión pública, el debate merece algo más que acusaciones construidas sobre posibilidades y sospechas.
La política puede intentar llevar una controversia al barro.
La responsabilidad de quienes gobiernan y de quienes denuncian es mantenerla en el terreno de los hechos.
Continuaremos con las sospechas de corrupción de Orlando Grillo y Ruben Lemos cuando fueron funcionarios del Gobierno de Alberto Rodriguez Saá en el ministerio de Vivienda que habrían facilitado viviendas sociales a mujeres bajo relaciones no santas (habrían videos de muejres despechadas con ganas de hablar).
