Por Gustavo Thompson.
Los concejales albertistas intentan convertir una denuncia todavía no resuelta en una condena pública contra Gastón Hissa y Laura Sánchez.
Investigar corresponde.
Sentenciar desde una banca, mientras se oculta el pasado del espacio que representan, es otra cosa.
Es como observar groseramente como los maestros de la corrupción en San Luis hoy denuncian migas ante los banquetes que se llevaron por 40 años.
ASI LO VE EL INTERIOR.
Hay denuncias que buscan transparencia.
Y hay denuncias que parecen construidas para generar una escena política.
El caso de las facturas eléctricas vinculadas al complejo Suela 13 debe ser investigado, documentado y explicado hasta el último peso.
Nadie debería pedir impunidad ni silencio.
Pero tampoco corresponde transformar una presentación judicial todavía en etapa inicial en una sentencia anticipada contra el intendente Gastón Hissa y la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez.
La denuncia sostiene que la Municipalidad habría pagado facturas de electricidad correspondientes al complejo privado y estima provisoriamente un perjuicio superior a cinco millones de pesos.
También atribuye posibles delitos a Hissa, Sánchez y funcionarias municipales.
Hasta ahora, sin embargo, esas figuras penales constituyen acusaciones de los denunciantes, no responsabilidades determinadas por una sentencia judicial.
Investíguese.
Ábranse los expedientes.
Muéstrense las órdenes de pago.
Determínese quién autorizó cada factura, si existió un error administrativo, si hubo un reintegro y qué responsabilidad le corresponde a cada persona.
Pero mientras la Justicia hace su trabajo, también tenemos derecho a observar quiénes montan el escenario de indignación.
Una indignación demasiado selectiva
Los concejales identificados con el albertismo pretenden ocupar hoy el lugar de custodios de la ética pública.
Hablan como si la historia política de San Luis hubiera comenzado con diez boletas de luz.
No comenzó allí.
La gestión anterior ya registra dos exfuncionarios condenados por delitos contra la administración pública.
El exministro de Seguridad Claudio Latini fue condenado por peculado e inhabilitado para ejercer cargos públicos; la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez fue condenada por negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionaria, por operaciones con fondos estatales vinculadas al San Luis Fútbol Club.
A eso se agregan investigaciones abiertas contra otros exfuncionarios.
Luciano Anastasi, Ernesto Alí y otros exintendentes quedaron sujetos a medidas judiciales dentro de una causa por presuntas irregularidades en convenios de obras que, según la Fiscalía, recibieron adelantos de dinero, no se ejecutaron y no tuvieron rendición de cuentas. Las responsabilidades todavía deben resolverse, pero los expedientes existen y la investigación avanzó.
Los concejales de San Luis se equivocan porque por unas boletas de luz abren la caja de pandora de los Rodriguez Saá.
¿Quiénes son los verdaderos mega corruptos de San Luis?.
Seguimos, también se solicitó la imputación del exministro Nicolás Anzulovich por presunto enriquecimiento ilícito, a partir del análisis de la evolución de su patrimonio entre 2019 y 2023. Esa solicitud no equivale a una condena, pero vuelve insostenible la representación de un albertismo sin antecedentes ni cuentas pendientes.
Por eso la pregunta es inevitable:
¿Con qué autoridad política intentan presentarse ahora como una fuerza recién llegada, libre de historia, responsabilidades y contradicciones?
Una cosa es denunciar; otra, utilizar la Justicia como escenario
No cuestionamos el derecho de los concejales a denunciar.
Si creen tener documentación, hicieron bien en recurrir a la Justicia.
Lo cuestionable es el modo.
El volumen del espectáculo.
La condena mediática anticipada.
La pretensión de instalar que una denuncia equivale automáticamente a corrupción comprobada.
Ese método resulta especialmente llamativo cuando proviene de representantes de un espacio que gobernó la provincia durante décadas y que todavía debe explicar decisiones, administraciones y herencias institucionales mucho más amplias.
La moral pública no puede funcionar como un interruptor que se enciende únicamente cuando el denunciado pertenece al adversario.
¿Dónde estuvieron ante los grandes debates provinciales?
San Luis perdió más de 113.000 hectáreas de cubierta forestal entre 2016 y 2021, de acuerdo con datos difundidos a partir de relevamientos ambientales.
Otra estimación señala que 76.379 hectáreas fueron desmontadas en zonas protegidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos.
Es una crisis ambiental de enorme escala, aunque no corresponde atribuir automáticamente cada hectárea perdida a un delito o a una sola gestión sin una investigación específica.
¿Dónde estuvo entonces la indignación estructural?
¿Dónde estuvieron los pedidos de explicaciones permanentes?
¿Dónde estuvieron las bancas convertidas en tribunas morales?
El Río Quinto también acumula interrogantes sobre extracción de áridos, contaminación, efluentes, modificaciones del cauce y ausencia de información ambiental suficientemente accesible.
La discusión ya superó una actividad puntual y se convirtió en un reclamo de gobernanza, monitoreo y transparencia.
No todas esas afirmaciones están probadas, pero precisamente por eso corresponde pedir informes técnicos, no utilizar el ambiente solamente cuando ofrece una ventaja partidaria.
También permanecen dudas alrededor de la identificación forense de los restos atribuidos a Juan Crisóstomo Lafinur.
Existe una certeza histórica y administrativa sobre la repatriación realizada en 2007, pero la nota publicada por este medio señaló la ausencia de una comprobación genética o forense definitiva.
Esa falta de certeza no prueba una sustitución, aunque sí justifica pedir documentación y rigor científico antes de convertir un acto estatal en verdad incuestionable.
La promoción industrial también merece una revisión adulta, fue una decisión política anticipada sabiendo que la destrucción ambiental del Río Quinto sería un hecho. Fue decisión de Adolfo Rodriguez Saá, lo sabía y siguió adelante por guita.
La radicación industrial transformó la economía de San Luis y generó miles de empleos.
Negarlo sería tan absurdo como idealizar todo el proceso.
Después de décadas de beneficios fiscales, cesiones, infraestructura pública e incentivos, la provincia todavía debe evaluar qué empresas cumplieron, cuáles abandonaron predios, cuáles mantuvieron los compromisos laborales y ambientales y cuánto patrimonio público quedó ocioso.
El propio Gobierno provincial realizó un relevamiento de parques industriales que detectó terrenos vacíos, ocupados irregularmente o en desuso, y buscó actualizar la situación jurídica, productiva y ambiental de las empresas. Eso demuestra que el legado industrial no puede reducirse a propaganda: también necesita control, balance y rendición de cuentas.
Preguntar por esos procesos no significa negar sus beneficios.
Significa dejar de administrar la historia como si fuera propiedad de una familia política.
Ni impunidad ni circo
Gastón Hissa y Laura Sánchez deben brindar todas las explicaciones necesarias.
No necesitan una defensa basada en ocultar documentos.
Necesitan transparencia.
Pero también merecen las garantías que corresponden a cualquier ciudadano: investigación seria, derecho a responder y ausencia de condenas anticipadas.
Defenderlos no implica asegurar que nada ocurrió.
Implica rechazar que los concejales albertistas utilicen una denuncia en trámite para representar una superioridad ética que su propia historia política no les concede.
Si las facturas fueron pagadas incorrectamente, que se determine la responsabilidad.
Si existió un error, que se corrija y se informe.
Si hubo reintegro, que se exhiba el comprobante.
Y si se acredita un delito, que responda quien corresponda.
Pero no aceptemos que quienes guardaron silencio frente a problemas públicos mucho mayores se disfracen ahora de fiscales de la República por conveniencia electoral.
La memoria también es una forma de justicia
San Luis necesita instituciones que investiguen al oficialismo y a la oposición con la misma intensidad.
Necesita concejales que controlen, pero también dirigentes capaces de reconocer el pasado del espacio al que pertenecen.
Porque la ética no comienza cuando se pierde el poder.
La transparencia no puede aparecer únicamente cuando el acusado es otro.
Y la honestidad institucional no se declama desde una banca: se demuestra sosteniendo el mismo criterio ante amigos, adversarios y exfuncionarios propios.
Por eso, frente al espectáculo montado alrededor de unas boletas eléctricas, la respuesta no debe ser esconder el caso.
Debe ser abrirlo completamente.
Pero también abrir los demás.
Los expedientes del pasado.
Las condenas existentes.
Las causas pendientes.
Los daños ambientales.
Los negocios públicos.
Las obras inconclusas.
Y cada decisión que durante décadas fue protegida por el silencio del poder.
Porque quien pretende convertirse en paladín de la moral debe aceptar primero que la sociedad revise su propia historia.
Y en San Luis, esa historia todavía tiene demasiadas páginas sin explicar.
De cara al 2027 La Línea, diariamente, va a publicar todos los hechos de corrupción de los hermanos Rodriguez Saá (1983-2023), pilares y maestro de lo ajeno en San Luis hoy sus alumnos pretenden ser los carmelitas descalzas del futuro de San Luis.
