Saltar al contenido
Por Gustavo Thompson.
Cuando la respuesta no es explicar, sino intimidar
Hay una pregunta que la sociedad merece hacerse: ¿qué ocurre cuando una investigación periodística sobre recursos públicos termina contestada con una carta documento en lugar de información?
La respuesta excede a HORPAS.
Excede incluso al Río Quinto.
Porque cuando un medio de comunicación recibe una intimación por abordar un tema de interés público, el debate deja de ser entre una empresa y un periodista. Pasa a involucrar a toda la sociedad.
En San Luis Streaming hicimos pública la carta documento recibida por nuestra producción.
Lo hicimos porque creemos que la transparencia también comienza por mostrar aquello que pretende condicionar el ejercicio del periodismo.
No ocultamos la intimación.
La pusimos sobre la mesa para que cada ciudadano saque sus propias conclusiones.
Lo primero que debe quedar claro es que investigar no constituye un delito.
Preguntar cómo se administra un recurso natural, cuánto vale la arena extraída del Río Quinto, cuál es el contenido del convenio celebrado por el Estado, quién autorizó la extracción, cuál fue el estudio de impacto ambiental o cuánto recibe el Estado a cambio, son preguntas legítimas dentro de una democracia.
Ninguna de esas preguntas debería responderse mediante intimidaciones.
Durante el programa recordamos además que las referencias periodísticas efectuadas por este medio no surgieron de rumores ni de invenciones.
Se apoyaron en declaraciones públicas de terceros, en publicaciones de medios nacionales y provinciales y en hechos judiciales de conocimiento público.
El periodismo tiene la obligación de identificar sus fuentes, contextualizar la información y permitir que el público forme su propio juicio.
Eso fue precisamente lo que se hizo.
También quedó planteada una cuestión que merece reflexión.
Si una empresa considera que una información es incorrecta, existen herramientas democráticas para responder.
Puede solicitar una entrevista, pedir ejercer el derecho a réplica, presentar documentación, exhibir contratos, explicar los costos y aportar los antecedentes técnicos que respalden su actuación.
Eso fortalece el debate público.
Elegir como primera respuesta una carta documento produce el efecto contrario: instala un mensaje de advertencia hacia quien investiga.
Nadie en el programa sostuvo que la Justicia deba ser reemplazada por un periodista.
Todo lo contrario.
Se recordó que existen denuncias administrativas, políticas y judiciales relacionadas con el manejo del Río Quinto y que corresponde a los organismos competentes investigar esos hechos.
Mientras tanto, el periodismo tiene la obligación de informar sobre su existencia y seguir preguntando.
Pero quizás la reflexión más profunda de la noche de Polémica en San Luis fue otra.
Durante años la sociedad fue aceptando como normal que quien hace preguntas reciba presiones, amenazas de demandas o cartas documento.
Poco a poco se fue instalando una cultura del silencio.
A eso lo llamamos la naturalización de la cobardía.
No la cobardía de quien firma una carta documento —porque toda persona tiene derecho a defender sus intereses por las vías legales— sino la cobardía colectiva que aparece cuando muchos dejan de preguntar por miedo a las consecuencias.
Una democracia necesita exactamente lo contrario.
Necesita periodistas que investiguen.
Necesita funcionarios que expliquen.
Necesita empresas que respondan.
Necesita ciudadanos que pregunten.
Y necesita comprender que la libertad de expresión no protege únicamente al periodista.
Protege, sobre todo, el derecho de cada ciudadano a acceder a información sobre la utilización de recursos públicos, el ambiente y los actos del Estado.
Por eso esta discusión ya no pertenece solamente a San Luis Streaming.
Pertenece a todos.
Porque cuando una pregunta incómoda se responde con intimidación en lugar de información, el problema deja de ser de un periodista.
Empieza a ser de toda la democracia.
