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Por Gustavo Thompson.
La empresa Horpas vuelve al centro de la escena mientras crecen los pedidos para que el Gobierno provincial haga público el convenio de extracción de arena.
La discusión por la explotación de áridos del Río Quinto acaba de sumar un nuevo capítulo.
Mientras vecinos, ambientalistas y distintos sectores de Villa Mercedes reclaman conocer las condiciones del acuerdo firmado para la extracción de arena, comenzaron a circular antecedentes judiciales vinculados a empresarios que, según diversas publicaciones periodísticas, integran el grupo empresario relacionado con Horpas.
Una publicación de Infobae informó recientemente que la Cámara Federal de Casación rechazó el planteo de dos empresarios para evitar el juicio oral en la denominada causa Cuadernos, una de las investigaciones judiciales más importantes vinculadas a la obra pública en la Argentina.
Más allá del devenir judicial de esa causa —en la que corresponde respetar el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme—, la aparición de esos antecedentes reavivó el debate en Villa Mercedes.
La pregunta ya no es solamente ambiental
La discusión ahora también apunta a los criterios utilizados por el Estado para seleccionar a las empresas que administran recursos naturales de enorme valor económico.
Si la arena del Río Quinto representa millones de pesos y constituye un patrimonio de todos los mercedinos, muchos vecinos se preguntan:
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¿Qué evaluación realizó el Gobierno antes de mantener o celebrar el acuerdo?
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¿Se analizaron los antecedentes públicos de la empresa y de sus responsables?
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¿Por qué no se hace público el convenio?
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¿Cuáles son los controles sobre el volumen de arena que diariamente abandona el río?
Hasta el momento, esas preguntas continúan sin respuestas oficiales suficientemente detalladas.
Transparencia para despejar cualquier duda
Lejos de prejuzgar sobre situaciones judiciales ajenas al convenio, el reclamo apunta a un principio básico de la administración pública: la transparencia.
Cuando el patrimonio natural pertenece a todos, la ciudadanía tiene derecho a conocer:
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qué empresa lo explota;
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bajo qué condiciones;
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cuánto material se extrae;
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cuál es la contraprestación;
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y cuáles son los controles ambientales y económicos.
El gobernador tiene la palabra
Villa Mercedes espera una señal política.
La publicación de todo el expediente administrativo, del convenio completo y de los informes técnicos permitiría despejar dudas y fortalecer la confianza pública.
Cuando existen recursos naturales de enorme valor económico, la mejor respuesta del Estado siempre es la misma:
más información, más controles y más transparencia.
