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Por Gustavo Thompson.
Mientras el debate político suele concentrarse en las disputas partidarias, el diputado provincial Carlos D’Alessandro decidió llevar a la Legislatura un tema que trasciende cualquier bandera política: el estado del Río Quinto y las intervenciones realizadas sobre su cauce durante los últimos diez años.
Lejos de limitarse a una denuncia mediática, el legislador presentó un pedido formal de informes dirigido al Poder Ejecutivo Provincial para conocer, con documentación oficial, qué autorizaciones, estudios técnicos, controles y evaluaciones ambientales se realizaron entre 2016 y 2026 sobre uno de los recursos naturales más importantes de San Luis.
Un pedido que mira más allá de un gobierno
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que no apunta exclusivamente a la actual gestión.
D’Alessandro dejó expresamente establecido que su interés abarca tres administraciones provinciales, entendiendo que el cuidado del Río Quinto constituye una política de Estado y no una cuestión coyuntural.
El objetivo, según explicó, es reconstruir toda la trazabilidad administrativa de las intervenciones realizadas sobre el cauce y determinar si el Estado cumplió con las obligaciones legales de protección ambiental.
La preocupación nació de los vecinos
El diputado explicó que la iniciativa surgió luego de recibir numerosas denuncias de vecinos de Villa Mercedes a través de la plataforma de participación ciudadana dalesanluis.com, donde los ciudadanos pueden realizar presentaciones, denuncias y proponer proyectos.
Pero no se quedó únicamente con esos testimonios.
Antes de impulsar el pedido de informes recorrió personalmente la zona del Río Quinto, observó las tareas que se desarrollaban y verificó la existencia de importantes acopios de áridos extraídos del cauce. Esa constatación fue la que terminó motivando la presentación legislativa.
El eje del debate: la legalidad de las intervenciones
El corazón del proyecto no gira solamente alrededor de la extracción de arena.
La pregunta central es mucho más profunda:
¿Existieron todos los procedimientos legales y ambientales que exige la normativa para intervenir un río?
Por ese motivo, el legislador solicita conocer:
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quiénes fueron autorizados a extraer áridos;
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qué permisos y resoluciones respaldaron esas autorizaciones;
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en qué sectores del río se permitió intervenir;
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qué volúmenes fueron autorizados y cuáles efectivamente se extrajeron;
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quiénes firmaron los estudios técnicos;
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cuál fue el destino del material extraído;
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cuánto percibió el Estado en concepto de cánones o regalías;
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y si toda esa información cuenta con respaldo administrativo y técnico.
El punto que considera más sensible
Durante la entrevista, D’Alessandro insistió especialmente sobre un aspecto que considera determinante: la existencia de estudios de impacto ambiental.
En ese sentido, solicita que el Ejecutivo informe si existen declaraciones de impacto ambiental, auditorías posteriores, estudios hidrológicos, geológicos y geomorfológicos, además de monitoreos sobre la calidad del agua, sedimentos, flora y fauna asociados al Río Quinto.
Para el diputado, la protección del ecosistema debe ser el eje de cualquier intervención sobre un recurso hídrico estratégico.
Una mirada institucional
D’Alessandro recordó además su experiencia como presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación y sostuvo que conoce la importancia de los procedimientos administrativos y ambientales en este tipo de obras.
Por esa razón entiende que el pedido de informes no representa una acusación previa, sino una herramienta institucional destinada a verificar si el Estado actuó conforme a la legislación vigente.
Transparencia como política pública
Otro de los ejes del planteo apunta a la necesidad de fortalecer la transparencia.
Según manifestó, la ciudadanía tiene derecho a acceder a toda la documentación relacionada con la utilización de recursos naturales, especialmente cuando se trata de bienes estratégicos como el agua.
En ese contexto cuestionó la escasa disponibilidad pública de información ambiental y sostuvo que los controles estatales deben poder ser conocidos y auditados por la sociedad.
Un recurso estratégico para Villa Mercedes
Los fundamentos del proyecto destacan que el Río Quinto constituye uno de los principales recursos hídricos de San Luis y posee un valor ambiental, productivo, social y económico fundamental para Villa Mercedes y todo el departamento Pedernera.
Por ello, sostiene que su preservación no solo resulta indispensable para proteger los ecosistemas asociados, sino también para garantizar el abastecimiento de agua y el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras.
Un debate que recién comienza
Con este pedido de informes, el diputado provincial abrió formalmente un debate que hasta ahora se desarrollaba principalmente fuera del ámbito legislativo.
La discusión deja de centrarse únicamente en las denuncias y pasa a una instancia institucional, donde el Poder Ejecutivo deberá informar si las intervenciones realizadas sobre el Río Quinto durante la última década contaron con las autorizaciones, controles y estudios ambientales exigidos por la normativa vigente.
