Por Gustavo Thompson.
La naturalización de que el Estado absorva¿las potenciales anancias de las empresas?, loa subcidios ¿son vitalicios?.
La eliminación del beneficio para usuarios de San Luis vuelve a poner toda la discusión sobre dos bolsillos: el del Estado y el de las familias. Pero existe un tercer componente que merece ser abierto y transparentado: los costos, inversiones e ingresos reconocidos a quienes transportan y distribuyen el gas.
Antes de resignarse a pagar más, San Luis debería saber cuánto cuesta realmente prestar el servicio.
Durante años, la discusión sobre el gas tuvo una lógica bastante sencilla: había una tarifa plena y, para los usuarios alcanzados por el Régimen de Zona Fría, una parte de esa tarifa se descontaba.
Ese descuento no significaba que la distribuidora tuviera que resignar automáticamente ese ingreso.
El Fondo Fiduciario creado por la legislación nacional fue diseñado precisamente para financiar las compensaciones tarifarias derivadas de la aplicación de tarifas diferenciales.
Ahora cambia el escenario.
Y aparece una pregunta que hasta aquí quedó relegada:
SI EL USUARIO PIERDE EL DESCUENTO, ¿QUÉ PUEDE HACER LA EMPRESA PARA BAJAR EL COSTO DEL SERVICIO?
HASTA AHORA SIEMPRE APARECEN LOS MISMOS DOS BOLSILLOS
Cuando la tarifa resulta demasiado alta, se habla de subsidios nacionales.
Si Nación retira el beneficio, inmediatamente se empieza a discutir si la Provincia puede crear una ayuda propia.
¿Y si tampoco alcanza?
Paga el vecino.
Parece haber solamente dos alternativas: Estado o usuario.
Pero falta abrir un tercer bolsillo más pícaro.
No para acusar a nadie, sino para conocer sus números:
el de las empresas que transportan y distribuyen el gas.
Falta mas lectura muchachos o hablan para la barricada.
Porque una factura no representa solamente el valor de la molécula de gas.
Existe una estructura regulada en la que intervienen transporte, distribución y otros componentes.
El propio organismo regulador tiene entre sus funciones realizar revisiones de las tarifas de distribución, efectuar ajustes periódicos, trasladar variaciones del precio del gas y calcular los cuadros diferenciales correspondientes a zonas subsidiadas.
Entonces la tarifa puede y debe ser analizada componente por componente.
EL SUBSIDIO NO ERA UNA PÉRDIDA PARA LA DISTRIBUIDORA
Éste es un punto fundamental para entender la discusión.
El Fondo de Zona Fría fue creado para financiar las compensaciones que percibían distribuidoras y subdistribuidoras como consecuencia de aplicar tarifas diferenciales a determinados consumidores.
Es decir, el descuento estaba destinado al consumidor y la normativa establecía un mecanismo para compensar esa diferencia.
Y el fondo tampoco salía exclusivamente del Tesoro como a veces se supone: históricamente se financió mediante un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aplicado al consumo/comercialización por redes o ductos en el territorio nacional. En abril de 2026, un decreto nacional volvió a describir expresamente ese mecanismo.
Incluso la normativa dispuso que ese recargo debía trasladarse de manera tal que las distribuidoras no registraran ganancias ni pérdidas por su aplicación.
Esto permite hacer una distinción importante.
No corresponde afirmar que Ecogas “se quedaba con el subsidio” como una ganancia extraordinaria.
Pero sí corresponde preguntar qué sucede con sus propios costos e ingresos ahora que el usuario pierde aquella protección.
ENTONCES, MIREMOS LA TARIFA ANTES DE BUSCAR OTRO SUBSIDIO
La reacción inmediata puede ser reclamar que Nación restituya Zona Fría o pedir que San Luis encuentre un mecanismo provincial para compensarla.
Pero hay una pregunta previa:
¿Estamos seguros de que cada peso de la tarifa plena representa hoy un costo eficiente e inevitable?
Ahí debería comenzar una discusión nueva.
¿Cuánto representa el gas?
¿Cuánto el transporte?
¿Cuánto la distribución?
¿Qué infraestructura utiliza la empresa?
¿Cuándo fue construida?
¿Quién y cómo la financió?
¿Qué inversiones nuevas realizó efectivamente la distribuidora?
¿Qué activos ya fueron amortizados?
¿Qué rentabilidad reconoce actualmente el sistema regulatorio?
¿Y cuánto podría reducirse el costo para el consumidor sin comprometer seguridad, mantenimiento ni nuevas inversiones?
No conocemos todavía respuestas documentadas para todas esas preguntas.
Precisamente por eso hay que hacerlas.
UNA RED CONSTRUIDA HACE DÉCADAS NO PUEDE SER UNA CAJA NEGRA
Hay que ser muy precisos en este punto.
La Zona Fría no fue creada específicamente para pagar la amortización de una red troncal.
La normativa que revisamos no respalda esa interpretación.
Pero eso no impide abrir otra discusión perfectamente válida: la antigüedad y amortización de los activos que forman parte del servicio y su incidencia en las tarifas actuales ¿siguen amortizando una obra que se pago hace muchos años?.
Si una infraestructura fue financiada hace décadas, corresponde conocer cómo aparece hoy dentro de la base regulatoria.
Si una obra fue pagada por el Estado nacional, provincial o municipal, corresponde conocer qué reconocimiento económico genera actualmente.
Si determinada infraestructura ya fue amortizada, corresponde conocer cómo impacta esa circunstancia en la tarifa.
Y si la empresa realizó nuevas inversiones que justifican los valores actuales, también corresponde decirlo.
Eso es transparencia.
NO SE TRATA DE DECIR “QUE PIERDA LA EMPRESA”
Una distribuidora necesita recursos para mantener redes, controlar pérdidas, atender emergencias, renovar instalaciones, pagar personal e invertir.
Nadie seriamente puede pretender que una empresa preste un servicio público sin ingresos suficientes.
Pero existe una diferencia enorme entre garantizar la sustentabilidad de una prestadora y aceptar sin discusión que cada reducción de subsidios tenga que trasladarse íntegramente al usuario.
Por eso la pregunta no debería ser:
“¿Cómo hacemos para que otro Estado pague la diferencia?”
La pregunta debería ser:
“¿CUÁL ES EL COSTO EFICIENTE REAL DEL SERVICIO?”
LA PROPIA EMPRESA HA DISCUTIDO HISTÓRICAMENTE SUS COSTOS
Y existe otro dato interesante.
En una audiencia pública de ENARGAS de enero de 2024, Ecogas sostuvo que sus tarifas habían quedado retrasadas frente a la evolución de sus costos y señaló que los aumentos recibidos habían sido inferiores a los índices económicos y a lo solicitado por la distribuidora.
Perfecto.
Si las empresas tienen derecho a presentar sus números para demostrar que necesitan mayores ingresos, los usuarios también tienen derecho a conocer esos números cuando se les exige pagar más porque hasta ahora la documentación no aparece y la gente se queda con el relato de la empresa.
La transparencia funciona para ambos lados.
SAN LUIS PODRÍA CAMBIAR EL EJE DE LA DISCUSIÓN
En lugar de limitar el debate a:
“Devuelvan Zona Fría”
o
“Que la Provincia subsidie la diferencia”,
San Luis podría agregar una tercera posición:
“ABRAMOS LA TARIFA.”
Que se explique públicamente cuánto cuesta llevar un metro cúbico de gas hasta una vivienda de Villa Mercedes.
Que se discrimine producción, transporte y distribución.
Que se conozca qué infraestructura está siendo remunerada.
Que se detalle qué inversiones realizó la empresa durante los últimos años.
Que se informe qué activos fueron aportados o financiados por el Estado.
Que se conozca qué rentabilidad está reconocida.
Y que ENARGAS explique cuánto margen existe —si existe— para reducir el componente regulado sin comprometer el servicio.
Después discutimos subsidios.
PORQUE EL USUARIO NO PUEDE SER SIEMPRE LA ÚLTIMA VARIABLE DE AJUSTE
Si aumenta el gas, paga.
Si aumenta el transporte, paga.
Si aumenta la distribución, paga.
Si desaparece un subsidio, vuelve a pagar.
Y cuando no puede hacerlo, entonces aparece nuevamente el Estado para subsidiarlo o pague y después se queja.
Ese circuito merece ser revisado.
No porque tengamos demostrado que una empresa esté cobrando de más.
Hoy no tenemos esa prueba y sería incorrecto afirmarlo.
Sino porque antes de pedirle otro esfuerzo al consumidor tenemos derecho a conocer si todos los componentes de esa factura son indispensables, eficientes y están correctamente calculados.
LA PREGUNTA QUE AHORA DEBE RESPONDER EL SISTEMA
Zona Fría protegía el bolsillo del consumidor mediante una tarifa diferencial financiada por un fondo específico.
Si esa protección desaparece para San Luis, no debería desaparecer también la discusión sobre los costos.
Porque no existen solamente el bolsillo del Estado y el bolsillo del vecino.
Existe un tercer lugar donde mirar:
la estructura económica de quienes prestan el servicio.
Y allí debería comenzar la próxima discusión.
SI EL USUARIO PIERDE EL DESCUENTO, ¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS PARA QUE EL GAS CUESTE MENOS?
No estamos afirmando que Ecogas cobre de más.
Estamos preguntando algo mucho más difícil de cuestionar:
¿Cuánto cuesta realmente distribuir gas en San Luis?
Que se conozcan los números.
Que se conozcan las inversiones.
Que se conozcan las amortizaciones.
Que se conozcan los márgenes reconocidos por el regulador.
Y recién entonces podremos determinar cuánto tiene que pagar el Estado, cuánto corresponde al usuario y cuánto margen tiene la empresa para hacer su propio esfuerzo.
Porque Zona Fría puede desaparecer.
La obligación de transparentar cuánto cuesta realmente prestar el servicio, no.
