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Cuando la prudencia institucional vale más que el escándalo
En tiempos donde las redes sociales convierten cualquier conflicto privado en un espectáculo público instantáneo, resulta indispensable recuperar un valor que parece extinguirse: la prudencia.
El caso que tomó notoriedad en Villa Mercedes a partir de la denuncia realizada por un comerciante del rubro automotor merece ser observado justamente desde ese lugar.
No para minimizar un eventual perjuicio económico ni para desconocer el derecho legítimo de cualquier ciudadano a reclamar ante la Justicia, sino para evitar algo mucho más peligroso: el daño indiscriminado sobre personas, familias, apellidos e instituciones.
Porque una cosa es denunciar hechos concretos en sede judicial.
Y otra muy distinta es transformar una problemática comercial privada en una narrativa expansiva donde comienzan a mezclarse:
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apellidos,
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estructuras,
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relaciones,
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poder,
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política,
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estudios jurídicos,
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e insinuaciones institucionales.
Allí aparece un límite delicado que toda sociedad madura debe cuidar.
La institucionalidad no puede quedar rehén de estados emocionales, broncas personales ni construcciones mediáticas apresuradas.
Y menos aún cuando todavía no existe una sentencia judicial firme.
En ciudades como Villa Mercedes, los apellidos poseen un fuerte peso social.
La comunidad asocia rápidamente nombres con trayectorias familiares, profesionales e institucionales.
Por eso, cuando se mencionan públicamente determinados entornos de manera imprecisa o generalizada, el daño puede extenderse injustamente a personas que no tienen relación concreta con los hechos denunciados.
Ese es probablemente el aspecto más sensible de toda esta situación. Foráneos aparecen vaya a saber de donde, en poco tiempo se creen dueños de la ciudad y no tienen prudencia a la hora de señalar apellidos de la ciudad que son nativos, guste o no. Valores que no se deben perder, es importante que se respeten porque forman parte del sentido de pertenencia e identidad de la ciudad. A veces hay que tener autoridad para abrir la boca y señalar a lo bartolero a las personas porque la pregunta que se hacen varios es: Cómo te dejas estafar con 18 vehículos si con el primero ya le debiste bajar la ventana, algo no cierra y aparece, de golpe, un tufillo a despecho comercial mediático tirando mierda para todos lados y perjudicando a gente que nada tienen que ver.
Porque más allá de la legitimidad que pueda tener un comerciante para reclamar por un presunto perjuicio económico, también existe una responsabilidad ética y social respecto del modo en que ese reclamo se exterioriza públicamente.
La prudencia no debilita una denuncia.
La fortalece.
La precisión institucional no protege culpables.
Protege inocentes.
Y el respeto por las formas no es un detalle menor: es lo que diferencia un reclamo legítimo de una contaminación reputacional colectiva.
Resulta comprensible que una persona que se siente damnificada atraviese:
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enojo,
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angustia,
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frustración,
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desesperación económica,
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o necesidad de reparación.
Pero justamente en esos momentos es cuando más necesario se vuelve actuar con equilibrio.
Porque el riesgo de amplificar sospechas, inducir confusiones o salpicar apellidos de manera involuntaria puede terminar generando un daño mucho mayor al conflicto original.
En ese sentido, también merece destacarse la actitud de quienes optaron por el silencio público y el tratamiento estrictamente judicial del tema.
En contextos de alta exposición mediática, muchas veces la mayor señal de responsabilidad institucional consiste precisamente en no alimentar el escándalo y dejar que sea la Justicia quien determine responsabilidades.
La sociedad necesita serenidad, no linchamientos simbólicos.
Necesita procesos judiciales serios, no condenas sociales anticipadas.
Y necesita proteger algo que vale mucho más que cualquier disputa comercial:
la honorabilidad de las personas y el respeto por las instituciones como el apellido Pochetti que es un símbolo de historia en la ciudad.
Porque cuando un conflicto privado comienza a erosionar indiscriminadamente nombres, trayectorias y espacios institucionales, el daño deja de ser individual y pasa a convertirse en un problema colectivo.
Por eso hoy más que nunca resulta necesario poner paños fríos.
No para encubrir.
No para proteger intereses.
No para negar derechos.
Sino para recordar algo esencial: todo comerciante damnificado tiene derecho a reclamar justicia, pero también tiene la obligación moral y social de hacerlo con tacto, prudencia y responsabilidad institucional.
El expediente debe hablar en tribunales.
No el ruido.
